El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal juzgará desde el próximo martes a Ana María Grimaldos, acusada de sustraer, retener y ocultar al hijo de los desaparecidos Cecilia Marina Viñas y Hugo Reynaldo Penino.

La imputada es la esposa del prófugo ex comandante de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1977 y 1978, Jorge Raúl Vildoza. La mujer logró evadir al Poder Judicial durante 24 años, entre el 23 de marzo 1988, cuando ordenaron su captura, y el 3 de julio de 2012, cuando fue hallada por personal de la Sección Investigación Federal de Fugitivos de la Policía Federal Argentina. Vildoza aún no pudo ser localizado y las versiones acerca de su muerte nunca pudieron ser comprobadas.

La detención de Grimaldos en 2012 fue producto de una investigación que incluyó escuchas telefónicas. Esa pesquisa dio origen a otro expediente ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 5, en donde se investiga si las empresas relacionadas con Jorge Raúl Vildoza, entre ellas American Data S.A., facilitaron y colaboraron con la fuga de los imputados.

Pese a su larga evasión, Grimaldos goza de la prisión domiciliaria para cumplir con un tratamiento médico que debió haber finalizado hace más de un año. En efecto, esta semana se cumplirá un año del recurso interpuesto por el fiscal de la Procuración General, Horacio Azzolín, para que la Cámara de Casación revierta esa situación.

Azzolín, que se encuentra a cargo de la Fiscalía General ante el TOCF N°5, representará al Ministerio Público Fiscal en el debate, que comenzará este martes y continuará el jueves 26 de febrero y el viernes 6 de marzo.

El juicio será dirigido por los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y Leopoldo Oscar Bruglia. Además de los testigos que prestarán declaración durante el proceso, se prevé la incorporación del registro fílmico de testimonios producidos en otros juicios, en cumplimiento a las “Reglas Prácticas de Casación” (Acordada 1/12, específicamente Regla Quinta), que tienen como fin primordial evitar la revictimización de los testigos que ya declararon sobre los mismos hechos en otros debates y agilizar los juicios por crímenes de lesa humanidad.

La causa se inició a mediados de la década del ´80, a raíz de una denuncia radicada por un médico en la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo que ponía en conocimiento la presunta sustracción de un niño por parte de Grimaldos y Vildoza.

A partir de la judicialización del caso, se iniciaron numerosas medidas de investigación, situación que motivó la fuga del matrimonio imputado junto con el niño apropiado.

En el año 1998, la víctima -ya un joven de 20 años- decidió concurrir al Banco Nacional de Datos Genéticos para someterse a un peritaje de ADN, que arrojó resultado positivo con los grupos de las familias Penino y Viñas.

Los padres del niño, Cecilia Marina Viñas y Hugo Reynaldo Penino, se encuentran desaparecidos desde que fueron secuestrados el 13 de julio de 1977 en su domicilio ubicado en la calle Corrientes de la Capital Federal.

El procedimiento ilegal fue encabezado por un grupo de personas que se identificaron como miembros de la Policía Federal. Al momento de su desaparición, Viñas estaba embarazada de siete meses, aproximadamente. A mediados de septiembre de ese mismo año, fue trasladada desde la Base Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata a la ESMA para dar a luz.

El caso de Viñas es singular, pues hay pruebas de que su secuestro continuó después de reintaurado el Estado de Derecho tras la asunción de las autoridades democráticamente electas. La mujer realizó en 1984 varios llamados telefónicos a sus familiares informándoles sobre su situación y, por sobre todas las cosas, requiriéndoles la búsqueda de su hijo.