Los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay solicitaron apurar el trámite para enviar a juicio oral y público la causa que tiene procesados desde hace cuatro años al ex juez federal Ángel Córdoba y al ex fiscal federal Roberto Mazzoni, acusados por la comisión de crímenes contra la humanidad. El expediente tiene también imputado al ex jefe de guardia de la Unidad Penal N°7 Pablo César Casco.

Los dos ex magistrados están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento.

Para ello, los tres representantes del Ministerio Público que integran la Unidad que interviene en juicios por crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción de Resistencia solicitaron a fines de abril que la jueza federal Zunilda Niremperger les dé traslado del expediente para formular el requerimiento de elevación a juicio.

Los dos ex magistrados chaqueños están acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento en nueve casos. El ex penitenciario Casco, en tanto, está acusado por el delito de tormentos agravados en dos casos.

"El método implementado por Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni, en la llamada 'lucha antisubversiva', era 'no hacer', no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables", indicó el juez Ruben Skidelsky en el auto de procesamiento de ambos acusados y, en ese sentido, explicó que "los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la justicia federal de Resistencia le aseguraban una 'zona liberada' jurisdiccional".

La iniciativa de los fiscales, formulada a principios de este mes, fue acompañada el 13 de mayo por un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que ratificó la prórroga de las prisiones preventivas de Mazzoni y Córdoba y dispuso, con los votos de Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, "exhortar al Juzgado Federal de Resistencia Nº1 a que extreme las medidas necesarias a los efectos de otorgar celeridad al trámite del proceso".

La elevación a juicio oral y público de Mazzoni, Córdoba y Casco viene largamente demorada, pues está en cuestión si deben -como sostiene la Fiscalía- ser procesados y llevados a juicio por el delito de asociación ilícita.

El ex juez federal Rubén Skidelsky dictó el procesamiento por ese crimen en junio del año pasado, pero en noviembre la Cámara Federal lo revocó y ordenó desglosar los casos en expedientes diferentes, de manera que los hechos confirmados sigan avanzando en el proceso y los controvertidos -la asociación ilícita- continúen la discusión en la etapa de instrucción.

En ese momento, la Cámara Federal de Resistencia indicó: "A los fines de preservar el buen orden del proceso y facilitar la labor jurisdiccional, hemos de señalar que consideramos pertinente el desglose de la investigación de los hechos vinculados a la imputación por el delito de Asociación Ilícita de los encausados, de las presentes actuaciones", pues el resto de los hechos "se encuentran firmes y consentidos por las partes, habiendo incluso tramitado estos actuados las instancias del art. 346 y siguientes del C.P.P.N. [elevación a juicio], y [están] en condiciones de ser elevados a la instancia de juicio por dichos ilícitos".

La falta de mérito por la asociación ilícita que se le imputa a los ex magistrados se encuentra recurrida por los fiscales ante la Cámara Federal de Casación. En ese contexto, llegó a esa misma instancia el recurso de las defensas de Mazzoni y Córdoba contra la prórroga de su prisión preventiva, en el que los camaristas de la Sala IV aprovecharon la oportunidad para instar a la celeridad del proceso por los otros delitos.