03 de diciembre de 2023
03 de diciembre de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Avances en la megacausa que investiga a ex magistrados, militares y policías
Mendoza: declaró un testigo clave y comprometió al ex juez Luis Miret
Carlos Eduardo Cangemi señaló que el entonces magistrado se negó a recibirle una denuncia por las torturas a las que era sometido cuando fue llevado a su despacho para brindar declaración indagatoria. En el marco del juicio, también se inspeccionó la sede donde funcionó el juzgado y un centro clandestino de detención.

El testigo-víctima Carlos Eduardo Cangemi -detenido en noviembre de 1975- comprometió al ex juez Luis Miret, quien en ese entonces le tomó declaración indagatoria. Lo hizo al brindar su testimonio en el debate oral más grande celebrado en la provincia, que incluye el análisis de las responsabilidades militares, policiales y judiciales en crímenes de lesa humanidad. Cangemi señaló que al ser llevado al despacho de Miret, le manifestó que quería denunciar las torturas a las que había sido sometido, pero que este se negó. Ante su insistencia, el ex magistrado le habría dicho “así no funcionan las cosas”, y lo “despachó” sin permitirle denunciar los tormentos.

De esta manera se dio inicio a la etapa de declaraciones testimoniales que originalmente estaban previstas para el lunes 26 de mayo, pero que fueron adelantadas porque Cangemi, quien reside en Italia desde 1979 -año en que se le otorgara la libertad-, estaba transitoriamente en Mendoza.

Por otra parte, el proceso continúa con las inspecciones oculares previstas para hoy en la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII y para mañana en la Comisaría Séptima.

Inspecciones
Con ese mismo objetivo, el viernes 9 de mayo integrantes del Tribunal Oral N° 1, de la Oficina Fiscal de Derechos Humanos, querellantes, defensores y testigos se trasladaron al edificio en el que funcionó el Juzgado Federal para la época de los hechos que se ventilan en este debate.

La inspección se realizó con la asistencia de dos personas convocadas por el Tribunal que prestaron funciones en esa dependencia, quienes fueron explicando la ubicación de las distintas oficinas e incluso recordaron que cuando se realizaban declaraciones indagatorias de personas acusadas en el marco de las denominadas “leyes contrasubversivas”, se llevaban a cabo impactantes despliegues de efectivos militares, que cortaban las calles colindantes y se apostaban –fuertemente armados- incluso en el interior del propio edificio de tribunales.

El Tribunal también citó para dicha diligencia a Luz Amanda Faingold, una de las víctimas del juicio, quien sólo tenía 17 años cuando fue detenida y vinculada a un proceso realizado al amparo de la citada normativa. La testigo, que había sido trasladada allí desde un hogar de menores, reconoció la oficina donde fue indagada y rememoró la prepotencia con que fue interpelada por el entonces juez Miret,  quien habría comenzado a gritarle apenas entró al despacho.

Faingold también dijo haber visto allí a otras personas en muy mal estado a la espera de ser indagadas, una de ellas herida de bala.

El tribunal realizó la segunda inspección el 14 de mayo, en el lugar donde funcionara el Departamento de Informaciones Policiales (D-2). Para tal medida fueron convocadas tres víctimas del terrorismo de estado que permanecieron detenidas en ese centro clandestino de detención.

Allí, Fernando Rule, Eugenio Paris y Graciela Leda recordaron el terror y las torturas a las que fueron sometidos ellos como tantas otras personas que estuvieron secuestradas en ese lugar. La inspección tuvo lugar el día del cumpleaños de Graciela, quien incluso recordó que 38 años antes la conmemoración de su natalicio fue un recurso utilizado por sus torturadores, quienes la amenazaban con que ese sería el último día de su vida.

La próxima semana se reiniciarán las declaraciones testimoniales acerca de un gran operativo llevado a cabo por el aparato represor en febrero de 1976, que derivó en una serie de privaciones abusivas de la libertad y tormentos contra 12 personas y el homicidio de una de ellas como resultado de las torturas. Los hechos están relacionadas entre sí por la militancia política y gremial de las víctimas, vinculada a la Juventud Trabajadora Peronista y a Montoneros.