El fiscal general Alejandro Alagia y el auxiliar fiscal Agustín Vanella, integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, solicitaron hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ampliación de las acusaciones en el juicio por los crímenes perpetrados durante la última dictadura en el centro clandestino de detención “El Vesubio”.

En el proceso judicial se examina actualmente la responsabilidad de seis ex miembros del Servicio Penitenciario Federal y dos ex militares por 50 homicidios y 370 casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos. Los representantes del MPF solicitaron hoy que ese objeto se amplíe a delitos sexuales (34 hechos), secuestros coactivos (200), torturas (191) y homicidios (24). El tribunal, integrado por los jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez, deberá ahora resolver la solicitud de las ampliaciones.

En el debate se juzga el tercer tramo de la investigación sobre crímenes cometidos en ese aquél centro clandestino de detencion que funcionó bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército. Se encuentran acusados por los crímenes los ex miembros del Servicio Penitenciario Federal que cumplieron tareas en esa época como ayudantes de 5°, Milcíades Luis Loza y Olegario Domínguez; los subayudantes Roberto Horacio Aguirre y Florencio Esteban Gonceski; el oficial adjutor Hugo Roberto Rodríguez y el adjutor principal Eduardo David Lugo. También están acusados los militares Humberto Eduardo Cubas y David Cabrera Rojo. En tanto, el ex teniente primero Serapio Eduardo del Río fue apartado del proceso por problemas médicos, mientras que el ex cabo Oscar Alberto Pirchio falleció recientemente, por lo que fue declarada extinta la acción penal en su contra.

El tribunal, integrado por los jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez, deberá ahora resolver la solicitud de las ampliaciones.

En la audiencia de hoy, la fiscalía fundamentó que “no hay inmutabilidad de la acusación fiscal si en el debate se introducen hechos nuevos que formen parte de una continuidad delictiva o constituyan una agravante de calificación de las conductas que se imputan en la acusación anterior al juicio. Esta posibilidad de ampliar la acusación está contemplada en la ley procesal penal federal y en todos los códigos procesales del país”.

En este mismo sentido, la acusación sostuvo que “la continuidad delictiva entre las privaciones ilegales de la libertad, los tormentos y los homicidios calificados son hechos que constituyen una unidad de acción”. Según detalló la fiscalía, los homicidios “no constituyen un imprevisto de hechos anteriores ni son producto del azar”; por el contrario “son el último eslabón del plan querido por los acusados”.

Además, el MPF desarrolló sobre la solicitud de las ampliaciones en torno a los ataques sexuales perpetrados en el marco del aparato represivo desplegado: “El funcionamiento patriarcal del circuito concentracionario que hizo de los cuerpos de las mujeres objeto de propiedad y ubica la violencia sexual como acto de poder y posesión, surge de varios testimonios”.

Asimismo, la fiscalía hizo alusión a las acciones perpetradas por los acusados en el marco de la metodología de terror “aplicada sobre los cuerpos de las mujeres que configuran una especificidad de un terror diferente, el 'terror sexual'. Esta nueva comprensión abarca tres aspectos: la dimensión general y compleja de la violencia sexual en este centro clandestino, nuevos sucesos relatados por primera vez en un juicio oral y un conocimiento más abarcativo y profundo de otros hechos específicos de la misma naturaleza”.