La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca impulsó la investigación de secuestros y tormentos de los que fueron víctimas docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS), hechos que enmarcó en un plan de persecución política que contó con la acción coordinada del fuero federal, del multimedio encabezado por el diario La Nueva Provincia y por las fuerzas armadas y de seguridad. De acuerdo con el requerimiento de instrucción, ese plan fue instrumentado bajo la sustanciación de dos causas judiciales, una dirigida contra los docentes del área de Economía y la otra contra los de Humanidades de la casa de altos estudios.

Las 30 víctimas cuyos casos forman parte del objeto de esta presentación fueron secuestradas a través de operativos ejecutados entre junio y noviembre de 1976. Por entonces, eran docentes de Economía, Letras, Filosofía, Historia, Matemáticas y Biología de la UNS, integrantes del gabinete de psicopedagogía social de las Escuelas Medias de la misma institución, profesores y estudiantes de la Escuela de Servicio Social, y estudiantes y docentes del Colegio Nacional de Bahía Blanca. Algunas de las víctimas debieron exiliarse.

“Las víctimas fueron secuestradas por personal de la Policía Federal Argentina, transitaron un primer período de cautiverio y violentos interrogatorios en la delegación de esa fuerza de la ciudad de Bahía Blanca, para ser luego trasladadas a la Unidad Penitenciaria n° 4 de Villa Floresta. En algunos de los casos, el prolongado cautiverio continuó en otras unidades carcelarias del país”, describió la Unidad Fiscal en su presentación, donde a su vez puso énfasis en los padecimientos relatados por las víctimas, que incluyeron lo que describieron como “muerte civil”, caracterizada por el exilio para los que se fueron del país y el insilio para quienes se quedaron luego de haber recuperado la libertad.

Los imputados por la fiscalía por estos hechos son el exdueño de La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, el exsecretario del Juzgado Federal de Bahía Blanca, Hugo Mario Sierra; los militares Osvaldo Bernardino Páez, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José Del Pino, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Antonio Miguel Seghighi, Roberto Carlos Brunello, Raúl Esteban Andrés y Alejandro Lawless; y el exdirector penitenciario Héctor Luis Selaya, respecto a quienes se solicitó se los cite a prestar declaración indagatoria.

"La Universidad del Sur era un espacio de resistencia cultural al discurso cómplice de La Nueva Provincia. Por eso profesores y estudiantes se convirtieron en blancos ejemplificadores a atacar. Mostramos que el ataque fue coordinado desde tres sectores: el comunicacional, el judicial y el represivo de las fuerzas de seguridad", señaló Palazzani.

La universidad como objetivo estratégico del terrorismo de Estado

En la presentación, firmada por el titular de la Unidad, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, se destaca que la UNS fue un objetivo –específicamente los Departamentos Humanidades y Economía– a través de un plan de persecución que tuvo comienzo con anterioridad al golpe de Estado de 1976, con la gestión del rector interventor Remus Tetu, la introducción en el ámbito de un grupo paraestatal, el cesanteo masivo de personal docente y no docente, y el asesinato de estudiantes incluso en las instalaciones universitarias, como fue el caso de David Hover Cilleruelo.

La fiscalía indicó que, tras el golpe de Estado, el plan fue intensificado a través de un despliegue conjunto y coordinado de la justicia federal, el diario La Nueva Provincia y las fuerzas represivas, a partir del señalamiento de las víctimas como enemigos calificados como “subversivos ideológicos”, a quienes debía aniquilarse como parte de la guerra cultural que se pregonaba desde las páginas del medio periodístico, en el marco de la fase de acción psicológica de la empresa criminal.

Crimen de persecución

Los fiscales caracterizaron los hechos, más allá del encuadre en las conductas previstas en el Código Penal de la Nación, como delito de persecución contemplado en el derecho internacional, consistente en la privación intencional y grave de derechos fundamentales en razón de la identidad del grupo o la colectividad.

“Las víctimas de este requerimiento –catalogadas por el Estado terrorista como subversión ideológica– comparten la circunstancia de haber ejercido la docencia universitaria y de haber participado en la vida académica en una casa de altos estudios –la Universidad Nacional del Sur– en el mismo período histórico, comprendido entre el fin de la dictadura cívico-militar de Juan Carlos Onganía y el golpe de Estado de 1976/1983”, señaló la fiscalía, que citó como antecedente el fallo “Ricchiuti” de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que reconoció el crimen internacional de persecución política.

La Unidad Fiscal recordó en la presentación que en la sentencia mencionada se dijo que los hechos “no se produjeron de modo aislado, sino que han sido parte de un sistema complejo de represión estatal ilegal y de persecución por razones políticas”. En ese antecedente, remarcó la fiscalía, se destacó la “vulneración de los derechos humanos fundamentales” y el “carácter repetido de este tipo de actos denunciados en perjuicio de personas que resultaban perseguidas en virtud de su (real o ficta) pertenencia a la así llamada ‘subversión’ [lo que] permite en la especie inferir el ‘motivo político’ al que alude la norma internacional que sanciona el crimen de persecución por razones de esa clase”.

La Unidad Fiscal recordó en la presentación que en la sentencia mencionada se dijo que los hechos “no se produjeron de modo aislado, sino que han sido parte de un sistema complejo de represión estatal ilegal y de persecución por razones políticas”

La Nueva Provincia

La presentación destaca que “tan sólo en los años 1976 y 1977, existieron 237 ediciones diferentes en las que, en sus páginas, se abordó la “lucha contra la subversión”, de las cuales en 177 ediciones se vinculó (textualmente) a la “subversión” con los verbos eliminar, aniquilar, combatir, luchar, matar, atacar, extirpar, limpiar y erradicar, y con un “estado de guerra”.

“Las mismas estadísticas demuestran que el abocamiento por parte del diario a la persecución, el señalamiento y el llamado al ejercicio de la violencia contra los docentes de la Universidad Nacional del Sur fue claramente central y directo: de aquel total de 237 ediciones referidas al tema subversivo, más de 80 editoriales se dedicaron específicamente al ámbito de los ‘ideólogos subversivos’ en las universidades, como blanco necesario y prioritario de la lucha contra la subversión, convocando a su aniquilamiento con los mismos métodos utilizados contra la guerrilla armada . Es decir que la persecución sobre el colectivo de las víctimas de este requerimiento, representó más de un tercio del discurso de incitación al genocidio”, señaló la Unidad Fiscal.

El dictamen indicó que la profundidad de la persecución fue de tal magnitud que, en su edición del 29 de agosto de 1977, el diario expresó que “las nuevas formas de agresión marxista […] embozadamente y por infiltración en distintos niveles de la sociedad […] ya se dan en los jardines de infantes, donde se comienza de manera disimulada a trabajar en la cabeza de los niños”. Esa afirmación fue parte del editorial titulado “El País en la Encrucijada. Decisiones Vitales que no Deben Seguir Postergándose”.

La presentación exhibe la actuación sincronizada entre los editoriales y publicaciones centrales -con tapas con títulos catástrofe y páginas principales-, el avance de las causas judiciales montadas por el juzgado federal y la actuación de las fuerzas represivas.

Entre las publicaciones reseñadas en la presentación de 353 páginas, aparecen los siguientes artículos:

• El 5 de agosto de 1976, el diario publicó una nota titulada “La Universidad convertida en una usina subversiva”, y en su bajada indicaba que “hay 17 profesores y activistas detenidos y otros 30 están prófugos. El Dr. Benamo y la infiltración marxista. Exitosa investigación”.
• El 27 de octubre de ese año, publicó fotografías en primer plano de las víctimas bajo el título “Penetración Ideológica Marxista. UNS: 18 Docentes Quedaron A Disposición del Ejecutivo”.
• Con la portada “Amplio informe militar sobre detenidos en la Universidad” y el título en su interior “UNS: los planes de infiltración marxista”, el 13 de noviembre de 1976 refirió que “el V Cuerpo de Ejército informó ayer sobre las investigaciones llevadas a cabo en el Departamento de Humanidades, reveladoras de la vasta maniobra desplegada por la subversión ideológica”.
• El 26 de noviembre de 1976 el diario volvió a publicar fotografías de las víctimas con el título “Penetración marxista en la UNS: seis detenidos a disposición del Poder Ejecutivo”.
• El 23 de junio de 1977 publicó en tapa el título “Infiltración en la UNS: revelaciones”.

La presentación destaca que “tan sólo en los años 1976 y 1977, existieron 237 ediciones diferentes en las que, en sus páginas, se abordó la “lucha contra la subversión”, de las cuales en 177 ediciones se vinculó (textualmente) a la “subversión” con los verbos eliminar, aniquilar, combatir, luchar, matar, atacar, extirpar, limpiar y erradicar.

El rol del fuero federal

La fiscalía remarcó que las privaciones ilegales de la libertad y las torturas se materializaron con “los aportes relevantes y necesarios” de los entonces funcionarios del fuero federal, principalmente los jueces federales Guillermo Federico Madueño y Jorge Francisco Suter, el secretario Hugo Mario Sierra y la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni, a través de la apertura de las causas “Ramírez, Stella Maris y otros…” y “Del Campo, Hugo Osvlado y otros”, que funcionaron como instrumentos para ocultar la criminalidad de los actos.

A modo de ejemplo de la sincronía y la sintonía con los aportes indispensables del diario La Nueva Provincia, los fiscales citaron fragmentos de la sentencia dictada por el juez Suter publicada por el diario bajo títulos como “El país frente a la subversión”, “La subversión en el ámbito universitario”, “Panorama existente en la UNS, en los años 1973/74” y “La libertad de cátedra y la infiltración ideológica”.

En las notas, aparecen textuales de la resolución judicial como los siguientes:

• “Sabemos que el accionar subversivo tuvo también efecto, para alcanzar la meta que se había propuesto, en el ámbito cultural, laboral, político y educacional, en sus niveles secundarios y terciarios, bien por la vía de la acción o del adoctrinamiento”.
• “Mientras familias argentinas, anhelando un futuro mejor para sus hijos, los enviaban a la Universidad, jamás podrían imaginar que en tal ámbito, profesores, también argentinos (y extranjeros), utilizaban la cátedra para inocularles el virulento germen marxista-leninista, que precisamente, es totalmente contrario, –como hemos dicho–, a nuestro modo de vida occidental y cristiano, apuntando a la destrucción de la célula primera de la sociedad: la familia. Deviene así, una paradójica situación: el joven enviado a estudiar a la Universidad –vaya a saber con cuánto sacrificio de la familia– por la influencia de tales docentes (ocupados en transmitirle esas ideologías y pagados por el Estado), se ve de pronto, enfrentado con la misma y con la sociedad que la integra, en una puja demencial orientada a destruirlas”.
• “Todo lo acontecido en los años 1973/74, debe prevenirnos para que nunca más, sucedan en nuestro país, los hechos que nos tocó vivir en las áreas del quehacer nacional. No es posible que ‘so capa’ de la autonomía universitaria, autonomía de cátedra, o como quiera llamársele, se pretenda el cambio de mentalidad de nuestros hijos”.
• El juez destacaba el “hecho en que tres Profesores extranjeros [individualizados en la sentencia con nombre y apellido], con total impunidad, pero con medios facilitados por argentinos, pudieron actuar en la Universidad local, ejerciendo, por lo visto tranquilamente, su actividad docente de marcado corte izquierdista”.
• Finalmente, concluía “[d]ada la gravedad del delito mencionado, el que cobra aún más relieve, atento el ámbito donde tuvo efecto su cometido, –aulas universitarias-, la edad del alumnado, la influencia ulterior de los mismos en todos los aspectos de la dinámica social, el propósito distorsivo premeditado de [uno de los imputados], aprovechándose del alto ministerio docente, –que era su actividad–, para transmitir concepciones políticas y filosóficas, cuyos fines ulteriores son los de suprimir o alterar el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías contrarias a la Constitución, y que la conducta ilícita desplegada por [el imputado], ha quedado palmaria y objetivamente demostrada, considero que el monto punitivo propugnado por el Ministerio Fiscal, debe elevarse a la pena de cinco (5) años de prisión”.

"La Universidad del Sur era un espacio de resistencia cultural al discurso cómplice de La Nueva Provincia. Por eso profesores y estudiantes se convirtieron en blancos ejemplificadores a atacar. Mostramos que el ataque fue coordinado desde tres sectores: el comunicacional, el judicial y el represivo de las fuerzas de seguridad", señaló a Fiscales.gob.ar el fiscal Palazzani.