El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Paraná, a cargo de Daniel Alonso, absolvió ayer al ex inspector de la Policía Federal Argentina, Emilio Romero, acusado de encubrir el homicidio agravado de Victorio José Ramón Erbetta, ocurrido en agosto de 1976, cuando la víctima se encontraba privada ilegalmente de su libertad en el Batallón de Comunicaciones de Paraná.

Para el juez, del cúmulo de pruebas recolectadas no surgieron elementos válidos que permitieran tener por acreditada la intervención de Romero, en su carácter de funcionario policial, en el simulacro de fuga que tuvo lugar el 24 de agosto de 1976, maniobra con la que se intentó ocultar el homicidio.

“Del sinnúmero de testimonios que fueran incorporados a la causa y de aquellos vertidos en la audiencia de debate ha quedado debidamente acreditado el acaecimiento de tal suceso, más no se ha aportado dato alguno en torno a la participación de Romero en el mismo”, sostuvo el juez.

El juicio, de carácter correccional, comenzó el 8 de febrero. A lo largo de las audiencias declararon 14 testigos en forma presencial y por videoconferencia. Como representante del MPF intervino el fiscal federal Leandro Ardoy, quien en su alegato había solicitado la pena de tres años de prisión para Romero, por considerarlo coautor responsable del delito de encubrimiento, previsto en el artículo 277 del Código Penal.

En su exposición, Ardoy afirmó que Erbetta fue detenido ilegalmente, permaneció privado de la libertad y falleció como consecuencia de las torturas a las cuales fue sometido. Asimismo, señaló que Romero fue parte ­en calidad de coautor­ de la maniobra intentada para ocultar esos delitos.

“En cuanto el concreto accionar de Romero, implicó una elusión de la investigación que cualquier órgano judicial pudo haber llevado a cabo, que entorpeció la averiguación del delito y de quiénes habían tenido intervención en el mismo”, aseguró el fiscal en su alegato.

A su vez, destacó especialmente que Romero era funcionario policial, oficial de la Policía Federal, por lo tanto sabía perfectamente cuáles eran los alcances de lo que estaba haciendo.

“En el plano de la culpabilidad, no existe elemento alguno que permita sostener que el nombrado obró en el marco de una causa de inculpabilidad o que desconocía las consecuencias o el carácter prohibido que tenía la conducta que estaba llevando a cabo. Pudo haber obrado de manera distinta y, sin embargo, optó por quebrar legítimas expectativas sociales”, había sintetizado en su alegato el representante del MPF.