13 de diciembre de 2024
13 de diciembre de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Estuvo 24 años prófuga hasta su captura en 2012
Piden revocar la detención domiciliaria a una imputada por la apropiación de un niño
El fiscal Horacio Azzolín requirió exámenes médicos para Ana María Grimaldós, acusada de la sustracción de Javier Gonzalo Penino Viñas y de la falsificación de sus documentos. Pidió que, si está en condiciones físicas y psíquicas, sea traslada a un penal. Fundó la solicitud en la proximidad del debate oral y en la "actitud esquiva" de la imputada.

El fiscal Horacio Azzolin solicitó informes médicos y la revocatoria de la detención domiciliaria de Ana María Grimaldos, quien está imputada junto a su esposo, el ex marino prófugo Jorge Raúl Vildoza, de la sustracción, retención y ocultamiento del niño Javier Gonzalo Penino Viñas, y de la falsificación de los documentos destinados a acreditar su identidad. La víctima es hijo de los desaparecidos Hugo Penino y Cecilia Viñas.

Azzolín presentó su pedido ante el tribunal Oral Federal N°4, integrado por los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Nestor Guillermo Costabel y Leopoldo Oscar Bruglia, quienes deben juzgar próximamente a la imputada en el marco de un debate oral y público.

El pedido de la fiscalía al tribunal es para que se encomiende al Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional que practique a Grimaldos "amplios y exhaustivos exámenes de estado de salud" para corroborar si aún necesita continuar con un tratamiento de rehabilitación kinesiológica de su cadera, lo cual le permitió acceder oportunamente al beneficio de la prisión domiciliaria.

Azzolín remarcó en su escrito que la solicitud responde a que "ha vencido el plazo establecido por el Hospital Italiano" para realizar tal tratamiento y requirió que los médicos forenses se pronuncien en su peritaje sobre si la atención médica que requiera la imputada "puede ser gestionada por la autoridad médica penitenciaria, tanto en el ámbito carcelario como extramuros".

En ese sentido, el fiscal solicitó que, de corroborarse esa posibilidad, "se revoque la modalidad de arresto domiciliario a favor de la imputada y, en consecuencia, sea trasladada de inmediato a dependencias del Servicio Penitenciario Federal".

"Evitar riesgos procesales"

Tras la radicación de la causa en el tribunal, la fiscalía ofreció prueba el 11 de noviembre de 2013, que "si bien aún no fue proveída, puede afirmarse que la actual etapa procesal está muy próxima a la realización del debate oral y público", indicó Azzolín en su escrito, para fundar su petición.

En tanto, recordó que durante el trámite del expediente se ha discutido en varias oportunidades la modalidad del cumplimiento de la prisión preventiva por parte de la imputada y, en ese sentido, subrayó "la evolución e incremento de los riesgos procesales desde el inicio de esta causa, varias décadas atrás, producto de la actitud esquiva por parte de los imputados". Grimaldos fue detenida en 2012 después de 24 años de permanecer prófuga.

En ese sentido, Azzolín agregó se refirió al "peligro de la prosecución del trámite de la causa" ante una eventual fuga de la imputada y puso de relieve que "podría estar en juego la responsabilidad internacional del Estado", dado que en la causa se juzgan crímenes contra la humanidad, a cuya investigación y sanción se ha comprometido la República Argentina ante el resto de las naciones. 

Matrimonio en rebeldía

Desde el inicio del sumario a mediados de la década del '80 se llevaron a cabo numerosas medidas tendientes a dar con el paradero del matrimonio de Ana María Grimaldos y Jorge Raúl Vildoza, ex capitán de navío y comandante de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1977 y 1978.

El fiscal Azzolín recordó en su presentación que el 11 de junio de 1986 se prohibió la salida del país de la pareja imputada y que el 23 de marzo de 1988 un juez de instrucción decretó su pedido de captura nacional e internacional, medida que fue reiterada el 14 de junio de 2000.

Grimaldos fue detenida el 3 de julio de 2012 por personal de la Sección Investigación Federal de Fugitivos de la Policía Federal Argentina, en tanto que Vildoza aún no pudo ser localizado y las versiones acerca de su muerte nunca pudieron ser comprobadas.

En la presentación, Azzolín recordó que al confirmar el procesamiento de la imputada la Cámara Federal porteña concluyó que "no podían descartarse futuras elusiones a la justicia teniendo en cuenta que Ana María Grimaldos mantuvo una actitud esquiva, no manifestando voluntad alguna de presentarse ante el Tribunal a fin de ponerse a derecho hasta la fecha de su detención".