El fiscal general de Mendoza, Dante Vega, y el fiscal subrogante Pablo Garciarena, iniciarán este lunes la etapa de alegatos en el juicio que se sigue en la ciudad de San Rafael a 27 acusados por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 72 víctimas mediante un sistema de centros clandestinos de detención que incluyó la sede de los tribunales provinciales, el edificio de la Municipalidad, organismos militares y policiales y hasta una bodega de la región.

La Fiscalía se prepara para maratónicas jornadas de audiencias que se llevarán a cabo entre las 8.00 y las 20.00 en la sede de la Universidad Tecnológica de San Rafael, donde sesionará el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza, compuesto para este juicio por Fátima Ruiz López, Néstor Grosso y Gretel Diamante (Pablo Díaz Lacava es el cuarto juez). La próxima semana, los fiscales expondrán lunes, martes y miércoles, y continuarían con el mismo esquema el martes 18, el miércoles 19 y el jueves 20. Las siguientes audiencias están estipuladas para el martes 25 y el miércoles 26, siempre en el mismo horario.

En el juicio, que comenzó el 25 de marzo de 2015 -en realidad, la primera audiencia se celebró el 29 de diciembre, pero el debate fue anulado porque uno de los jueces abandonó el tribunal por problemas de salud-, trata la responsabilidad de 18 ex policías y 9 ex militares. El proceso había comenzado con 26 imputados, pero la cantidad de acusados que llega a esta instancia es 27. Ello ocurrió tras la muerte del ex suboficial mayor de la inteligencia castrense, Edgar Martín Ferreyra, y la incorporación de otra causa con dos nuevos imputados, el ex integrante de la banda musical de la policía, Juan Antonio Gallardo, y el ex agente del Destacamento de Agua del Toro, Antonio Orellano.

El objeto procesal de la causa incluye los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima; robo agravado por el uso de armas de fuego; amenazas coactivas, y un caso de violación, todos cometidos en el marco de una asociación ilícita.

Los escenarios de esos crímenes fueron la Municipalidad de la ciudad de San Rafael, la Unidad Regional II de la Policía; la Brigada de Investigaciones de Zona Sud; la Infantería de la Policía de San Rafael; el D-2 de la ciudad de Mendoza; la Penitenciaría de Mendoza; el Regimiento militar de la localidad de Cuadro Nacional; la denominada Casa Departamental, sede de los tribunales provinciales; las seccional de General Alvear; la seccional 24 de Malargüe; la seccional 32 de San Rafael; el Regimiento militar de Campo Los Andes; la Cárcel de Encausados de San Rafael; la Seccional 8va de la Policía de Mendoza; la Compañía de Comunicaciones del Ejército; el Escuadrón 29 de la Gendarmería Nacional en Malargüe; la Oficina de Bomberos; la comisaría de Bowen; el Destacamento policial de Nihuil, y la bodega Garbín y Pico de Oro.

Los acusados

- El militar que usurpó el cargo de comisionado municipal,  Luis Alberto Stuhldreher.

- Miembros del Departamento de Informaciones policial, el D-2: el integrante del grupo de tareas de San Rafael Juan Roberto Labarta; el oficial ayudante Daniel Ernesto Huajardo Martínez, y el oficial Oscar Raúl Pérez Fernández.

-Ex policías que revistaron, al momento de los hechos, en las reparticiones y cargos que a continuación se indican: el jefe de la División Cuerpos de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza Pierino David Massaccesi; el jefe de la Unidad Regional II Raúl Alberto Ruiz Soppe; el comisario de la Delegación Bomberos de San Rafael Tomás Luis Rojas García; el oficial de la Oficina de Sumarios de la Seccional 32° de San Rafael Hugo Ramón Trentini; el comisario de la Brigada de Investigaciones de la Zona Sud Luis Juan Edgardo Graín Farina; el subcomisario de la seccional 8ª Daniel Navarro Farías; el jefe de Operaciones (D-3) de la Policía mendocina Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez; el subcomisario de la Seccional 24 de Malargüe Ciro Isidro Maza Correa; el oficial principal de la Unidad Regional II Norberto Ernesto Mercado Laconi; el oficial de Infantería Emilio Eduardo Castro; el comisario de la Seccional 26° de Villa Atuel Argentino Eduardo Villafañe; el agente de la Dirección de Comunicaciones de la Unidad Regional II Miguel Ángel Megetto, y el policía Osvaldo Domínguez.

- Los ex militares que cumplieron las siguientes funciones en esa época: los tenientes de la VIII Brigada de Infantería de Montaña Aníbal Alberto Guevara y Miguel Ángel Báez; el teniente de la VIII Compañía de Ingenieros de Montaña Carlos Alberto Ochoa; el ex sargento de esa unidad Raúl Alejandro Olguín; el comisionado Municipal (de facto) de San Rafael Luis Alberto Stuhldreher, y el subteniente del Regimiento de Infantería de Montaña 11 con asiento en el departamento de Tupungato Rafael Francisco Bitti.

- Ex miembros de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, el organismo castrense de espionaje en la zona: su jefe, Luis Ricardo Rizo Avellaneda; el sargento ayudante Cecilio Oseas Martínez; y el sargento Juan Armando Giovarruscio.

- Y los ya mencionados ex policías Gallardo y Orellano, incorporados al debate con posterioridad al inicio del proceso.