El ex general Luciano Benjamín Menéndez afronta un juicio oral que lo tiene como único acusado en San Luis por el rol que ocupó como comandante del III Cuerpo del Ejército, que ejercía su jefatura desde Córdoba y que abarcaba a las provincias de Cuyo y del Noroeste Argentino. A Menéndez, se le imputan 27 casos de privaciones ilegítimas y agravadas de la libertad, 27 casos de imposición de tormentos agravados y 11 casos de homicidios, todos delitos cometidos contra un total de 29 víctimas.

Los crímenes que se juzgan fueron ejecutados por los grupos de tareas pertenecientes a las fuerzas armadas y de seguridad afectadas a la implementación del plan criminal clandestino en la provincia: el Ejército, a través del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (GADA 141), con asiento en la ciudad de San Luis; la Fuerza Aérea, con la actuación de la V Brigada Aérea, con sede en Villa Reynolds; la Policía de la provincia de San Luis; y la Delegación local de la Policía Federal Argentina.

Cada una de esas fuerzas disponía de centros clandestinos de detención donde se perpetraban la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas. El Ejército contaba con Granja La Amalia y Rodeo del Alto, ambos ubicados en la ciudad de San Luis. La Fuerza Aérea, con la Base V Brigada Aérea, en Villa Reynolds. La Policía provincial utilizaba en la ciudad de San Luis el Departamento Informaciones (D-2), la División de Investigaciones, dependiente del Departamento Judicial (D-5), la Comisaría 4ª y “La escuelita” (Ex Comisaría 2ª), y, en Villa Mercedes, la División Investigaciones de la Jefatura de la Unidad Regional II. La Policía Federal empleaba el edificio de su delegación en la capital provincial.

Los hechos que llegaron a debate -sobre los que ya hubo sentencia respecto de otros 29 acusados en abril pasado- fueron cometidos entre marzo de 1976 y diciembre de 1977 en las localidades de San Luis, Villa Mercedes, La toma y Luján, que se encontraban dentro del Área Militar 333, una de las porciones de división castrense para el dominio territorial en la represión ilegal. Ese área, que comprendía a toda la provincia de San Luis, tenía su sede en el Comando de Artillería 141 y estaba a cargo del entonces coronel Miguel Ángel Fernández Gez.

Ese ex militar fue condenado por los mismos hechos que ahora se le acusan a Menéndez en las sentencias Nº 344 –firme- y Nº 478 –no firme-, ambas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis. En esos juicios se acreditó que el Comando de Artillería 141 fue trasladado desde Córdoba a San Luis en enero de 1976 con el objetivo de implementar el plan criminal en la provincia.

Menéndez, el vértice

El Área 333 respondía a la Sub-zona de defensa 33, que estaba formada por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, bajo el comando de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña, con asiento en Mendoza. La jefatura de la subzona al momento de los hechos estaba a cargo del fallecido general de brigada Jorge Alberto Maradona.

El vértice de la estructura piramidal castrense estaba en la Zona de Defensa 3, o Cuerpo de Ejército III, que abarcaba diez provincias: Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El comandante de ese vasto territorio era Luciano Benjamín Menéndez, lo cual -entre otras cosas- explica que sea la persona que más condenas recibió por crímenes contra la humanidad: siete condenas a reclusión perpetua, dos a prisión perpetua, una a veinte años y otra a doce.

Menéndez debió haber sido juzgado en el debate concluido en abril pasado en el que resultaron condenados 28 acusados y hubo un absuelto, pero no pudo incorporarse a ese juicio -iniciado en noviembre de 2013- porque estaba siendo juzgado en otros dos procesos en Córdoba y La Rioja.

El alegato de la Fiscalía

Como Menéndez es el único imputado y la prueba de los hechos fue producida en el juicio concluido en abril, el debate será un proceso corto comparado con el resto de los que se encuentran en trámite. En efecto, el juicio comenzó el 18 de noviembre pasado y ya transita la etapa de alegatos.

El fiscal Cristian Rachid describió en la primera jornada de su exposición el contexto de los hechos; el organigrama del aparato de poder criminal, especialmente del Área 333; la posición de Menéndez y las competencias dentro de ese organigrama; y las pruebas de la participación criminal del imputado en ese marco: planificación, organización, conducción y supervisión de la implementación del plan en el Área 333.

Rachid puso especial énfasis en la responsabilidad del acusado por los hechos ejecutados en Villa Mercedes por miembros de la Fuerza Aérea, en el marco de la implementación en la represión ilegal de "un esquema inorgánico de base eminentemente territorial"; y luego se abocó a la calificación legal de los hechos como delitos de lesa humanidad y en función de los tipos del Código Penal vigente al momento de los hechos y la imputación por autoría mediata por dominio de organización.

El representante del MPF continuará este miércoles con su exposición, con el abordaje de casos particulares correspondientes a víctimas de Luján y de la ciudad de San Luis. Entre ellas, dos continúan desaparecidas.