El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza inspeccionó esta mañana las instalaciones del ex Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza donde funcionó, durante la última dictadura cívico militar, el centro clandestino de detención denominado “D-2". La recorrida se dio en el marco del juicio oral y público en el que se abordan los crímenes de lesa humanidad perpetrados por 27 integrantes de ese destacamento policial contra más de 300 víctimas que pasaron por ese lugar, entre 1975 y 1983.

Por el Ministerio Público Fiscal, que había requerido la medida, participaron el fiscal general Dante Vega y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante, de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en Mendoza. La inspección judicial fue dispuesta el TOF mendocino, integrado por la jueza Paula Marisi y sus colegas Alberto Carelli y Alejandro Piña, quienes encabezaron el acto procesal. También estuvieron presentes personal de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de esa provincia, junto a la y el sobreviviente del centro clandestino, Rosa Gómez y Eugenio Paris, quienes guiaron la recorrida por el predio.

Gómez y Paris explicaron la relevancia de cada uno de los espacios recorridos, que abarcaron las 13 celdas por las cuales pasaron múltiples víctimas -incorporadas en el juicio- las salas de tortura y los restantes espacios relevantes en el circuito de represión que se instauró en ese edificio. Además, las víctimas dieron cuenta de los gravísimos delitos a los que eran sometidas permanentemente en ese lugar, tales como golpizas, sesiones de tormentos con picana eléctrica y “submarinos”, violaciones y abusos sexuales, e incluso la ejecución y desaparición forzada de muchas de ellas.

También, durante la diligencia, se incorporaron los relatos de Natalia Brite, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de Juan Eduardo Bonoldi, quienes integran del Espacio por la Memoria que actualmente funciona en ese lugar.

El Tribunal, las y los testigos y las partes recorrieron el lugar que, además de constituir el área de informaciones e inteligencia de la Policía local, funcionó como centro clandestino de detención, entre los años 1975 y 1983.

La de hoy es la cuarta inspección que se realiza en el lugar, desde que comenzaron a juzgarse los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la provincia de Mendoza.

El debate se reanudará el próximo 27 de octubre, con la etapa de declaraciones testimoniales.

El juicio

En el debate, que comenzó en agosto pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal determinará la responsabilidad de 27 exintegrantes del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2) por los delitos de "privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, lesiones graves agravadas, robo agravado por el uso de armas de fuego y violación perpetrada con el uso de fuerza o intimidación" cometidos durante la última dictadura cívico militar en esa provincia contra más de 300 víctimas.

La mayor parte de los acusados enfrentan por primera vez un juicio oral y público, mientras que otros, que han sido juzgados previamente, deberán responder en esta oportunidad por nuevos hechos. En lo que hace a las víctimas, a aquellas que integran por primera vez el objeto de un debate oral se suman otras cuyos casos han sido investigados en causas anteriores y que serán en este caso revisitados por haberse acreditado la efectiva intervención del D-2 en algún tramo de los delitos que sufrieron, ya sea en la inteligencia vinculada al secuestro, en la ejecución de las detenciones o por haber permanecido detenidas clandestinamente en esa dependencia policial.