En la continuación de su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza, el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante expuso sobre la inteligencia desplegada por el aparato represivo, con intervención del Destacamento de Inteligencia N° 144, sobre el grupo de personas que formaban parte del espacio social impulsado por el cura José María “Macuca" Llorens en el barrio San Martín de aquella ciudad, que derivó en el secuestro y desaparición de las ocho víctimas que conforman el operativo denominado por las propias fuerzas como “antijesuita”. El representante del Ministerio Público Fiscal también hizo un recorrido por los procedimientos ilegales llevados a cabo en la provincia en mayo de 1976, cuyo objetivo era secuestrar a integrantes de la Juventud Guevarista, estructura juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

El denominado “Operativo Mayo de 1976” -desarrollado en la segunda jornada del alegato- consistió en diversos procedimientos realizados entre el 12 y el 19 de ese mes, con el secuestro de veintidós víctimas, de las cuales nueve permanecen desaparecidas. Para el auxiliar fiscal, esta serie de detenciones muestra cómo tres fuerzas distintas (Fuerza Aérea, Ejército y Policía provincial) se coordinaban tanto en el plano de inteligencia como en la fase ejecutiva para llevar a cabo una importante cantidad de operativos con una gran cantidad de víctimas en un corto período de tiempo.

De la totalidad de víctimas de esta serie de procedimientos clandestinos, quince fueron objeto de debate en otros juicios de lesa humanidad. Según Rodríguez Infante, en la mayoría de los casos de las siete víctimas restantes -aunque no fueron objeto de juicios previos como víctimas directas- las sentencias en otros procesos revelaron también los hechos. Para el abordaje de este operativo, se contó con la valoración de las declaraciones de aproximadamente sesenta testigos, que dieron cuenta de la intervención compartida de las tres fuerzas denunciadas.

El denominado “Operativo Mayo de 1976” consistió en diversos procedimientos realizados entre el 12 y el 19 de ese mes, con el secuestro de veintidós víctimas, de las cuales nueve permanecen desaparecidas.

A lo largo de la tercera y de la cuarta jornada de alegato, Rodríguez Infante repasó el contexto y la ejecución del "Operativo antijesuita", hechos que en el juicio se imputan a dos acusados (Hugo Zalazar y Vicente Omar Navarro Moyano) ya que los otros seis procesados fallecieron, fueron apartados o actualmente están prófugos. Este operativo estuvo constituido por una serie de procedimientos realizados en la provincia de Mendoza entre el 8 de junio y el 16 de septiembre de 1976. Fueron secuestradas ocho personas (María Leonor Mércuri, María Inés Correa Llano, Carlos Jacowsczyk, Mercedes Salvadora Vega, María Cristina Lillo, Zulma Zingaretti, Rafael Olivera y Nora Rodríguez), quienes continúan desaparecidas.

Para el auxiliar fiscal, aún cuando las víctimas no eran todas jesuitas, estaba claro que estos procedimientos presentaban como patrón común que habían participado en un período u otro en el barrio San Martín en el marco de las tareas que allí desarrollaba José María Llorens -o el Padre Llorens- quien era, precisamente, jesuita. Las ocho víctimas provenían de distintos espacios de militancia y no pertenecían a un mismo bloque etario, por lo que, según explicó la fiscalía, se procuró desde el inicio de la investigación determinar con precisión cuál había sido el patrón común y cómo se habían definido los contornos de este operativo. Para ello, analizó el rol que desempeñaba "Macuca" Llorens, el espacio político que se gestaba en el barrio San Martín y la función que cumplieron las redes sociales desarrolladas en el ámbito del catolicismo renovador en ese momento histórico, para comprender por qué el aparato represivo entendía que este sacerdote y el grupo de personas que colaboraba en sus actividades eran una amenaza para el modelo que procuraba imponerse.

"Operativo antijesuita": aún cuando las víctimas no eran todas jesuitas, para la fiscalía está claro que estos procedimientos presentaban como patrón común que las víctimas habían participado en un período u otro en el barrio San Martín en el marco de las tareas que allí desarrollaba el sacerdote jesuita José María Llorens.

Rodríguez Infante realizó también un repaso histórico sobre las reformas operadas al seno de la iglesia católica a partir de la década del '60, con el compromiso de algunos de sus fieles con los sectores más vulnerables, que fueron también percibidas como amenazas para el aparato represivo, que, como tales, debían ser neutralizadas. Entre otras cosas, detalló que ya el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) destacaba que “el terrorismo de Estado persiguió con significativo ensañamiento a los religiosos que estaban comprometidos con la causa de los más carenciados y con aquellos que sostenían una actitud de denuncia frente a la violación sistemática de los derechos humanos”. Así fue como sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, catequistas y miembros de otras confesiones sufrieron secuestros, vejaciones, torturas y, en muchos casos, la muerte.

Para la fiscalía, durante este período se dio una interacción entre los espacios de militancia social, generados en el ámbito del catolicismo renovador, y la militancia estrictamente política, un período que Rodríguez Infante definió como “caracterizado por intercambios, encuentros, congresos, campamentos y una práctica social y política que vinculó a jóvenes laicos, seminaristas y curas con la vertiente revolucionaria”. De acuerdo a la acusación, estos ámbitos estaban vinculados al catolicismo renovador y se emplazaban y eran liderados por curas del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo que en general profesaban la Teología de la Liberación y que comprendía el espacio de los Campamentos Universitarios de Trabajo (CUT) y el trabajo social en los barrios marginales.

Rodríguez Infante describió que el padre José María Llorens era el director de los CUT, que otorgaban a estudiantes universitarios la posibilidad de convivir con comunidades vulnerables durante un periodo de tiempo y de colaborar en sus tareas cotidianas. Precisó que, en sus primeros años, esa convivencia en el trabajo se limitaba a la construcción de viviendas, pero que progresivamente se fue ampliando a los trabajos en general, como las cosechas y labores en el campo, con el objetivo de producir un impacto vital en los estudiantes para transformar su conciencia social. Este proyecto luego se expandió a otras provincias del país. Durante el juicio, una sobrina de Llorens recordó que los CUT dejaron de implementarse en  1972 “porque existieron situaciones conflictivas de inseguridad, había mayor politización, había riesgos más grandes, fue una decisión colectiva, no era prudente seguirlos”.

Este último hecho conforma una de las premisas de la hipótesis acusatoria, ya que en el ámbito de los CUT se tejió un entramado de relaciones entre militantes sociales y políticos de diversas organizaciones. Este fenómeno -indicó el auxiliar fiscal- fue detectado por la inteligencia militar y considerado “un espacio intolerable para el aparato represivo estatal”, ya que “lo que había comenzado como una experiencia religiosa en una provincia del oeste del país se había extendido en todo el territorio nacional adquiriendo dimensiones políticas impensadas”.