La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, elevó ayer a juicio oral y público la causa que tiene procesados por crímenes contra la humanidad al ex juez federal Luis Ángel Córdoba (78 años), al ex fiscal federal Roberto Domingo Mazzoni (69) y al ex jefe de guardia de la Unidad Penal N°7, Pablo César Casco (71). Es la primera vez que llega a esa instancia un expediente con ex funcionarios judiciales imputados por ese tipo de delitos en esa jurisdicción.

De esa forma, la magistrada hizo lugar al pedido formulado en junio pasado por los fiscales que integran la Unidad que interviene en los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado en la jurisdicción de Resistencia Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay.

La jueza consideró "cumplida la etapa de instrucción" y estimó "suficiente el cuadro probatorio y cerrada la etapa de recolección de pruebas", por lo que consideró "indispensable ordenar el pase a la siguiente instancia de juicio oral". En ese sentido, explicó que resulta "atentatorio al derecho de defensa en juicio y a la garantía del debido proceso (...) mantener la causa en esta instrucción", al replicar la oposición de los defensores a la elevación.

En efecto, en mayo pasado la Cámara Federal de Casación había ordenado "otorgar celeridad al trámite del proceso", cuestión de la que también se hicieron eco los fiscales al formular el requerimiento de elevación a juicio.

En el auto de elevación, Niremperger indicó que Mazzoni y Córdoba deberán ser juzgados por su responsabilidad en cinco y nueve hechos, respectivamente, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de promover la represión y encubrimiento.

Los hechos tuvieron como víctimas a hombres y mujeres que fueron confinados en el centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Brigada de Investigaciones de la capital chaqueña, el más grande del nordeste, y que siguieron su periplo en otros lugares de encierro.

El ex penitenciario Casco, en tanto, está acusado de la producción de tormentos agravados psíquicos y físicos impuestos a dos hombres que permanecían en cautiverio en la U7 de Resistencia.

La calificación adoptada por la jueza para la elevación a juicio de los dos ex magistrados es la que los fiscales imputaron de forma subsidiaria, pues para el Ministerio Público el ex juez y el ex fiscal resultan, en primer lugar, partícipes en los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y de tormentos.

De todas formas, la calificación de los hechos es uno de los tópicos pasibles de modificación a lo largo del debate oral y público y, por ese motivo, el tribunal que juzgue el caso en el futuro podría aplicar diferentes tipos penales a los indicados por la jueza de primera instancia.

En el requerimiento fiscal de elevación a juicio, los representantes del MPF citaron testimonios de sobrevivientes que ubican a Córdoba y a Mazzoni en los lugares de encierro, visitando a los detenidos, tanto en la Brigada de Investigaciones como en cárceles del servicio penitenciario. En esos contextos les fueron denunciadas las torturas, que en ningún caso fueron investigadas.

Las víctimas estaban detenidas por violaciones a la ley 20.840, denominada "antisubversiva", norma que sirvió para penar actividades relacionadas con la militancia política.