18 de mayo de 2022
18 de mayo de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento del fiscal general Adolfo Villatte
Rosario: piden juicio oral para el exjefe de personal de Acindar y para otros 24 acusados por los secuestros de trabajadores metalúrgicos y ferroviarios en 1975
El representante del MPF acusó al empresario, a un exmilitar, a 21 expolicías federales, a un expolicía provincial y a un exprefecto por su intervención en distintos casos de privación ilegítima de la libertad agravada contra un total de 50 víctimas. La pieza acusatoria remarca la connivencia de sectores empresariales y gremiales en crímenes de lesa humanidad.

El fiscal general de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte, requirió ayer la elevación a juicio oral y público de la causa que tiene acusados al exjefe de personal de la metalúrgica Acindar en la ciudad de Villa Constitución, a un ex jefe militar, a 21 expolicías federales, a un exprefecto y a un ex policía santafesino como autores de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial.

Los hechos represivos que se juzgan en esta causa fueron la respuesta a la histórica protesta conocida como "El Villazo", en relación al nombre de la ciudad epicentro del reclamo obrero. De acuerdo con la pieza acusatoria, los secuestros de las víctimas sucedieron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975 y las privaciones de la libertad se prolongaron luego por meses o años, según los casos.

El fiscal Villatte acusó al exjefe de personal de Acindar, Roberto Pellegrini, por 29 casos. En la presentación, remarcó que la empresa habilitó un centro clandestino de detención en el denominado “Albergue de Solteros”, donde la Policía Federal Argentina (PFA) había instalado un destacamento en 1974.

En esa línea, acusó a los siguientes exintegrantes de esa fuerza federal, por su intervención, de acuerdo a su situación de revista -la mayoría, perteneciente a la Delegación Rosario-, en diferentes casos: Roberto Raúl Squiro, Leonardo Dec, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdes, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Osvaldo Esteban Petroli, Carmen Amanda Grossoli de Hellaid, Jorge Argentino Coronel, Raúl Héctor Cerliani, Emilio Hugo Marciniszyn, Roberto Álvarez, Horacio Miguel Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Aníbal Lozano Windus, Oscar Roberto Giai, Eduardo Mugica, Juan Carlos Faccendini, Oscar Alberto Vessichio y Bernardino Sambrano.

La fiscalía también imputó al ex jefe de inteligencia y personal del Área Militar 132, con sede en San Nicolás, Antonio Federico Bossie, al ex prefecto principal Carlos Albareda y al ex oficial de la guardia rural "Los Pumas" de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.

La fiscalía remarcó que "mucho antes" del 24 de marzo de 1976 "se establecieron las circunstancias para la vuelta total al poder de los sectores concentrados de la economía y del capital en nuestro país, de los cuales la empresa ACINDAR S.A. era un bastión significativo".

En el requerimiento de elevación a juicio, el MPF calificó a los hechos investigados como crímenes de lesa humanidad. Sostuvo al respecto que, a pesar de que los hechos ocurrieron con anterioridad al golpe de Estado, "formaron parte de exterminio desarrollado por las fuerzas armadas y de seguridad, con alta participación de civiles", pues "fueron el ensayo de lo que luego fue replicado a lo largo de todo el país. Por ello, los delitos cometidos resultan también imprescriptibles, configuran crímenes internacionales, y es posible avanzar en su investigación y en la responsabilización penal de quienes los llevaron adelante".

La fiscalía agregó: "Hemos sostenido y sostenemos que, la última dictadura fue una dictadura cívico/militar/eclesiástica, y que no puede establecerse como mojón de su comienzo, y por tanto del terrorismo de estado y de los delitos de lesa humanidad cometidos por éste, al 24 de Marzo de 1976; como tampoco el de su finalización el 10 de diciembre de 1983. Por el contrario, mucho antes de esa fecha se establecieron las circunstancias para la vuelta total al poder de los sectores concentrados de la economía y del capital en nuestro país, de los cuales la empresa ACINDAR S.A. era un bastión significativo".

El Villazo

La pieza acusatoria, formulada ante el Juzgado Federal N°4 de Rosario, reitera el análisis histórico y social que dio lugar al pedido de indagatoria por estos hechos en marzo 2017.

En la presentación, el fiscal recordó como antecedentes de los hechos represivos que en 1974 la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) estaba intervenida y que los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución iniciaron medidas de fuerza para elegir a sus propios representantes. En Acindar se gestó una comisión interna encabezada por Alberto Piccinini, que se enfrentó a la conducción de Lorenzo Miguel. La empresa intervino en el conflicto con la expulsión de doce delegados.

El conflicto -narró la fiscalía- derivó en un huelga en marzo de 1974. En ese contexto, la Policía Federal inauguró una sede en dependencias del "Albergue de Solteros" de Acindar. De las centrales fabriles más importantes, los trabajadores tomaron en señal de protesta Marathon y Acindar y abandonaron Metcon, que había sido ocupada por la Gendarmería Nacional.

Para los secuestros de marzo de 1975, la empresa habilitó un centro clandestino de detención en el denominado “Albergue de Solteros”, donde la Policía Federal había instalado un destacamento en 1974.

Luego de una semana, los interventores de la UOM les informaron a los trabajadores que se llamaría a elecciones, por decisión de la dirigencia oficial. A tal efecto, se realizó una reunión, al cabo de la cual se supo que aquella promesa no sería llevada a cabo. "Por esa razón se decidió tomar de nuevo Acindar. La medida fue acompañada por todo el pueblo de Villa Constitución, en especial los comerciantes, que de diversas maneras colaboraron con los trabajadores: les enviaban comida y cosas que necesitaban", reconstruyó la fiscalía en base a testimonios.

Después de unos días, intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación. La comisión interna de Acindar logró la reincorporación de los despedidos y la promesa de elecciones en 120 días a cambio de desocupar las empresas. Tras los comicios, triunfó la Lista Marrón, encabezada por Piccinini. El interregno hasta las elecciones -que se concretaron recién en noviembre de 1974- estuvo signado por actos violentos y atentados con bombas a las sedes donde se reunían los representantes sindicales opuestos al oficialismo en la UOM.

"Ese triunfo -describió la fiscalía- cambió radicalmente la situación y dio lugar a una serie de avances respecto a los derechos de los obreros que generaron numerosas tensiones con el sindicalismo hegemónico. Además, ello se tradujo en una alerta de los sectores empresarios, en especial pertenecientes a empresas siderúrgicas, que normalmente tenían negociaciones espurias con los representantes sindicales, las que en muchas ocasiones iban en contra de los intereses de los trabajadores".

20 de marzo de 1975

El fiscal señaló que la tensión con el empresariado y el sindicalismo oficial aumentó de manera paralela con los logros laborales. "Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo –que luego se profundizó- en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas", describió.

Unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos "hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM local, la Comisión Interna de Acindar, más distintos activistas".

El 20 de marzo de 1975 la ciudad fue "literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, las policías provincial de Santa Fe –incluyendo a la división de guardia rural “Los Pumas”- y bonaerense, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército". En total, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos que "hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM local, la Comisión Interna de Acindar, más distintos activistas". La represión se generalizó y hubo homicidios y allanamientos a las viviendas de los trabajadores y al comité local de la UOM, que fue intervenida.

Los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante sesenta días, que contó con el apoyo mayoritario de los metalúrgicos, de los sindicatos industriales del cordón y de las fuerzas democráticas.

"A partir de ese momento -narró Villatte-, se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo".

Las víctimas secuestradas en esos días fueron trasladadas a la jefatura policial de Villa Constitución, a la Delegación Rosario de la Policía Federal, al “Albergue de Solteros” de Acindar, a la jefatura de Policía de Rosario, a la Prefectura, a la Brigada de San Nicolás, a Coordinación Federal y al propio local de la UOM, "lo que demuestra la coordinación y planificación entre las fuerzas represivas", indicó el fiscal.

Villatte precisó que las razones alegadas por el gobierno para llevar adelante esta represión constan esencialmente en un comunicado conjunto de varios ministerios nacionales, emitido el 22 de marzo de 1975, que dice que los informes de inteligencia permitieron detectar un “complot inusual, consistente en una vasta operación subversiva terrorista” en la zona industrial del río Paraná, entre Rosario y San Nicolás. Los objetivos, señalaron, consistían en paralizar la producción industrial y copar y usurpar las delegaciones gremiales y que, por ello, fuerzas coordinadas de la Policía Federal, Prefectura, policía de Buenos Aires y de Santa Fe comenzaron el 20 de marzo a las 4 de la mañana un operativo para desvertebrar el complot, que obtuvo “exitosos resultados” y, a raíz del descubrimiento de nuevas "ramificaciones", obligaban a las fuerzas de seguridad a continuar su acción operativa.