21 de junio de 2024
21 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Alegato del auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante
Mendoza: solicitaron 17 condenas a prisión perpetua para exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 144, de la Fuerza Aérea y de la Policía provincial
En la última jornada de su alegato, que se desarrolló a lo largo de tres meses, el MPF solicitó además otras dos condenas a penas mensurables y requirió al tribunal que aplique el derecho a la verdad para declarar el rol que ocuparon en el esquema represivo determinados exintegrantes de las Fuerzas Armadas que, por diferentes motivos, no llegaron a esta instancia de juicio. Se juzgan los casos de 107 víctimas.

El auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitó ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza la imposición de 17 condenas a prisión perpetua a exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía provincial por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

El representante del Ministerio Público Fiscal expuso durante casi cuatro horas ante los jueces Alejandro Piña, Héctor Cortéz y Alberto Carelli la última audiencia de alegato, que había comenzado el 8 de agosto de este año.

Entre los hechos que se juzgan en este debate se encuentran las desapariciones perpetradas en el marco del denominado “operativo antijesuita” contra militantes que trabajaban con el cura José María “Macuca" Llorens en el barrio San Martín de la capital provincial, junto a otros múltiples operativos realizados contra diversos grupos en distintos momentos de la última dictadura militar, tales como los denominados “Operativos Mayo de 1976”, “Abril de 1977”, “Diciembre de 1977” y “Mayo de 1978”, este último en el contexto de la represión desatada en las vísperas del mundial de fútbol. A esos episodios se suman un grupo de casos referidos a personas desaparecidas en el Campo Las Lajas, centro clandestino de detención dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y otras múltiples detenciones en la IV Brigada Aérea. También se aborda el secuestro y posterior desaparición de Marcelo Verd y Sara Palacio, cometidos durante la dictadura de Alejandro Lanusse.

https://www.youtube.com/watch?v=qGd8H41BRt8

Delitos y pedido de penas

El representante del MPF solicitó la pena de prisión perpetua para los siguientes imputados, con el siguiente detalle:

  • Anacleto Edmundo Calderón -quien se desempeñó con el grado de Sargento Primero del Destacamento- y Juan Carlos Luis –quien fue sargento ayudante en Comunicaciones, auxiliar de Inteligencia-, ambos jefes o encargados de distintos grupos o secciones del Destacamento N° 144, por ser considerados autores mediatos de la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 32 hechos; por el homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en 34 hechos; por robo agravado por el uso de armas de fuego en 9 hechos; por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en un hecho; por la sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años del poder de sus padres por un hecho. A su vez, por considerarlos autores de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
  • Hugo Luis Zalazar, quien fue Jefe del Pelotón de Logística del Destacamento, fue acusado de ser partícipe necesario en los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en dos hechos y por el homicidio agravado por alevosía en dos hechos (los perpetrados contra el matrimonio Verd-Palacio, durante la dictadura de Lanusse). También fue acusado en carácter de autor mediato de la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 49 hechos; privación abusiva de la libertad agravada por haber durado más de un mes en 12 hechos; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en 51 hechos; robo agravado por el uso de armas de fuego en 16 hechos; robo simple en un hecho; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en 15 hechos; y sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años del poder de sus padres en un hecho.
  • Vicente Omar Navarro Moyano, quien se desempeñaba como jefe de la Segunda Sección y Ejecución del Destacamento, fue acusado como autor mediato de la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 17 hechos; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en 12 hechos; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en 17 hechos; robo agravado por el uso de armas de fuego en 5 hechos; robo simple en un hecho y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en 14 hechos. También fue acusado por asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
  • Oscar Alfredo Simone, quien trabajaba en la dirección de Tránsito y Transporte, fue considerado partícipe necesario por su rol de informante del Destacamento de Inteligencia, con relación a los delitos de privación abusiva de libertad agravada por mediar violencias y amenazas en dos hechos; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en un hecho; y homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en un caso. También fue acusado en carácter de integrante de una asociación ilícita.
  • Juan Carlos Alberto Santamaría, quien fue jefe de la División de inteligencia y jefe de la Compañía Policía Militar de la Fuerza Aérea, fue acusado como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 28 hechos; privación abusiva de la libertad por haber durado más de un mes en 4 hechos; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas por 30 casos; lesiones graves agravadas en un hecho; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en ocho hechos; y robo agravado por el uso de armas de fuego en 12 hechos.

La fiscalía solicitó que la sentencia sea comunicada al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Seguridad de Mendoza para que se lleven a cabo los procedimientos de baja por exoneración de los responsables que revistaron en las Fuerzas Armadas y en la Policía.

  • Eduardo Elio Gaviola, quien se desempeñó como uno de los altos mandos de la Compañía de Policía Militar de la Fuerza Aérea, fue acusado de ser autor mediato de la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 13 hechos; privación abusiva de la libertad agravada por haber durado más de un mes en 7 oportunidades; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en 16 hechos; lesiones graves agravadas en un hecho; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en 11 hechos; robo agravado por el uso de armas de fuego en 7 casos; y por el delito de violación agravada en un hecho. Asimismo, se lo consideró responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
  • Alberto Raganato, quien fue jefe de la Compañía de Policía Militar de la Fuerza Aérea, fue acusado como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 17 hechos; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en 23 hechos; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en 14 oportunidades; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en 32 hechos; robo agravado por el uso de armas de fuego en 11 hechos; robo simple en un caso; y violación agravada en un hecho. Asimismo, se lo acusa como responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador.
  • Emilio Garcia Ponce, quien fue jefe de la División Inteligencia de la Regional Oeste de Inteligencia de la Fuerza Aérea y posteriormente encargado de esta última, fue acusado como autor mediato de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 43 hechos; privación abusiva de la libertad agravada por haber durado más de un mes en 35 hechos; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en 40 hechos; lesiones graves agravadas en un caso; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en 45 hechos; robo agravado por el uso de armas de fuego en 21 casos; robo simple en una oportunidad; y violación agravada en un hecho. También se lo acusó de ser responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador.
  • Julio Roberto Agüero, quien fue jefe de la División Contrainteligencia de la Regional Oeste de Inteligencia de la Fuerza Aérea, fue acusado como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 28 hechos; privación abusiva de la libertad agravada por haber durado más de un mes en cinco hechos; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en 31 oportunidades; lesiones graves agravadas por un hecho; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en nueve oportunidades; y robo agravado por el uso de armas de fuego por 11 hechos.
  • Juan Carlos Cuadrado, quien fue jefe del Escuadrón Tropa (Grupo Base 4) de la Fuerza Aérea, fue acusado como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en dos oportunidades; privación abusiva de la libertad agravada por haber durado más de un mes por un hecho; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en una oportunidad; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en dos hechos; lesiones graves agravadas por un caso; y robo agravado por el uso de armas de fuego en dos hechos. Asimismo, fue acusado como responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
  • Néstor Nivaldo Carmona, quien fue subinstructor de la Subunidad COIN y de la Compañía de Defensa -estructuras en las que se insertaban los grupos de tareas de la Fuerza Aérea en esa región-, fue acusado como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en 17 hechos; privación abusiva de la libertad agravada por haber durado más de un mes en 22 hechos; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en 14 oportunidades; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en 31 hechos; robo agravado por el uso de armas de fuego en 11 ocasiones; robo simple en un hecho; y violación agravada en un caso. Asimismo, fue acusado como coautor de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, en un hecho; y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por un hecho. Además, fue acusado como responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Rodríguez Infante invocó el derecho a la verdad para que el tribunal se pronuncie sobre las funciones que tuvieron determinadas personas, ya fallecidas, en estructuras de las Fuerzas Armadas que tuvieron incidencia directa sobre los hechos examinados en el juicio.

  • Guillermo Campanille, quien prestó funciones como auxiliar en la Regional de Inteligencia Oeste de la Fuerza Aérea, fue acusado de ser partícipe necesario de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en once oportunidades; privación abusiva de la libertad por haber durado más de un mes en un caso; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en una ocasión; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas por once hechos; lesiones graves agravadas en una oportunidad; y robo agravado por el uso de armas de fuego en seis ocasiones. También fue acusado como responsable del delito de asociación ilícita en calidad de integrante.
  • Armando Osvaldo Fernandez Miranda, quien fue oficial inspector del Departamento de Informaciones 2 (D2) de la Policía provincial, fue acusado como coautor de los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en un hecho; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en una oportunidad; y por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en una ocasión.
  • Marcelo Rolando Moroy Suarez –quien se desempeñó en el Departamento de Informaciones Policiales- y José Esteban Roccato Villegas -quien también prestó funciones en el D2- fueron acusados como coautores de los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en un hecho; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en un hecho; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en seis ocasiones; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en 7 hechos; y lesiones graves en dos casos. Villegas también fue acusado como autor del delito de asociación ilícita en calidad de integrante.
  • Ramón Dagoberto Alvarez, quien se desempeño como efectivo en la Comisaría 7ma de Mendoza, fue acusado como coautor de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en tres hechos; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en un hecho; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en cuatro casos; y homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en un caso. Asimismo, se lo acusó por el delito de asociación ilícita en calidad de integrante.

Por otra parte, Rodríguez Infante solicitó la pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para Manuel Martínez, quien prestaba servicios en la Comisaría Nº 16 de Las Heras, por considerarlo coautor de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en un hecho; y por los tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en una ocasión. Asimismo, lo acusó como autor del delito de asociación ilícita, en calidad de integrante.

En cuanto a José Santos Chiófalo, quien prestaba funciones en la IV Brigada Aérea como director de la banda de música, el representante del MPF solicitó una pena de 12 años de prisión e inhabiltiación absoluta y perpetua, por considerarlo autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por tres hechos; privación abusiva de la libertad agravada por haber durado más de un mes en nueve hechos; y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en doce hechos. También lo acusó por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Rodríguez Infante solicitó además qu la sentencia sea comunicada al Poder Ejecutivo de la provincia para que, a través de la Inspección General de Seguridad, se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración a los acusados que revistaron en la fuerza policial de Mendoza. Requirió idéntica medida respecto de los exmilitares acusados y solicitó que la sentencia fuera comunicada, a esos fines, al Ministerio de Defensa.

Por último, Rodríguez Infante invocó el derecho a la verdad -reconocido en diferentes precedentes nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- para que el tribunal se pronuncie sobre las funciones que tuvieron determinadas personas, ya fallecidas, en aquellas estructuras de las Fuerzas Armadas que tuvieron incidencia directa sobre los hechos examinados en el juicio. “Acreditado en el marco de las presentes causas el rol que determinados actores tuvieron dentro del aparato organizado de poder que llevó a cabo los delitos que constituyen el objeto de este debate, precisamente en el marco de las mismas estructuras que integraron quienes aquí se encuentran acusados, corresponde dejar establecido tales extremos en una sentencia que así lo declare, en tanto ello hace al derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto a saber cómo ocurrieron los hechos”, indicó.