El fiscal general Alejandro Alagia, el auxiliar fiscal Agustin Vanella y la auxiliar fiscal Berenice Timpanaro, integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, solicitaron este miércoles la imposición de penas de prisión de perpetua para un exagente de la Policía Federal Argentina y para cuatro exmiembros de Gendarmería Nacional, a quienes acusaron por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco del quinto tramo de la causa que juzga privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios, violaciones y abusos sexuales en perjuicio de 385 víctimas en el circuito represivo de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO), dependientes de la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

Los y la representantes del MPF acusaron al excomandante de la Gendarmería Nacional Hugo Luis Medina, al exsargento Miguel Víctor Pepe, al exgendarme Miguel Pablo Lugo y al exprimer alférez Sergio Raúl Nazario como coautores de 19 homicidios, secuestros en 128 casos (2 casos en grados de tentativa), 126 casos de tormentos, 8 casos de violaciones (uno en grado de tentativa)  y un caso de abuso sexual. En tanto, al exinspector de Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) de la Policía Federal, Carlos Alberto Infantino, lo acusaron en calidad de coautor de 1 homicidio, secuestro en 310 oportunidades, 309 casos de tormento, 16 casos de violaciones (2 casos en grados de tentativa) y 10 casos de abuso sexual.

También había llegado a la instancia de juicio el expolicía federal José Ahmed, miembro a la época de los hechos de la SSF, quien falleció durante el debate, por lo que se declaró extinta la acción penal en su contra.

Tras la finalización del alegato el Tribunal Oral Federal N°2 porteño dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 30 de agosto, cuando iniciará el alegato de la querella unificada.

Alegato

Sobre el rol de los acusados, la fiscalía señaló que "Medina seleccionó, designó, facilitó y supervisó recursos humanos de Gendarmería Nacional para llevar a cabo la ejecución de los hechos ocurridos en el Olimpo", el centro clandestino que fue último en la saga del circuito, que había sido abierto con el Atlético y luego trasladado y reconvertido en el Banco en base a las necesidades del plan represivo ilegal desplegado en esa jurisdicción.

"Medina tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando en el circuito represivo Atlético y Banco y de lo que iba a ocurrir y de lo que efectivamente ocurrió en el Olimpo", desarrolló el MPF.

En este mismo sentido, la fiscalía indicó que se encuentra también acreditada la intervención de Miguel Víctor Pepe en Olimpo. Recordó la declaración de un testigo que había señalado que Pepe "era parte de los torturadores que habían estado previamente en otros centros clandestinos y que formaba parte del [Batallón] '601 de Inteligencia'”.

La fiscalía puso de relieve el ejercicio de la violencia sexual contra las militantes que, por su actividad política, habían producido el "corrimiento de los roles tradicionales a la femineidad conservadora", y recordó que una de las víctimas contó que los represores le decían que, si se hubiera quedado en su casa, no le hubiera pasado nada.

Por otro lado, el MPF consideró que se encuentra acreditado que Miguel Pablo Lugo participó en la llamada guardia interna de Olimpo: "El propio imputado reconoció en su indagatoria en este debate haber participado al menos en cinco guardias", sostuvo la fiscalía.

En relación a intervención de Nazario, la fiscalía repasó los distintos testimonios que acreditaron la funciones que cumplió el acusado en el circuito represivo, y puso de relieve su desempeño como enlace entre centros clandestinos de detención. "Con todas las pruebas analizadas tenemos acreditado que Sergio Raúl Nazario, nombre de cobertura 'Esteves', intervino en el centro clandestino Olimpo como miembro de la inteligencia de Gendarmería Nacional", sostuvo.

En cuanto a la intervención de Infantino, la fiscalía repasó los distintos testimonios que dieron cuenta de su intervención en Atlético y luego en el Banco "en el marco de sus tareas antisubversivas en Superintendencia de Seguridad Federal”.

Violencia sexual

"En la prueba incorporada, vemos en este circuito concentracionario distintas reacciones de los perpetradores ante el corrimiento de roles tradicionales asociados con una femineidad conservadora en donde la mujer era sólo madre y esposa, cuidadora dentro del hogar, y por eso, el recrudecimiento de la violencia sexual por transgredir ese patrón con su participación en política", marcaron los y la representantes del MPF en su exposición.

Como ejemplo, recordaron que una de las víctimas había relatado en el tercer tramo de esta investigación que los represores le decían que, si se hubiera quedado en su casa, no le hubiera pasado nada. "Esta violencia sexual integró el plan sistemático de exterminio y fue parte de la continuidad delictiva entre el secuestro, tortura y homicidio masivo de personas en este circuito represivo. No fueron hechos aislados. Esta sistematicidad es un dato fuerte que surge de varios testimonios", explicó la fiscalía.

En tal sentido, añadió que "frente a esta violencia sexual grave y sistemática del circuito ABO, estuvo la dificultad traumática de las víctimas de poner en palabras ese sufrimiento y dolor específico. A lo que se sumaba que los contextos sociales basados en estereotipos de género no habilitaban la palabra para contar este tipo de hechos. A pesar de eso, hicieron lo posible para poder contarlo y plasmarlo".

"Esta violencia sexual integró el plan sistemático de exterminio y fue parte de la continuidad delictiva entre el secuestro, tortura y homicidio masivo de personas en este circuito represivo. No fueron hechos aislados. Esta sistematicidad es un dato fuerte que surge de varios testimonios", explicó la fiscalía.

El circuito represivo ABO

De acuerdo con lo establecido en las investigaciones judiciales, el centro clandestino de detención denominado “Atlético” o “Club Atlético” funcionó desde mediados del año 1976 hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en un predio situado entre las calles Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El lugar fue luego abandonado, dado que su ubicación estaba en el área de trazado de la autopista “25 de Mayo”, obra que se ejecutó meses después y que implicó la demolición de la edificación. Las víctimas allí “alojadas” fueron conducidas transitoriamente al CCD “Banco”, mientras se avanzaba en la preparación del predio de “Olimpo”.

El funcionamiento de “Banco”, en consecuencia, tuvo lugar entre fines del año 1977 y mediados de 1978, en un predio ubicado a 200 metros de la intersección de la Autopista Ricchieri y el Camino de Cintura, en Puente 12, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Se encontraba rodeado por construcciones antiguas pertenecientes a la Policía de la provincia de Buenos Aires, donde luego se instaló la XI Brigada Femenina de esa fuerza de Seguridad. Sin embargo, una vez acondicionada la planta ubicada en las calles Lacarra y Ramón Falcón de esta Ciudad -División Mantenimiento de Automotores de la PFA-, el 16 de agosto de 1978 se inició la actividad del “Olimpo”, que culminó a inicios del año 1979 con el desmantelamiento del lugar.

De acuerdo con la acusación, en "Olimpo" el sistema organizativo represivo ilegal contaba con una mayor organización que en los predios anteriores. A modo de amedrentamiento, el CCD tenía una sala de inteligencia con un cartel que rezaba “Bienvenido al Olimpo de los Dioses”, firmado por “Los Centuriones”.