El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por Federico Santiago Díaz (presidente), Marta Snopek y Marcelo Juárez Almaraz, comenzó a juzgar ayer al mediodía al excomisario de la Policía de Salta Joaquín Guil por el delito de abuso deshonesto agravado por la calidad de funcionario, el uso de intimidación y por el concurso de dos o más personas, en calidad de autor mediato.

El fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, lleva adelante la acusación penal contra Guil, procesado por el juez federal N°1, Julio Bavio, el 29 de diciembre del 2020 junto al excoronel retirado del Ejército, Virtom Modesto Mendíaz, (actualmente con proceso suspendido) y al excomisario de la Policía de Salta, Roberto Arredes (incapacitado para afrontar el juicio).

Abierto el debate, por secretaría se dio lectura a un resumen del requerimiento de elevación a juicio, en el cual se expuso la acusación realizada por la fiscalía el 4 de febrero del 2021. El caso se había iniciado a partir de la denuncia radicada por la víctima, quien relató el episodio vivido el 24 de abril de 1975, cuando se presentó en el edificio de la Jefatura de la Policía de la provincia de Salta.

La víctima, hermana de un militante de la Juventud Peronista, había ido en busca de una autorización requerida por la morgue del Hospital San Bernardo para la entrega del cadáver de su hermano. El joven había sido ejecutado junto a otro compañero durante un operativo de las policías provincial y federal el 20 de abril en la localidad de San Lorenzo.

La mujer reveló que fue recibida en la Jefatura por un policía, quien le recibió los papeles que tenía y ordenó que la hicieran pasar a una habitación, a fin de que fuera requisada. Explicó que en esa oportunidad fue obligada a desnudarse y que fue abusada por el primer uniformado que la atendió, delante de otros 20 policías más.

Con otras pruebas sumadas desde la fiscalía, se estableció la responsabilidad de Guil en el hecho denunciado, lo cual también fue destacado por el juez Bavio en su procesamiento al sostener que se trató “de un hecho ocurrido en la propia Central de Policía de Salta, por lo que resulta inverosímil que Mendíaz, Guil y Arredes, cúpula de dicha fuerza de seguridad pública con oficinas en ese ámbito, hayan podido desconocer el ilícito”. Por esa razón, el juez consideró que “los mismos deberán ser considerados como los autores mediatos y no materiales del abuso deshonesto”.

De acuerdo con la posición expuesta por la fiscalía en el proceso, el magistrado afirmó que “la privación ilegítima de la libertad, los apremios ilegales, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, entre otros, resultan ser delitos de lesa humanidad”.

De acuerdo con la acusación, la mujer fue a la Jefatura a buscar una autorización para retirar el cuerpo de su hermano asesinado. Un policía ordenó que la hicieran pasar a una habitación, a fin de que fuera requisada. Fue obligada a desnudarse y abusada por el primer uniformado que la atendió, delante de otros 20 efectivos.

Testimonio audiovisual

Luego de la lectura de la acusación, Guil se abstuvo ante el tribunal de su derecho a prestar declaración. Acto seguido, se exhibió el video de la declaración de la víctima, en audiencia, en el marco del juicio seguido contra los responsables por la muerte de su hermano.

En aquél proceso, el mismo tribunal, pero con la presidencia de Juárez Almaraz, dispuso la condena de prisión perpetua para Miguel Raúl Gentil (fallecido) y del propio Guil por la muerte del hermano de la víctima el 29 de junio de 2015.

En su declaración reproducida en audiencia, la víctima, quien primeramente leyó una reseña de la vida de su hermano, explicó lo que le tocó vivir desde que se enteró del homicidio hasta que pudo recuperar su cuerpo y trasladarlo de regreso a la provincia de Tucumán, donde fue enterrado.

Contó que se había enterado del asesinato por un llamado, a través del cual le dijeron que su hermano había sido “ajusticiado” en San Lorenzo, en Salta. Explicó que, en razón de ello, viajó a esa provincia para tomar contacto primero con el entonces juez federal Ricardo Lona, a la postre también condenado por delitos de lesa humanidad. Relató que fue hasta la morgue del hospital local, pero que no pudo retirar el cuerpo porque le pedían una autorización, que debía gestionar ante la policía provincial.

En esa línea, contó que, al presentarse en la jefatura, fue obligada a sacarse toda la ropa, que el policía que tenía la voz de mando la ultrajó delante de 20 efectivos más, lo que le causó un grave daño psicológico e incluso le acarreó secuelas en su salud.

Tras mencionar detalles del hecho, precisó que pudo obtener el papel firmado, con el cual logró retirar el cuerpo de su hermano, el que cargó en el coche fúnebre y trasladó el mismo día del hecho hacia Tucumán. Añadió que el vehículo seguido por varios coches policiales hasta que llegó a su tierra natal.

Recordó que, al día siguiente, fue despedida de su empleo en la Gobernación de la provincia de Tucumán, hecho que adjudicó al entonces mandatario, el exgobernador Antonio Bussi. Explicó que logró revertir esa situación a partir de un litigio que inició y que la devolvió a su puesto de trabajo seis meses más tarde.

En la parte final de la audiencia de ayer, la fiscalía dio lectura a otros elementos de pruebas, como la denuncia radicada por la víctima y un recorte periodístico, en el que la Policía de Salta reconoció la muerte del hermano de la víctima.

De esta manera, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, oportunidad en la que se dará inicio a la etapa de alegatos, luego de lo cual pronunciaría la sentencia.