El fiscal general Pablo Ouviña describió este viernes la participación del ex policía de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), José Nestor Ferrer, en la operación de contrainteligencia contra miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que culminó en el homicidio de cuatro personas, tres de ellas vistas por última vez con vida en el centro clandestino Automotores Orletti y la restante asesinada en un cruento procedimiento ilegal en septiembre de 1976.

Fue la cuarta jornada de exposición del alegato de Ouviña en la causa por los crímenes en aquél centro clandestino de detención. En el debate se juzga a cuatro acusados por los hechos que tuvieron como víctimas a nueve personas. El fiscal, quien el próximo lunes culminará su intervención, cuenta con la colaboración del personal de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado.

Ouviña centró su exposición en el acusado José Néstor Ferrer, ex policía federal que actuaba en el área de contrainteligencia. Es decir, intervenía de manera encubierta dentro de la propia fuerza en la investigación de posibles infiltraciones. Ouviña tuvo que desandar diferentes documentos para demostrarlo, pues esa información fue ocultada en los trámites burocráticos referidos al personal policial.

En efecto, los hechos por los que llegó a juicio oral y público Ferrer tuvieron que ver con el secuestro del militante del ERP Ricardo Gayá, quien se había infiltrado años antes de estos hechos dentro del Departamento de Asuntos Gremiales de la SSF para enviar información sobre los movimientos policiales a su organización. Su ingreso a la fuerza fue en julio de 1973 en la Escuela de Cadetes.

Pero Ferrer llegó acusado a juicio oral por la privación ilegal de la libertad de Gustavo Gayá, hermano de Ricardo, y de Ana María del Carmen Pérez -pareja de Ricardo-, y por el homicidio de Estela María Moya, esposa de Gustavo. Todos militaban en el ERP.

Los crímenes juzgados ocurrieron el 14 de septiembre de 1976, pero la cadena de hechos comenzó el 30 de julio de ese año con el secuestro de Ricardo Gayá, infiltrado del ERP en la Policía Federal.

La cadena de hechos que desembocó en los delitos por los que el fiscal acusó formalmente a Ferrer comenzó en la noche del 30 de julio de 1976, cuando Ricardo Gayá fue secuestrado del domicilio de sus padres, en Campichuelo 231 de la Capital Federal, por sus propios compañeros de trabajo.

El joven policía fue inmediatamente conducido a Orletti, donde "fue sometido a condiciones inhumanas de detención y cautiverio y a brutales sesiones de tortura", con un ensañamiento particular por su situación de infiltrado.

Su pareja, Ana María del Carmen Perez, estaba embarazada y la familia de Ricardo no conocía la relación entre ambos. La mujer se presentó desesperada ante ellos y les pidió ayuda, pues había quedado "descolgada" de la organización. Por su parte, Gustavo y Estela, junto a su pequeño hijo Ernesto -que prestó testimonio en este juicio-, dejaron de tener domicilio fijo ante el inminente riesgo de ser hallados y se alojaron esporádicamente en un departamento que alquilaba Ana María.

Los tres habían pautado reunirse con el jefe de inteligencia del ERP, Javier Ramón Coccoz (alias teniente Pancho) el 14 de septiembre de 1976 en la unidad 21 del sexto piso del edificio de avenida Forest 1010. Para entonces, Ana María estaba muy cerca de la fecha de parto.

Un sobreviviente de Orletti contó que aquél día los represores le dijeron a Guillermo: "Esta noche te vamos a traer a Pancho y a tu hermano".

Cuando Coccoz arribó al edificio de la calle Forest entre las 18.00 y las 20.00 lo aguardaba sigilosamente dispuesto un grupo con personal de Cuerpo I del Ejército y de la SSF. "Era un operativo importante, pues permitiría asestar un duro golpe al aparato de inteligencia del ERP. No sólo implicaría concluir el operativo represivo montado a raíz de la infiltración de Ricardo Gayá, sino también capturar al jefe de inteligencia de esa organización", razonó el fiscal.

Coccoz ingresó por la única puerta del edificio y luego subió por la escalera, en lugar de utilizar el ascensor. Advirtió "presencias extrañas" en los pasillos y entre el segundo y el cuarto piso "rápidamente, y de modo imprevisto, ingresó en uno de los departamentos y comenzó a descender por los balcones".

El jefe de inteligencia del ERP advirtió "presencias extrañas" en los pasillos del edificio. Ingresó en un departamento y comenzó a descender por los balcones. Fue herido, pero logró escapar.

Frente a esa situación, los represores comenzaron a disparar desde el pasillo contra la unidad 21, en el sexto piso. En tanto, desde la calle otros agentes abrieron fuego contra el mismo departamento. Y un grupo, en tanto, inició la persecución a balazos de Coccoz, quien resultó herido en un brazo y logró ocultarse en un galpón hasta estar a salvo.

Dentro del Departamento, a raíz de la balacera, cayó muerta Estela Moya, en tanto que Gustavo fue herido en una pierna. Fue sacado de allí junto a su hijo, Ernesto, y Ana María del Carmen Pérez. El niño fue llevado luego a la casa de sus abuelos, mientras que los dos sobrevivientes del operativo fueron confinados en Orletti. Allí fueron sometidos a torturas. "Para ambos, estas condiciones fueron particularmente aflictivas: en el caso de Ana María por su avanzado embarazo y en el de Gustavo Gayá, por encontrarse herido en una de sus piernas" (tenía la tibia fracturada).

El fiscal consideró acreditado que alrededor del 9 de octubre de 1976 los hermanos Ricardo y Gustavo Gayá fueron asesinados "mediante disparos de armas de fuego en la cabeza" y que "a Ana María, en cambio, le dispararon tres veces en el vientre, lo que le ocasionó la muerte por un shock traumático-hemorrágico, al igual que a su hija", describió Ouviña.

"Con el fin de ocultar lo sucedido con ellos, sus restos fueron introducidos en tambores que se rellenaron con cal y cemento, y arrojados al Canal de San Fernando, junto con los de otras cinco personas", completó. Los restos fueron hallados por la Prefectura días después, el 14 de octubre, y como no fueron identificados, los enterraron en tumbas NN del cementerio de aquél distrito. En 1989 fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que en los peritajes determinó además el modo y cantidad de disparos que ocasionaron las muertes.

La dirección de Ferrer

El fiscal dedicó gran parte de su exposición a desvirtuar la defensa del acusado, quien reconoció en su indagatoria que estuvo en el procedimiento porque no había otro miembro de la policía para enviar.

El análisis de la historia laboral de Ferrer hasta entonces permitió concluir al fiscal que el policía encabezó el operativo "porque era la persona indicada para dirigirlo". El efectivo había ingresado a la fuerza en 1962 y cinco años más tarde revistó en la División Asuntos Gremiales. Entre el '66 y el '69 recibió seis recomendaciones, cuatro de las cuales tuvieron que ver en su intervención ante medidas de fuerza gremiales o estudiantiles.

En el '70 fue denunciado por apremios ilegales contra un imputado de haber infligido la ley 17401, conocida como "de represión al comunismo". Para el fiscal, esos antecedentes "muestran cómo, ya temprano en su carrera dentro de la Policía Federal, Ferrer estuvo comprometido con funciones vinculadas con la persecución política".

En el '75, el hoy acusado hizo un curso de inteligencia y en octubre de ese mismo año ingresó a la Dirección General de Inteligencia. Esa dependencia, recordó Ouviña, encabezó la Masacre de Fátima: la ejecución y voladura de los cuerpos de treinta personas detenidas ilegalmente en el edificio de la SSF, ocurrida muy pocos días antes del operativo objeto de este juicio, entre el 19 y el 20 de agosto.

Ferrer integraba el departamento de contrainteligencia. Su función consistía en desarmar las operaciones de inteligencia contra la Policía Federal.

El pase de Ferrer a Inteligencia de la Policía Federal no fue publicado en el orden del día de la institución, por orden superior, pues -infirió Ouviña- el entonces oficial principal fue a desempeñarse al departamento de Contrainteligencia. "¿Por qué, entonces, debían ocultarle a la propia fuerza que Ferrer pasaría a cumplir funciones para la Dirección General de Inteligencia? Debían hacerlo porque las funciones que iba a desempeñar Ferrer exigían que sus propios compañeros de la Superintendencia desconocieran que las estaba haciendo", explicó.

En ese sentido, señaló que, como el operativo de la calle Forest tenía que ver con el secuestro del infiltrado Ricardo Gayá en el marco de una operación de contrainteligencia, "debía concurrir un miembro de ese departamento".

Ouviña se centró especialmente en desarmar la alegación de Ferrer sobre que había estado allí de casualidad. El propio acusado se vio obligado a reconocer en el juicio que dirigió el operativo porque su nombre figuraba en actuaciones oficiales del Ejército, en el marco de un expediente de un Consejo de Guerra armado para justificar documentalmente la balacera desatada sobre el edificio de la calle Forest. Por ese motivo eligió culpar a la casualidad en su estrategia de defensa.

"El expediente no tenía como fin realizar una investigación objetiva, sino dar una explicación pública sobre lo ocurrido, para dar la impresión de que se trató de un operativo legal y evitar que se iniciara una investigación judicial", resaltó el fiscal, quien durante su exposición de este viernes exhibió en una pantalla gigante fotografías tomadas por la instrucción militar sobre el ataque a la vivienda.