El viernes 23 de febrero pasado se llevó adelante la audiencia preliminar del juicio oral y público que se realizará contra el ex juez federal Eduardo Allende, el ex fiscal federal Hipólito Saá, el ex teniente de Artillería del Comando de Artillería 141 Alberto Eduardo Camps, y el ex médico de la Policía de la provincia de San Luis Jorge Omar Caram,  por su responsabilidad en las  privaciones ilegitimas de la libertad y tormentos contra 29 víctimas en el contexto del terrorismo de Estado en la provincia de San Luis. También estaba imputado en la causa Carlos Martín Pereyra González, ex secretario del juzgado Federal,  pero falleció en un accidente de tránsito antes que el expediente fuera elevado a juicio.

En el debate oral intervendrán la fiscal general Mónica Spagnuolo y el fiscal federal Cristián Rachid. El Ministerio Público Fiscal detalló, en su requerimiento de elevación a juicio del 2 de marzo de 2016,  que la denuncia que da origen a esta investigación “afirmó la existencia de supuestos delitos que el secretario del Juzgado Federal de San Luis Carlos Pereyra González y otros magistrados habrían cometido durante la tramitación de causas ´relacionadas con la lucha antisubversiva´. Estos delitos han consistido en omisiones de hacer cesar privaciones ilegítimas de la libertad o en la no investigación de hechos de tortura denunciados”.

De esta manera, el Tribunal Oral Federal Criminal de San Luis, integrado por la jueza María Paula Marisi, y los jueces Alberto Daniel Carelli y Julián Falcucci, tendrá la tarea de deslindar las responsabilidades de los imputados ya sea en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos o por haber llevado adelante tormentos y las privaciones ilegitimas de la libertad.

El juicio está integrado por dos causas acumuladas relativas a las violaciones a los derechos humanos cometidos en la provincia de San Luis durante la última dictadura militar, conocidas como "Magistrados" y "Caram Camps" . En este marco, se les imputa a Camps y Caram haber integrado “la organización criminal oculta tras el aparato de poder estatal que llevó a cabo el plan sistemático de eliminación de opositores políticos en esta provincia; así como por su directa intervención en la ejecución de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos impuestos” a un grupo de víctimas. A su vez Caram es señalado por cumplir “una función clave dentro del grupo de tareas policial, durante la ejecución de las acciones criminales, pues revisaba a las víctimas entre sesiones de tortura y mientras se encontraban cautivas en centros clandestinos de detención, para facilitar las tareas de los interrogadores y torturadores”.

Asimismo, y según profundizó el pedido de requerimiento de elevación a juicio oral, el Terrorismo de Estado contó en la provincia “con la complicidad de miembros de relevancia de un Poder Judicial que se adaptó sin más al «plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión» imperante en aquellos años”, en relación las imputaciones a Allende y Hipólito Saá.  En este sentido la causa expuso la mecánica ineficaz de la presentación de habeas corpus de familiares de víctimas de secuestros o detenciones ilegales a funcionarios judiciales, que luego omitían investigar los hechos criminales cometidos por las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas.  Los magistrados intervinientes son señalados “por numerosas y graves infracciones a sus deberes de funcionarios públicos, vinculados con los delitos de lesa humanidad” ejecutados en aquel tiempo y que llegaron a su conocimiento.

Cabe destacar que los imputados Allende, Saá, Camps y Caram se encuentran actualmente excarcelados, tras así haberlo dispuesto la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en función de considerar excesiva la duración de la prisión preventiva que pesaba sobre ellos sin condena.

Evitar la revictimización de los testigos sobrevivientes

Durante la audiencia preliminar, en la que el MPF planteó la necesidad de incorporar por lectura los registros en formato audiovisual de los testimonios brindados en debates anteriores de acuerdo con lo promovido por la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) en la Acordada 1/12. El tribunal solicitó a los acusadores a que en los próximos quince días circunscriban detalladamente las actuaciones cuya incorporación se pretende, de lo cual se correrá traslado a la defensa, que deberá hacer lo propio en caso de insistir en la comparecencia, especificar las razones y los puntos sobre los que quieren interrogar, cumplido lo cual, se resolverá.

En caso de acceder a lo solicitado por el MPF, la realización de este debate implicará no sólo evitar la posible revictimización de los testigos sobrevivientes y sus familiares, sino también el acotamiento de tiempos de audiencia y utilización eficaz de los elementos probatorios colectados en la tramitación de estas causas complejas y voluminosas.