Dieciséis policías y diez militares serán juzgados desde este lunes en el marco del segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad que se llevará a cabo en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, y que tendrá -entre otras particularidades- el tratamiento de los crímenes cometidos contra 72 víctimas de esa región, 68 de las cuales fueron secuestradas en 1976 -catorce antes del golpe de Estado- y las otras cuatro entre 1977 y 1978.

El juicio, que comenzará a un día del cierre del año judicial, abordará las responsabilidades de policías mendocinos que prestaron funciones en diferentes establecimientos de la provincia. Entre ellos, habrá tres ex integrantes del Departamento de Informaciones, el D-2 (tal la nominación alfanumérica que correspondía al área de inteligencia en la organización de la fuerza). Los militares, en tanto, son ex miembros de diferentes unidades de la zona; cuatro de ellos cumplieron funciones en la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael.

El debate se desarrollará en el Centro de Congresos y Exposiciones de la Ciudad de San Rafael y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza, integrado por Fátima Ruiz López (presidenta), Héctor Fabián Cortes y Pablo Díaz Lacava. El Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal general Dante Vega y el fiscal subrogante Pablo Garciarena.

La audiencia de este lunes, prevista para las 9.00, será la única que se realice durante 2014. En esta primera jornada se dará lectura al resumen de los requerimientos de elevación a juicio y se abordarán -si los hubiere- planteos preliminares. El juicio se retomaría recién el 10 de febrero, tras el receso estival de los tribunales durante la feria judicial de enero.

"Peronista con cara de comunista"

Los casos de las 72 víctimas -de las cuales catorce están desaparecidas- que llegan a debate oral y público fueron tramitados en 45 causas luego unificadas. La organización del resumen de los requerimientos de elevación a juicio permite visualizar el modo en que la represión ilegal operó en San Rafael y en el resto de la región incluso antes del Golpe de Estado, con un funcionamiento aceitado de la policía provincial y del Ejército en los secuestros y sometimiento a tormentos. Catorce de los casos de privaciones ilegales de la libertad que llegaron a juicio se originaron antes del golpe: los primeros datan de febrero de 1976, mientras que otra importante cantidad de hechos fueron perpetrados entre el 23 y el 24 de marzo, en los albores de la dictadura.

Entre las víctimas hay estudiantes, profesionales, trabajadores de la vid, delegados gremiales, militantes peronistas y comunistas, jóvenes de veinte años, mayores de cuarenta y también niños. La amplia e imprecisa persecución ideológica por parte de los ejecutores locales del plan criminal aparece evidente en la frase que le espetó un capitán del Ejército al sobreviviente Oscar Catalán cuando fue privado ilegalmente de la libertad el 24 de marzo a la 6.50, en el momento en que intentaba ingresar a su lugar de trabajo, la compañía Seguro Agrícola: “Usted es un peronista con cara de comunista, acá estamos de revolución”.

En efecto, en la acusación fiscal se valora especialmente el aporte del D-2 en este esquema represivo, caracterizado por la acción coordinada de militares y policías: "El «D2» tenía como función principal a la época de los hechos reunir información acerca de la labor política, gremial, religiosa y educativa en la Zona Sur de la provincia e identificar a quienes tuviesen alguna relación con personas o actividades consideradas «subversivas»", describió la fiscalía.

Otra de las particularidades de este debate está dada por la gran cantidad de establecimientos oficiales y no oficiales que funcionaron como centros clandestinos de detención. Uno de los escenarios de las detenciones y las torturas fue la propia Municipalidad de San Rafael, donde según la acusación fiscal la situación era dominada por el militar que ejercía como comisionado, Luis Alberto Stuhldreher, quien está entre los 26 acusados del juicio.

Los otros lugares, indicados en los diferentes casos, son la Unidad Regional II de la Policía; la Brigada de Investigaciones de Zona Sud; la Infantería de la Policía de San Rafael; el D-2 de la ciudad de Mendoza; la Penitenciaría de Mendoza; el Regimiento militar de la localidad de Cuadro Nacional; la denominada Casa Departamental, sede de los tribunales provinciales; las seccional de General Alvear; la seccional 24 de Malargüe; la seccional 32 de San Rafael; el Regimiento militar de Campo Los Andes; la Cárcel de Encausados de San Rafael; la Seccional 8va de la Policía de Mendoza; la Compañía de Comunicaciones del Ejército; el Escuadrón 29 de la Gendarmería Nacional en Malargüe; la Oficina de Bomberos; la comisaría de Bowen; el Destacamento policial de Nihuil; y las bodegas Garbín y Pico de Oro.

Crímenes e imputados

Durante el debate se abordarán los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima; robo agravado por el uso de armas de fuego; amenazas coactivas; y un caso de violación, todos cometidos en el marco de una asociación ilícita.

La gran mayoría de esos delitos fueron imputados a los militares y policías en su carácter de autores o coautores mediatos, aunque nueve de los 26 acusados fueron individualizados como autores materiales en algunos de esos hechos, en razón de la identificación de ellos que hicieron las víctimas.

La lista de acusados está compuesta por los siguientes policías del D-2: el integrante del grupo de tareas de San Rafael, Juan Roberto Labarta; el oficial ayudante Daniel Ernesto Huajardo Martínez; y el oficial Oscar Raúl Pérez Fernández.

También llegan los siguientes ex policías que revistaron, al momento de los hechos, en las reparticiones y cargos que a continuación se indican: el jefe de la División Cuerpos de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza, Pierino David Massaccesi; el Jefe de la Unidad Regional II, Raúl Alberto Ruiz Soppe; el comisario de la Delegación Bomberos de San Rafael, Tomás Luis Rojas García; el oficial de la Oficina de Sumarios de la Seccional 32° de San Rafael, Hugo Ramón Trentini; el comisario de la Brigada de Investigaciones de la Zona Sud, Luis Juan Edgardo Graín Farina; el subcomisario de la seccional 8va, Daniel Navarro Farías; el jefe de Operaciones (D-3) de la Policía mendocina, Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez; el subcomisario de la Seccional 24 de Malargüe, Ciro Isidro Maza Correa; el oficial principal de la Unidad Regional II, Norberto Ernesto Mercado Laconi; el oficial de Infantería, Emilio Eduardo Castro; el comisario de la Seccional 26° de Villa Atuel, Argentino Eduardo Villafañe; el agente de la Dirección de Comunicaciones de la Unidad Regional II, Miguel Ángel Megetto; y el policía Osvaldo Domínguez.

En tanto, entre los militares llegan a juicio los tenientes de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Aníbal Alberto Guevara y Miguel Ángel Báez; el teniente de la VIII Compañía de Ingenieros de Montaña, Carlos Alberto Ochoa; el ex sargento de esa unidad, Raúl Alejandro Olguín; el Comisionado Municipal (de facto) de San Rafael, Luis Alberto Stuhldreher; el subteniente del Regimiento de Infantería de Montaña 11 con asiento en el departamento de Tupungato, Rafael Francisco Bitti.

La nómina de acusados se completa con cuatro ex miembros de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, el organismo castrense de espionaje en la zona: su jefe, Luis Ricardo Rizo Avellaneda; el sargento ayudante Cecilio Oseas Martínez; el sargento Juan Armando Giovarruscio; y el suboficial mayor, Edgar Martín Ferreyra.