El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza dictó ayer doce penas de prisión perpetua, once de entre 3 y 8 años de prisión y absolvió a cuatro personas en el marco del megajuicio por crímenes de lesa humanidad en San Rafael y una vasta zona del sur mendocino. El primer punto de la decisión declaró que "los hechos objeto de este proceso constituyen delitos de lesa humanidad en el marco de prácticas sociales genocidas".

El veredicto, pronunciado por unanimidad por las juezas Fátima Ruiz López y Gretel Diamante y el juez Pablo Díaz Lacava, llegó luego de más de dos años -comenzó el 25 de marzo de 2015- de audiencias orales y públicas que alternaron su sede entre los tribunales de la capital provincial y la Universidad Tecnológica de San Rafael, donde ayer se dio lectura a las 29 páginas con las conclusiones de los magistrados. El próximo 28 de agosto a las 18.00 horas darán a conocer los fundamentos de la decisión.

"Estamos satisfechos en líneas generales porque el tribunal receptó la acusación. Hay algunas diferencias en las penas y evaluaremos oportunamente los fundamentos para ver si corresponde ir o no a Casación", indicó a Fiscales el fiscal ad hoc de San Rafael Pablo Garciarena, quien intervino en el debate junto al fiscal general de Mendoza Dante Vega, titular de la Unidad de Derechos Humanos de Cuyo.

"De las 14 perpetuas solicitadas por el MPF, el tribunal condenó a doce, y sobre todo al personal de inteligencia. Es el primer caso en el que se condena a toda la sección de inteligencia como un engranaje fundamental del terrorismo de Estado. Es muy relevante", evaluó el representante del MPF, y destacó que en el caso de los condenados a penas en suspenso se les fijó la obligatoriedad de realizar cursos de derechos humanos y violencia institucional.

A un ex militar y a un ex policía condenados a penas en suspenso el tribunal les impuso la obligación de realizar un curso de derechos humanos y violencia institucional.

El proceso abordó los crímenes cometidos contra 72 víctimas, que tuvieron como escenario centros clandestinos de detención que funcionaron en la Municipalidad de San Rafael, la Unidad Regional II de la Policía, la Brigada de Investigaciones de Zona Sur, la Infantería de la Policía de San Rafael, el Regimiento militar de la localidad de Cuadro Nacional, la denominada Casa Departamental -sede de los tribunales provinciales-, las seccional de General Alvear, la seccional 24 de Malargüe, la seccional 32 de San Rafael, el Regimiento militar de Campo Los Andes, la Cárcel de Encausados de San Rafael, la Seccional 8va de la Policía de Mendoza, el Escuadrón 29 de la Gendarmería Nacional en Malargüe, la Oficina de Bomberos, la comisaría de Bowen, el Destacamento policial de Nihuil y la bodega Pico de Oro.

Las absoluciones dictadas ayer por el TOCF 2 fueron para el ex sargento de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Raúl Alejandro Olguín, y al ex agente de policía del Destacamento de Agua del Toro, Antonio Orellano, en línea con el pedido de la Fiscalía, y para el ex subcomisario de la seccional 8ª Daniel Navarro Farías y el ex integrante de la banda musical de la policía, Juan Antonio Gallardo, para quienes los representantes del Ministerio Público habían pedido penas de cinco y tres años de prisión, respectivamente.

En el último punto del veredicto, el 34°, el tribunal resolvió "liberar oficio al Jefe del Estado Ciudad del Vaticano a fin de poner en su conocimiento la grave intervención de sacerdotes de la diócesis de San Rafael, en crímenes de lesa humanidad". La alusión es para el sacerdote Franco Reverberi Boschi, quien se encuentra prófugo en Italia.

"En el juicio hubo cinco testimonios de víctimas de centros clandestinos de detención, de las cuales tres identificaron a Reverberi y otras dos hablan de un cura que hablaba italiano. Entendemos que no había dos curas italianos en esta zona", dijo Garciarena.

El sacerdote Franco Reverberi Boschi está prófugo en Italia. Tres víctimas hablaron de él y otras dos refirieron la presencia de un sacerdote que hablaba italiano en los centros clandestinos.

Las penas

Las condenas a la pena máxima dictadas por el tribunal correspondieron (todos son mencionados en función del cargo que ostentaban al momento de los hechos) al oficial de la Oficina de Sumarios de la Seccional 32° de San Rafael Hugo Ramón Trentini Colletti, al jefe de Operaciones (D-3) de la Policía mendocina Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez, al jefe de la División Cuerpos de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza Pierino David Massaccesi, al sargento ayudante de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, Cecilio Oseas Martínez Garay, al oficial ayudante del D2, Daniel Ernesto Huajardo Martínez, al sargento de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, Juan Armando Giovarruscio, al integrante del grupo de tareas del D-2, Juan Roberto Labarta, al militar que usurpó el cargo de comisionado municipal, Luis Alberto Stuhldreher, al jefe de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, Luis Ricardo Rizo Avellaneda, al oficial del D2, Oscar Raúl Pérez Fernández, al jefe de la Unidad Regional II Raúl Alberto Ruiz Soppe y al teniente de la VIII Brigada de Infantería de Montaña Aníbal Alberto Guevara.

Para todos ellos, la Fiscalía había pedido la imposición de penas de prisión perpetua, al igual que para los tenientes de la VIII Brigada de Infantería de Montaña Miguel Ángel Báez Malbec y Carlos Alberto Ochoa, a quienes finalmente el TOCF condenó a penas de ocho y siete años de prisión, respectivamente.

El tribunal también impuso ocho años de prisión al oficial principal de la Unidad Regional II Norberto Ernesto Mercado Laconi; 6 años de prisión al comisario de la Delegación Bomberos de San Rafael Tomás Luis Rojas García; 4 años de prisión al comisario de la Brigada de Investigaciones de la Zona Sud Luis Juan Edgardo Graín Farina, al subcomisario de la Seccional 24 de Malargüe Ciro Isidro Maza Correa
el oficial de Infantería Emilio Eduardo Castro, al comisario de la Seccional 26° de Villa Atuel Argentino Eduardo Villafañe y al ex agente de la Dirección de Comunicaciones de la Unidad Regional II Miguel Ángel Megetto; y tres años de prisión en suspenso al policía Osvaldo Domínguez y al subteniente del Regimiento de Infantería de Montaña 11 con asiento en el departamento de Tupungato, Rafael Francisco Bitti.

A estos últimos, el tribunal les impuso una serie de reglas de conducta, entre las que figuran "realizar un curso de derechos humanos y violencia institucional con una duración mínima de 50 horas cátedra, a cargo de una institución pública" y "realizar tareas no remuneradas, a favor del Estado, a razón de dos
horas semanales, en una institución, asociación u organización de bien público o de surgir algún inconveniente, en el lugar que le asigne el juez de ejecución".