Los titulares de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado, Pablo Parenti y Martín Niklison, visitaron el viernes pasado la nueva sede donde se instalará el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y se reunieron con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao.

Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal fueron invitados por la cartera científica para que conocieran las nuevas instalaciones en las que funcionará el BNDG y el estado en el que se encuentra el trámite de su traspaso desde la órbita actual, que administran los gobiernos nacional y de la Ciudad Autónoma, a la nueva, a cargo del Ministerio.

Parenti y Niklison fueron acompañados por la secretaria Agustina Calabró y por el secretario Agustín Chit, y fueron recibidos por los coordinadores técnicos del ministerio Víctor Penchaszadeh y Hector Targovnik, y luego por Barañao.

En el Ministerio de Ciencia y Técnica están poniendo a punto las instalaciones para llevar adelante lo dispuesto mediante la ley 26.548, promulgada el 26 de noviembre de 2009, por la cual se ordenó que el BNDG pasará a funcionar "como organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva".

El BNDG funciona desde su creación en 1987, mediante la ley 23.511, en el Hospital General de Agudos Carlos G. Durand y su gestión depende de forma conjunta de las administraciones porteña y nacional.

Desde entonces, el Banco se ha constituido en un actor fundamental en las causas judiciales por la sustracción de hijos e hijas de desaparecidos durante el terrorismo de Estado: es el órgano habilitado por la ley para realizar los peritajes de histocompatibilidad que permiten establecer la filiación de personas que, por otros datos recabados en investigaciones judiciales, se sospecha que fueron sustraídas de la guarda de sus padres y registradas falsamente como hijos de otras parejas, generalmente ligadas al régimen.

En el BNDG se guardan las muestras genéticas de las familias que reclaman la restitución de bebés desaparecidos durante la última dictadura o que nacieron durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención y de quienes nunca más se supo de ellos.

Cuando en el marco de un proceso judicial se sospecha que una persona -hoy adulta- pudo pertenecer al colectivo de víctimas de la represión ilegal y que su identidad habría sido alterada, por orden judicial se ordena que se le extraiga una muestra idónea para obtener el ADN que permita realizar el cotejo genético con las que dejaron los familiares en el BNDG y, de esa forma, determinar científicamente su filiación.