El Tribunal Oral Federal de San Juan dio a conocer los fundamentos con los que dictó la absolución de dos militares retirados que fueron juzgados acusados de la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos del odontólogo Abraham Cruz Videla, secuestrado en 1975 y quien estuvo cuatro años detenido hasta que recuperó su libertad en 1979, durante la última dictadura militar. En el juicio intervino el fiscal general Francisco Maldonado, que anunció que recurrirá el fallo absolutorio ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Los jueces Eliana Rattá Rivas, Daniel Doffo y María Carolina Pereira, absolvieron a Juan Francisco del Torchio y Eduardo Daniel Cardozo, quienes se habían desempeñado en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de Marquesado.

El fallo del tribunal

De acuerdo a la acusación fiscal, al momento de los hechos Cardozo y Del Torchio pertenecían a un Grupo de Tareas que actuaba en la provincia de San Juan. Sin embargo, los jueces del tribunal destacaron que la detención de Videla fue ordenada por un juez federal y que no fue posible demostrar su participación directa en los hechos.

Durante el debate, se demostró que Videla permaneció internado durante largos períodos en el Hospital Marcial Quiroga de la ciudad sanjuanina de Rivadavia, donde habría sufrido los tormentos denunciados. Sin embargo, para los jueces del tribunal su estancia se debió a una enfermedad cardiológica preexistente y no se encontró prueba documental alguna de que hubiera sufrido tormentos en el ámbito hospitalario, ni que tampoco se hubieran producido durante su estancia en el Servicio Penitenciario Provincial.

Para el tribunal, ningún testigo pudo ubicar a los imputados de manera concreta en los hechos atribuidos, como tampoco describir un aporte atribuible a ellos. Los magistrados consideraron que tampoco estuvo acreditado que hubieran impartido órdenes, participado de traslados o intervenido en decisiones relacionadas con la detención o el trato dispensado a la víctima.

También ponderó que los hechos vinculados a la detención de Videla habían sido examinados en otros procesos de lesa humanidad desarrollados en San Juan sin que en ninguna de ellas se imputara a Cardozo ni a Del Torchio.

El caso

Según la acusación fiscal, Videla era odontólogo y, al momento de los hechos, trabajaba en la provincia de San Juan. Durante un período había prestado servicios profesionales en la sede del gremio Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), y posteriormente se desempeñó en el Hospital de Valle Fértil.

El 19 de mayo de 1975, Videla fue detenido en su domicilio familiar de la ciudad de San Juan, en el marco de una investigación judicial vinculada a presuntas infracciones a la ley 20.840, que reprimía actividades subversivas. De acuerdo a lo planteado por Maldonado en el debate, la detención se produjo en un contexto de persecución política, vinculada a la supuesta simpatía de Videla con la organización Montoneros, a la que se le atribuía el traslado de folletería y otras tareas de apoyo.

Una vez detenido, Videla quedó a disposición del Juzgado Federal de San Juan, que le tomó declaración y dispuso su alojamiento en distintas dependencias. Durante el período en que permaneció detenido en la provincia, principalmente en el centro clandestino de detención que funcionó en el RIM 22 de la localidad de Marquesado y en el penal de Chimbas, hasta que finalmente recuperó su libertad el 29 de julio de 1979. Durante su cautiverio, también estuvo internado en el Hospital Marcial Quiroga, debido a problemas de salud.

De acuerdo al testimonio de la víctima y de sus familiares, durante su detención, Videla sufrió tormentos y que, tras recuperar su libertad, fue cesanteado de su trabajo por lo que había vivido, y también le fue impedido cursar estudios universitarios. Finalmente, falleció en 1982, víctima de una enfermedad terminal.