El fiscal general Miguel Palazzani comenzó ayer su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén en el juicio seguido al exjuez Pedro Laurentino Duarte y al exfiscal Víctor Marcelo Ortiz, imputados por crímenes de lesa humanidad en el trámite de los habeas corpus y en las denuncias por secuestros e imposición de tormentos respecto de 23 víctimas del terrorismo de Estado.

Palazzani realizó una introducción en la que recapituló la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevaron a cabo en la jurisdicción y la situación del fuero federal neuquino a la época de los hechos y el contexto que los rodeó. Destacó que este es el octavo proceso de estas características y que desde 1976 y 1978 hubo 106 víctimas y 25 desaparecidos en Neuquén.

“La particularidad que tiene es que por primera vez vamos a juzgar a dos civiles, que son dos integrantes del poder judicial de la época”, subrayó el fiscal. “Nada más ni menos que el exjuez federal y el exfiscal de la época, dos personajes que tuvieron la continuidad, entre 1976 y 1983, y el poder para habilitar, permitir, encubrir, brindar impunidad imprescindible para la concreción del plan criminal que se desató por aquellos años”, agregó.

Durante una exposición de cinco casi cinco horas, detalló los hechos del juicio y el accionar que se atribuye de los imputados, temas con los que continuará el lunes 3 de septiembre a las 10.30.

La remoción del juez y los secuestros

“Empezamos a alegar en un contexto particular del país, donde diputados nacionales, representantes del pueblo argentino, visitan como si fueran héroes a personajes nefastos, como por ejemplo Astiz, y a algún otro, de los pocos que quedan privados de libertad en cárceles”, marcó el fiscal general en su introducción.

Luego, continuó con la explicación de la zonificación militar y de las características del plan criminal implementado durante el terrorismo de Estado en el Cuerpo V del Ejército, que abarcó el sur de la provincia de Buenos Aires y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego.

Doce de los secuestros ocurrieron en un periodo de seis días, del 9 al 14 de junio de 1976. “No casualmente fue esa semana en la que se cesantea al juez que estaba a cargo del Juzgado Federal”, advirtió Palazzani.

En relación con el objeto del proceso, Palazzani detalló que de las 23 víctimas que fueron privadas ilegalmente de la libertad y torturadas, 15 aún permanecen desaparecidas. Indicó que una de las victimas nació en cautiverio -en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”, de Bahía Blanca-, que fue sustraída y que todavía no se conoce su paradero.

El fiscal general precisó que en esa época el fuero federal neuquino estaba integrado por el juez federal Carlos Arias y el fiscal López Marquet, y que días antes del golpe de Estado de 1976, el 16 de marzo, el juez Arias sufrió un atentado en su casa, que se adjudicó la Triple A. Explicó que el magistrado luego fue censanteado y que el 8 de julio, por decreto, su lugar fue ocupado por el imputado Duarte, quien tres días antes de su asunción había solicitado el retiro voluntario del Ejército, donde revistaba como mayor en la sección Justicia del Comando de Brigada de Montaña Sexta, con asiento en Neuquén capital. Por otro lado, Palazzani precisó que Ortiz, quien era secretario penal, asumió el 16 de septiembre el cargo de procurador fiscal federal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén.

El representante del MPF continuó con el análisis del contexto de los hechos, todos ocurridos en las ciudades de Neuquén y Cutral Co. Destacó también la temporalidad de los sucesos, pues doce de los secuestros ocurrieron en un periodo de seis días, del 9 al 14 de junio de 1976. Al respecto, puso de relieve que “no casualmente fue esa semana en la que se cesantea al juez que estaba a cargo del Juzgado Federal”.  También resaltó que, de los doce secuestros, seis ocurrieron en un día, “el 9 de junio, en el pleno centro de Neuquén”.

En ese sentido, el fiscal resaltó la insistencia de los familiares al presentar pruebas y detalles ante el Poder Judicial en aquella época. “Sólo entre junio de 1976 y agosto de 1977 el Juzgado Federal recibió 19 presentaciones judiciales de los familiares de las víctimas”, indicó.

"Nada más ni menos que el exjuez federal y el exfiscal de la época, dos personajes que tuvieron la continuidad, entre 1976 y 1983, y el poder para habilitar, permitir, encubrir, brindar impunidad imprescindible para la concreción del plan criminal que se desató por aquellos años”.

Por último, Palazzani destacó el rol que ocuparon los imputados y el accionar que tuvieron como funcionarios judiciales. Analizó al respecto cada hecho para “señalar y demostrarles a los señores jueces el patrón de conducta de omisiones, de ficciones, de simulacros que estuvieron realizando estos imputados durante 1976 y hasta 1983”.

Los imputados, la calificación y las víctimas

Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras que Ortiz ejerció como procurador fiscal federal de la Fiscalía Federal ante aquel órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1° de abril de 1985. Antes de ejercer aquellas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

Ambos llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político. Duarte también está imputado por el delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

El juicio es el primero a exfuncionarios judiciales en esa región. Aborda la actuación de los exmagistrados en el trámite de los expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1983 por los familiares de las víctimas que aún permanecen desaparecidas Orlando Cancio; José Delineo Méndez; Susana Mujica; Alicia Pifarre; Miguel Ángel Pincheira; Javier Octavio Seminario Ramos; Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero y el hijo de ambos, nacido en cautiverio; Oscar Alfredo Ragni; Arlene Seguel; Carlos Chaves; Mirta Felisa Tronelli; Carlos Schedan; y Cecilia Vecchi: y de las victimas sobrevivientes Milton Gómez; Teresa Oliva; Enrique Esteban; Darío Altomaro; Josefa Lepori de Mujica; Raúl Esteban Radonich; César Dante Giliberto y Lucio Espíndola.