La Fiscalía General de Santa Fe, a cargo de Martín Suárez Faisal, requirió al Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción que condene a penas de entre 8 y 23 años de prisión a los siete imputados -seis ex policías provinciales y un ex integrante del Ejército- al considerarlos responsables, según el caso, de allanamientos ilegales, privación de la libertad, tormentos, violación y abuso sexual en perjuicio de diez víctimas, entre 1976 y 1977. La causa tuvo su origen a partir de la remisión de declaraciones testimoniales vertidas durante el juicio en que resultó condenado -entre otros- el ex juez Víctor Brusa. Entre las particulares de este juicio cabe mencionar que tres de las víctimas eran menores de edad -contaban con apenas 14, 16 y 17 años, respectivamente- al momento de producirse su detención ilegal.

Al exponer su alegato, la Fiscalía tuvo plenamente acreditada la responsabilidad penal de cada uno de los imputados en los hechos bajo análisis, a partir de la reconstrucción efectuada  a través de los testimonios coincidentes de las víctimas, documentación –entre la que se encuentran los legajos oficiales que dan cuenta del nivel jerárquico y la función asignada en la Policía de la Provincia de Santa Fe- así como las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención que formaron parte del circuito represivo instrumentado por el terrorismo de Estado en la provincia.  Con respecto a este último punto, a instancias del Ministerio Público Fiscal el tribunal, integrado por los jueces María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Luciano Homero Lauría, llevó adelante una serie de inspecciones oculares en la Comisaría Primera de Santa Fe y en la dependencia de Obispo Gelabert y San Martín de esa ciudad, donde actualmente funcionaría la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, y que también habría sido utilizado como centro de detención ilegal.

La Fiscalía encontró a los imputados como responsables, según el caso, de allanamientos ilegales, privación de la libertad, tormentos, violación y abuso sexual en perjuicio de diez víctimas.

Parte de los hechos sufridos por la mayoría de las víctimas ya habían sido probados en la causa “Brusa” en la cual fueron condenados tres de los acusados en el presente juicio. Tras la privación ilegal de su libertad, las víctimas transitaron su cautiverio en distintos centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la policía provincial, entre ellos la Comisaría Primera, Comisaría Cuarta y la Guardia de Infantería Reforzada, lugares donde, además del cautiverio ilegal, las víctimas padecieron simulacros de fusilamientos e interrogatorios bajo tortura. Se juzgan además hechos de violencia sexual contra dos víctimas.

La Fiscalía requirió la pena más alta (23 años) para Eduardo Alberto Ramos Campolongo, quien se desempeñó como Oficial Ayudante en el Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de la Provincia de Santa Fe, a quien le atribuyó haber integrado una patota junto a otros miembros de esa repartición. Ya juzgado y condenado en la causa "Brusa", la Fiscalía lo consideró responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados, violación sexual agravada, abuso deshonesto y violación de domicilio por allanamiento ilegal, todo ello en concurso real.

Las víctimas transitaron su cautiverio en distintos centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la policía provincial, entre ellos la Comisaría Primera, Comisaría Cuarta y la Guardia de Infantería Reforzada.

En tanto, solicitó 20 años de prisión para el integrante del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército Argentino, Héctor Melitón Martínez, y para el entonces subjefe de la Comisaría Primera de la Policía de Santa Fe, Ricardo Ferreyra; diez años para la ex agente de la Brigada Femenina de la U.R.I. de Santa Fe María Eva Aebi y ocho años para el agente de la Guardia de Infantería Reforzada Eduardo José Córdoba. Por último, pidió que se condene a Juan Calixto Perizzotti, ex coordinador del Área de Defensa 212 y jefe de la Guardia de Infantería Reforzada -considerado uno de los mayores centros clandestinos de detención de la región-, a quince años de prisión, mientras que para el ex agente de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Santa Fe Víctor Hugo Cabrera requirió doce años de prisión.

El debate oral y público continuará este jueves con los alegatos de las defensas. Luego, las réplicas y dúplicas están previstas para el lunes próximo; en tanto que las últimas palabras de los acusados y la sentencia tendrían lugar el 24 de mayo.