04 de agosto de 2020
04 de agosto de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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A pedido del fiscal Carlos Amad
Salta: dictan una medida cautelar para preservar un sector del Cementerio de la Santa Cruz
El municipio se aprestaba a excavar una fosa para hacer frente a la mayor demanda por la pandemia de COVID-19. El juez ordenó conservar el Sector C, luego de que la fiscalía federal advirtiera que existen denuncias sobre una fosa común con víctimas del terrorismo de Estado.

El juez federal de Salta Julio Bavio hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Amad y ordenó mantener en las actuales condiciones el Sector C del Cementerio de la Santra Cruz, situado en esa capital, ante la eventualidad de que en ese área pudiera haber enterrados restos de personas desaparecidas durante la época del terrorismo de Estado.

La decisión judicial tuvo lugar después del pedido que hiciera el fiscal, al conocerse públicamente que la tierra de ese sector del cementerio iba a ser removida con el objeto de prepararla para enterrar los restos de personas fallecidas por la pandemia de COVID-19.

La orden del juez Bavio fue dirigida al Secretario de Ambiente Municipal Aroldo Tonini y al administrador del cementerio de la Santa Cruz para que "se abstengan de realizar trabajos de excavación en el Sector C, y mantener bajo su responsabilidad, dicho estado en las mismas condiciones en que se encuentra a la fecha". La resolución fue acompañada por los croquis que presentó la fiscalía en los que se señalan las áreas que no deben ser intervenidas.

La medida cautelar de no innovar sobre aquellos terrenos fue dictada en el marco de una causa iniciada a raíz de una denuncia sobre enterramientos clandestinos en esa zona del cementerio. El expediente está caratulado "NN s/averiguación delito" y su instrucción está delegada en la fiscalía.

El juez Bavio reseñó en su resolución los testimonios acerca de la existencia de una fosa común relevados en las investigaciones en curso por crímenes de lesa humanidad que el fiscal Amad desarrolló en su presentación y que indicarían que el sector C habría sido escenario de enterramientos clandestinos. En efecto, el expediente se inició con el testimonio de un odontólogo -convocado en la época del terrorismo de Estado a la necrópolis para identificar un cadáver-, quien a su paso por el sector vio "muchísimos restos", "pedazos de piernas, de brazos", a los cuales definió como producto de una explosión.

La resolución fue acompañada por los croquis que presentó la fiscalía en los que se señalan las áreas que no deben ser intervenidas.

Según esa denuncia, la fosa común que contenía los restos estaba a siete u ocho metros de distancia de donde terminaba el cementerio. En el marco de la investigación, en 2015 se realizaron tareas de prospección que arrojaron resultado negativo. Pero después de reservar ese expediente, la fiscalía tomó conocimiento de que se había realizado una excavación en 1984 en un área al noroeste del sector C. Aquellas tareas habían tenido origen en el testimonio de un sepulturero que refirió que una noche vio que ingresaban al cementerio tres camiones Unimog ocupados por personas armadas y perros, y precisó que descargaron cajones a los que él y sus compañeros dieron sepultura en una fosa ya cavada. Ese testimonio fue corroborado por otro de una persona que añadió que los enterramientos se hicieron a un metro y medio de profundidad y que había escuchado que el administrador del cementerio decía que "esos cuerpos pertenecían a personas que habían participado en la lucha subversiva de Tucumán".

Pero la búsqueda que se hizo sobre esa zona arrojó resultado negativo respecto de hallazgo de restos humanos, aunque se encontraron en la tierra monedas acuñadas en 1975. Esa situación llevó al fiscal Amad a concluir que "deberán profundizarse los trabajos sobre ese sector". Estimó que resulta "necesario continuar con la investigación sobre el sitio excavado en el año 1984, en particular en los espacios circundantes", es decir, aquellos lugares del mismo sector que no fueron examinados.

Al evaluar el pedido de la fiscalía, el juez Bavio evaluó que "si bien es cierto que desde que se formularan las denuncias han transcurrido varios años, lapso en el cual el proceder elusivo de la justicia que se pretende evitar no ha acontecido, también lo es que frente a una eventual excavación ante la situación sanitaria actual por el COVID-19, se alteraría el estado actual del sector, lugar en el que según lo manifestado podrían hallarse restos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Por tal motivo estimo que no debe correrse riesgo alguno de que ello suceda dejando inerte a la justicia en un presunto ilícito tan grave como el denunciado, por lo que se debe actuar con extrema rigurosidad en pro de la conservación del estado actual del sector 'C' del cementerio de la Santa Cruz".