30 de enero de 2023
30 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Exposición del fiscal general Adolfo Villatte y del fiscal ad hoc Alvaro Baella
Rosario: comenzó el alegato de la fiscalía en el juicio a cuatro acusados por los crímenes en el CCD “Quinta de Fisherton”
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario se centró en el contexto en que sucedieron los hechos, en el ataque que recibió la regional del PRT–ERP y en los crímenes contra los militantes Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman, Juan Alberto Tumbetta y Edgardo Silva. También describió el caso de apropiación y posterior restitución de la identidad de la hija de la pareja Klotzman y Barral.

El fiscal general Adolfo Villatte comenzó hoy ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario el alegato en el juicio conocido como causa “Klotzman”, en el que se juzgan al ex capitán de inteligencia Jorge Alberto Fariña y a tres ex policías federales de la Delegación Rosario -Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López-  por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 víctimas en el centro clandestino de detención (CCD) “Quinta de Fisherton” durante la última dictadura cívico militar.

A diferencia de las audiencias anteriores que tuvieron participación presencial y virtual de las partes, la jornada comenzó pasadas las 10.00 de la mañana y se realizó totalmente a través de la plataforma Zoom. En el comienzo de su exposición, el fiscal Villatte destacó la importancia del juicio. Resaltó que “juzgar los delitos de lesa humanidad es transformar la memoria en proyecto, que significa proyectar un futuro diferente al pasado que juzgamos”. En cuanto al caso, recalcó que “pasaron 16368 días en que los familiares siguen sin saber el destino de los detenidos desaparecidos y en no tener justicia”.

El titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, quien contó con la asistencia del fiscal ad-hoc Alvaro Baella, explicó que “la dictadura utilizó lo político ideológico para imponer un modelo económico expoliador” y describió el proyecto económico del régimen militar “que hizo caer el salario real de los trabajadores, que cayó un 40 por ciento del PBI entre 1976 y 1980, y cuyo slogan era 'achicar el Estado, es agrandar la nación'”.

Durante la jornada, que se extendió hasta las 15.30, los representantes del Ministerio Publico Fiscal se enfocaron en el contexto de los hechos, el ataque hacia el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT –ERP) y los delitos cometidos hacia los militantes Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman, Juan Alberto Tumbetta y Edgardo Silva.

"De las 29 víctimas de esta causa, 27 fueron desaparecidas o asesinadas, una fue apropiada y una solo sobrevivió".

Plan de exterminio

La fiscalía remarcó la existencia de un plan de exterminio hacia los militantes de la seccional Rosario de esa organización política entre agosto y noviembre de 1976, pero, además, en perjuicio de cualquier persona que hubiese tenido un vínculo con la organización o del cual sospecharan que militaba en ese partido. En ese sentido, Baella destacó que “de las 29 víctimas de esta causa, 27 fueron desaparecidas o asesinadas, una fue apropiada y una sola sobrevivió, que justamente no era integrante del PRT-ERP, sino que tenía un vínculo de amistad y laboral con uno de los militantes”.

Con respecto al CCD “Quinta de Fisherton”, donde la mayoría de las víctimas de este juicio estuvieron en cautiverio, Villatte manifestó que “no existe la posibilidad de que ninguno de los detenidos no fuera torturado, ya que la tortura es constitutiva del sistema represor y no opera como un hecho aislado”. Sobre este punto citó a la politóloga Pilar Calveiro para explicar la función que cumplían los centros de detención en el plan de exterminio: “Eran el quirófano de una cirugía mayor para hacer de la Argentina otro país”.

Baella precisó que recién en 2005 se pudo verificar el lugar donde funcionó el CCD y señaló que, aunque se ignora desde qué momento estuvo operativo, sí se pudo verificar que registró actividad entre agosto y octubre de 1976. “Este cuadro probatorio nos permite entender que la casa funcionó como centro de detención que estuvo bajo el mando del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, órgano central en la represión de esta ciudad”, señaló el representante del MPF, y añadió que “allí se produjeron tratos tormentosos como submarinos secos, obligar a los cautivos a tocar los cuerpos ya sin vida de los compañeros, simulacro de fusilamientos y torturas bajo la aplicación de la picana eléctrica”.

2 de agosto de 1976

En el último tramo de la alocución, en esta primera jornada de alegato -que seguirá el miércoles próximo-, los representantes del MPF se enfocaron sobre los hechos del 2 de agosto de 1976 en la calle Necochea 2050 de Rosario, que tuvieron como víctimas a Cecilia Beatriz Barral -que estaba embarazada-, Ricardo Horacio Klotzman, Juan Alberto Tumbetta y Edgardo Silva.

Villatte relató que los cuatro militantes del ERP-PRT, que tenían cargos jerárquicos en la organización, estaban juntos aquella madrugada en el domicilio cuando irrumpieron las fuerzas de seguridad en un operativo clandestino de gran envergadura, a cargo del Destacamento 121 de Inteligencia, que contó con el apoyo de la Policía Federal y de la Policía de la provincia de Santa Fe. El fiscal explicó que “en esa madrugada las fuerzas policiales se subieron a las terrazas de las casas vecinas para entrar a la casa de los militantes, en la que se sucedieron los disparos que los vecinos escucharon”.

“No existe la posibilidad de que ninguno de los detenidos no fuera torturado, ya que la tortura es constitutiva del sistema represor y no opera como un hecho aislado”.

Según el fiscal, no existió el enfrentamiento publicado en las noticias al día siguiente. En tal sentido, explicó que, de acuerdo a las declaraciones de vecinos y las circunstancias que rodearon la muerte del comisario federal Norberto Etchepare ocurrida durante el procedimiento de esa madrugada, la sospecha es que habría sido asesinado por sus propios colegas. Villatte señaló que “eso se deduce de la disparidad de las versiones que se verifican en los distintos documentos oficiales y, además, por el lugar en el que Etchepare recibió los disparos, que se encuentran en la espalda”.

Las víctimas

Con respecto a lo ocurrido con las víctimas ese 2 de agosto de 1976, el fiscal relató que solo Tumbetta murió en el lugar, mientras que Silva fue capturado y, luego de ser torturado, fue asesinado de un disparo. Su cuerpo fue quemado y arrojado en la autopista de Rosario – Santa Fe a la altura de la localidad de Maciel. El fiscal agregó que no se sabe si Silva pasó o no por la “Quinta de Fisherton”, pero indicó que su cadáver fue encontrado un día después y fue enterrado como NN. Así, permaneció 40 años como desaparecido hasta el 2016.

En cuanto a la pareja Klotzman - Barral, fueron secuestrados y llevados con vida al CCD, donde -de acuerdo con los elementos reseñados por la fiscalía- fueron brutalmente torturados. Barral, embarazada a término al momento de su secuestro, dio a luz en cautiverio y luego fue asesinada junto a su marido.

La fiscalía relató que el 21 de agosto 1976 la hija recién nacida de la pareja fue trasladada a la ciudad de Santa Fe por dos individuos en un Ford Falcón Verde, quienes sin identificarse la dejaron en la casa de la familia Kerz, junto a dos cartas escritas a máquina que declaraban que sus progenitores no existían y con un mensaje que decía “bautismo rápido y educación cristiana”, y daban recomendaciones relativas a sus cuidados médicos. No obstante las sospechosas circunstancias en que la niña fue dejada en ese domicilio, no se promovió ninguna investigación, fue adoptada y recibió el nombre de María Pía Josefina Kerz. Recién el 7 de abril de 2011, a través de un análisis de ADN realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos, María Pía recuperó su identidad y se convirtió en la nieta restituida número 103.

Al finalizar la audiencia de hoy, una de las querellas solicitó que en esta etapa de debate se empiece a transmitir el juicio de forma libre, sin ningún tipo de limitación -actualmente hay que solicitar al tribunal el acceso a la sesión de Zoom- y por el canal del Centro de Información Judicial (CIJ). La petición contó con la aprobación de todas las partes y el compromiso de la jueza Mariela Emilce Rojas y los jueces Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez para que el debate comience a ser tranmitido por Youtube desde el miércoles 2 de junio próximo, cuando se realice la segunda jornada del alegato de la fiscalía.