"Señores jueces: Nerone y Gutiérrez participaron en la producción de inteligencia que dio lugar a este operativo, en su planificación. Estuvieron allí con la específica función de capturar ellos mismos a las víctimas, y dispararon contra ellos", acusó ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de la Capital Federal el fiscal general Pablo Ouviña, durante una jornada en la que profundizó los detalles del operativo en el que fue capturada una mujer junto a sus dos pequeños hijos y asesinado un hombre, pareja de aquella y padre de los niños.

El fiscal Ouviña completó así su tercera jornada de exposición del alegato -de un total de cinco- en el juicio que se le sigue a tres ex policías federales y a un ex agente de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por crímenes de lesa humanidad contra nueve víctimas, actuando como parte del Grupo de Tareas 5 que funcionaba en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Este lugar era uno de los enclaves locales de la Operación Cóndor, la asociación ilícita transnacional de las dictaduras del Cono Sur para perseguir y eliminar disidentes políticos.

La exposición del fiscal continuó ayer con la responsabilidad de los ex policías federales del Departamento de Asuntos Extranjeros (DAE), Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez, en la privación ilegítima de la libertad de Victoria Grisonas y el asesinato de Mario Roger Julién Cáceres, ambos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay, quienes se encontraban exiliados en nuestro país.

Con la exhibición de legajos de inteligencia y otros documentos como croquis y planos de viviendas, declaraciones testimoniales y documentos de uso policial, Ouviña dirigió su exposición a probar que ambos ex policías -junto a su fallecido compañero, Roberto Gómez Mígenes-, fueron quienes actuaron a la vanguardia del operativo ilegal que derivó en el secuestro de Grisonas y de sus dos hijos, llevados a Orletti, y en el homicidio de Julién Cáceres, quien fue acribillado en el lugar, el 26 de septiembre de 1976.

Los ex policías federales Nerone y Gutiérrez formaban parte del Departamento de Asuntos Extranjeros, dedicado a la persecución de militantes políticos exiliados de otros países que habían buscado refugio en Argentina.

El ataque de fuerzas conjuntas, integradas por el Ejército, las policías bonaerense y federal y el grupo de tareas 5 de la SIDE, fue dirigido contra la casa en la que vivía la pareja junto a los niños, situada en Mitre 1390, entre Avenida de Mayo (actual Eva Perón) y Cohelo (actual Carlos Gardel), de la localidad de San Martín.

Para la reconstrucción de los hechos fueron fundamentales las declaraciones de tres vecinos del lugar que brindaron una secuencia del accionar criminal, que se desarrolló en cuestión de minutos. Otra prueba importante la constituyó el sumario administrativo que debió labrar la Policía Federal para acreditar que una herida de bala que recibió Nerone en una pierna había sido producto de un acto de servicio en ese lugar, a esa hora y en un procedimiento en el que actuaron fuerzas conjuntas que derivó en el "abatimiento de un sedicioso". Allí quedó asentada la participación de Nerone, como también la de Gutiérrez, que estampó su firma como parte del grupo que asistió al procedimiento. Al respecto, el fiscal señaló que "de no ser porque Nerone fue herido, no habría quedado ningún registro oficial del hecho".

En la audiencia anterior, el fiscal se había centrado en el rol particular de la DAE y de esos dos ex policías en la represión ilegal a ciudadanos de otros países que habían buscado refugio en la Argentina. Contó, en efecto, cómo ambos participaron de los secuestros previos de otros miembros del PVP y expuso las pruebas sobre la participación de ambos efectivos en el Grupo de Tareas 5 de la SIDE.

Ouviña reconstruyó en base a todos esos elementos que durante la tarde de aquél día las fuerzas armadas y de seguridad "cercaron la zona, apostaron francotiradores en los techos de fincas lindantes y en el chalet de enfrente, impidieron el acceso a esa cuadra concreta de otras personas y vehículos, y cortaron el suministro de energía eléctrica y las líneas telefónicas".

"La descripción de los testigos da cuenta de que este operativo cumplió con la normativa del plan sistemático de represión ya que en primer lugar, claramente se solicitó y se autorizó la liberación del área" porque -remarcó- "no existe posibilidad de que esto hubiera ocurrido sin esa autorización. Y en segundo lugar, se brindó apoyo militar y policial en el momento, y con posterioridad".

"Ninguna de las dos víctimas tuvo posibilidad real de resistir o de permanecer escondidos mucho tiempo. Estaban con un bebé y un niño de cuatro años. Había efectivos armados por las calles y sobre los techos lindantes a su casa, disparándoles a mansalva", describió el fiscal.

Una vez asegurada la escena, los policías de la DAE encabezaron el ingreso a la vivienda, que habría sido resistido por la pareja. En ese contexto, Nerone habría recibido el disparo. Grisonas y sus niños fueron rápidamente capturados, mientras que Julién Rogers escapó hacia una casa vecina por una pared lindera.

Según declararon los vecinos, el joven uruguayo de 33 años les pidió que mantuvieran la calma para que no hubiera disparos, se quitó la ropa que llevaba sobre el torso, se colocó una toalla y se mojó el rostro para salir a atender a los militares y policías que estaban golpeando las puertas de todas las casas de la manzana. Intentó despistarlos, pero aparentemente los represores lo tenían individualizado, contaban con imágenes de su rostro y rápidamente lo detuvieron. Instantes después, una balacera terminó con su vida.

Mientras Julién Rogers intentaba escapar, su esposa fue torturada en la vereda del domicilio. Los vecinos vieron cómo varios hombres la arrastraban tirándole de sus pelos y luego la arrojaban hacia arriba para dejarla caer contra el piso.

Grisonas fue vista junto a sus hijos en Orletti hasta al menos el 2 de octubre de 1976 y, al día de hoy, permanece desaparecida. Los dos niños fueron recuperados tiempo después por su abuela. El cuerpo de Julién Rogers nunca fue hallado, pero la prueba de su homicidio no sólo fueron los testigos que vieron cómo fue acribillado, sino también el único certificado de defunción como NN labrado ese día en el distrito de San Martín, que da cuenta de la muerte por herida de bala de un hombre de unos treinta años en ese lugar y a esa hora. El cotejo de la información de ese certificado con los libros del cementerio local indica que el cuerpo fue inhumado en una tumba sin identificación y que, en 1986, los restos fueron trasladados al osario común, razón por la cual resulta imposible localizarlos e individualizarlos.

"La prueba da cuenta que desde que se inició la balacera y hasta que terminó, es decir, cuando capturaron a las víctimas y mataron a Julién, pasaron pocos minutos. Tengamos en cuenta que ninguna de las dos víctimas tuvo posibilidad real de resistir o de permanecer escondidos mucho tiempo. Estaban con un bebé y un niño de cuatro años. Había efectivos armados por las calles y sobre los techos lindantes a su casa, disparándoles a mansalva", repasó Ouviña, para luego concluir: "Es por eso que acusamos a Rolando Oscar Nerone y a Oscar Roberto Gutiérrez por la privación ilegítima de la libertad de Victoria Grisonas y el asesinato de Mario Roger Julién Cáceres".