La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Rioja pidió ayer que el ex jefe del Ejército César Milani sea condenado a 18 años de prisión por su participación en el secuestro y torturas sufridas por un hombre y su hijo en marzo de 1977, cuando el acusado era subteniente del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de esa provincia. La solicitud de los fiscales Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruíz al Tribunal Oral Federal alcanzó también al teniente primero Alberto Solano Santacrocce y al ex juez federal Roberto Catalán, para quienes requirió condenas a 12  y 20 años, respectivamente.

La nómina de imputados respecto de los que el MPF pidió condenas se completa con Leónidas Moliné, Miguel Angel Chiarello, Eliberto Goenaga, Angel Ricardo Pezzetta -8 años de prisión para cada uno de ellos por tormentos agravados en calidad de autores-,  Domingo Vera -4 años por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada-, Carlos Asunción Rodríguez Alcántara -7 años por su participación necesaria en tormentos- y José Bernaus -también a 8 años, pero por privación ilegítima de la libertad agravada-. Finalmente, se postuló la absolución de Armodio Mercado, sobre quien se consideró que los crímenes por los que llegó al juicio como acusado no fueron de lesa humanidad.

El juicio oral y público comenzó el 3 de mayo. El alegato del MPF se inició la semana pasada y terminó ayer, pasadas las 22, con el pedido de penas. Al cerrar su exposición, Miguel Carmona instó a que la ciudadanía "nunca más pase cosas como éstas, que no tengan que esperar más de cuarenta años" y a que el sistema de administración de justicia le dé "una respuesta a gente que espera tanto tiempo un pronunciamiento". "Este MPF culmina su alegato diciendo, como tantas otras veces: al fin justicia", expresó la fiscal.

Las acusaciones

La Fiscalía mantuvo la acusación por la que Milani llegó a la instancia de debate, es decir como autor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada y allanamiento ilegal, y en grado de partícipe necesario en la imposición de tormentos agravados en perjuicio de Pedro Adán Olivera, y como partícipe necesario de imposición de tormentos de su hijo, Ramón Alfredo Olivera. También fue acusado de haber sido miembro de una asociación ilícita.

Según lo reconstruido por la acusación, el 12 de marzo de 1977 un operativo conjunto del ejército, efectivos policiales y gendarmes, liderado por Milani, secuestró a Pedro Olivera para luego mantenerlo detenido durante dos días en el Instituto de Rehabilitación Social. En dicho centro clandestino de detención sufrió torturas y fue forzado para que dimitiera a su trabajo en la Municipalidad. Durante su secuestro sufrió un accidente cerebro vascular y luego fue abandonado frente a su domicilio. Finalmente, murió tiempo después como resultado del deterioro en el cuadro clínico generado por las torturas.

Tras la liberación de su padre, Ramon Olivera fue secuestrado en su lugar de trabajo, la Oficina de la Dirección de Obras de Ingeniería de la Municipalidad de La Rioja, y luego trasladado al IRS, donde también fue torturado. En su declaración testimonial en la etapa de instrucción, relató que durante su interrogatorio en cautiverio Milani lo acusó de ser integrante del ERP y le señaló que había finalizado su “carrera de guerrillero”.

En relación al caso de Ligia Matta, en el debate solo se analizó la responsabilidad del ex juez Catalán. De acuerdo a la investigación del MPF, el 16 de julio de 1976 fue secuestrada por un operativo que la traslado al IRS, donde sufrió torturas y permaneció detenida. Según relató en su testimonio fue entrevistada por el entonces magistrado, quien le habría advertido de forma irónica “que sería liberada en un par de años”.

En el caso del ex magistrado, la pena solicitada fue la más alta por cuanto se lo acusó como partícipe secundario de un homicidio; por allanamiento ilegal y la privación ilegítima de la libertad agravada respecto de tres víctimas; y como partícipe necesario en los casos de Olivera hijo y Matta.

Respecto a Santacrocce, Miguel Carmona y Vehils Ruíz pidieron su condena a 12 años por la privación ilegítima y los tormentos perpetrados contra Ramón Olivera, como así también por ser miembro de una asociación ilícita.

Causas acumuladas

En el debate oral y público se acumularon además otras seis causas, sumando siete en total, por hechos que perjudicaron a 14 víctimas. El Tribunal está integrado por los jueces Julián Falcucci (presidente), Jaime Díaz Gavier, Enrique Lilljedahl y Carlos Julio Lascano.