La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte junto al fiscal ad-hoc Álvaro Baella, comenzó este lunes su alegato en el juicio “Guerrieri IV”, en el que se juzga a 16 exmilitares y expolicías del Destacamento de Inteligencia 121 y de la Delegación rosarina de la Policía Federal, por crímenes establecidos en el Código Penal de la Nación -aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, homicidios y asociación ilícita, entre otros- comprensivos del delito internacional de genocidio, en perjuicio de 62 víctimas. Los hechos investigados ocurrieron en las ciudades santafesinas de Rosario, Funes y Granadero Baigorria, durante la última dictadura cívico militar.

El debate se centra en 62 casos, 58 de los cuales nunca fueron juzgados, y -del total- 54 son desapariciones forzadas u homicidios. En el juicio se aborda también la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó en el predio de una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namucurá de la localidad de Funes, donde al menos tres víctimas de la causa estuvieron detenidas ilegalmente.

Dentro de la lista de los imputados, se encuentran quienes fueron integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército: Pascual Guerrieri, quien al momento de los hechos era segundo jefe, con el rango de teniente coronel; Jorge Fariña, exjefe de la Central Operaciones de Inteligencia y luego de Actividades Especiales de Inteligencia, con el rango de capitán; Juan Daniel Amelong, ex 2° jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia, con el rango de teniente; Marino González, exjefe de Actividades Especiales de Inteligencia con el rango de teniente primero; y Ariel Antonio López, Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera, Eduardo Constanzo y Rodolfo Isach, quienes se desempeñaron como personal civil de inteligencia del destacamento.

Completan la nómina expolicías que integraron la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina: el entonces subinspector Federico Almeder, el ex sargento Juan Carlos Faccendini, el ex cabo Juan Félix Retamozo, el exinspector Enrique Andrés López, el exagente Osvaldo Tebez, el exinspector Oscar Giai y el excabo Roberto Squiro. De todos ellos, Faccendini, Retamozo, Tebez, Giai y Squiro llegan al juicio sin una condena previa.

En el comienzo de su alegato, Villatte repasó el contexto histórico de los hechos ocurridos y se refirió a cómo estaba diagramado el sistema represivo por el Ejército Argentino, con especial intervención del área de Inteligencia Militar. A su turno, el fiscal Ad hoc, Álvaro Baella, también remarcó que, a lo largo del debate y con la prueba producida, se demostró que “los acusados, en la inmensa mayoría de los casos, seleccionaron a sus víctimas de acuerdo a la definición de enemigo que proporcionaban las órdenes secretas de exterminio. Identificaban al blanco con anticipación. La tortura sistemática de prisioneros proporcionó a los acusados la identificación de nuevos blancos para secuestrar”. Al respecto, detalló que, de acuerdo con las reconstrucciones realizadas, en las salas de tortura se obligaba a los prisioneros a confeccionar una biografía personal, se confeccionaron legajos de detenidos y organigramas con nombres de personas secuestradas, nombres de personas trasladadas con la indicación destino final y nombres de personas buscadas.

La Unidad Fiscal también señaló que el plan represivo implementado por el Destacamento de Inteligencia 121 tuvo como epicentro el centro clandestino de detención (CCD) “La Calamita”, ubicado en el municipio santafesino de Granadero Baigorria, y el “Campo Militar San Pedro”, propiedad del Ejército Argentino, que fue utilizado para inhumaciones clandestinas durante la última dictadura cívico-militar.

Luego, Villatte efectuó un primer repaso de las víctimas, con foco en los primeros dieciocho casos incluidos en la acusación. Además de analizar particularmente cada uno de ellos, el fiscal reconstruyó varios aspectos de sus vidas, como la labor que desempeñaban, su militancia, la edad que tenían y su composición familiar, con la expresa intención de “poder mostrar a estas personas como tales, quienes antes de sufrir estos terribles delitos, tenían vida, proyectos, familias, amigos, militancia y convicciones”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal también pusieron especial énfasis en la militancia política de las víctimas, a la que consideraron como “elemento determinante para que fueran elegidos como blancos por parte del aparato de inteligencia”. Al respecto, Villatte señaló que “las víctimas de este juicio -cada uno con las particularidades del caso- fueron identificadas como objetivos y, en consecuencia, con intervención del Área 211 y especial participación del Destacamento de Inteligencia 121 y de la Brigada Antisubversiva de la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina, fueron ejecutadas o secuestradas y llevadas a un centro clandestino de detención -o a varios- a fin de ser interrogadas, torturadas y sometidas a condiciones inhumanas de detención, para luego ser asesinados y en muchos casos haciendo desaparecer sus restos”.