Como parte de una estrategia que involucra varias etapas de una misma investigación sobre 114 imputados, de los que ya fueron condenados 40, se avanza en el enjuiciamiento sobre 36 integrantes más de la organización -mediante las reglas del juicio abreviado y del juicio común- que operó en Itatí, mientras otros 25 esperan la próxima fijación de audiencia. En ese contexto, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron ayer la clausura de la etapa de instrucción y la elevación a juicio del ex magistrado federal Carlos Vicente Soto Dávila y otros ocho imputados, entre ellos dos de sus secretarios, a quienes se atribuye beneficiar a personas investigadas por narcotráfico en esa ciudad correntina a cambio de dádivas.

En el marco del juicio que se sustancia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 3 de la Capital Federal -integrado por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos-, los titulares de la Fiscalía General N° 4 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Juan Patricio García Elorrio y Diego Iglesias, respectivamente, acordaron con las defensas técnicas conforme la voluntad jurídica de 25 acusados que aceptaron de forma expresa los hechos materia de la acusación y las penas requeridas.

En ese procedimiento los imputados reconocieron haber formado parte de una organización criminal destinada a cometer diferentes delitos como así también -en la mayoría de los casos- haber participado en el comercio de estupefacientes, agravado por la intervención de funcionarios de las fuerzas de seguridad y por haberse servido de menores de 18 años para llevar adelante la tarea.

Natividad Terán, ex intendente de la localidad de Itatí, reconoció haber tomado parte de una asociación destinada a cometer delitos mientras que Fabián Adrián Aquino, ex vice intendente comunal, admitió también haber tomado parte en la asociación y su participación en el comercio de estupefacientes.

La situación de uno de los principales cabecillas de la organización, Carlos Alberto Bareiro -alias “Cachito”- habrá de ser resuelta en el marco del debate. Bareiro fue acusado como “jefe” de la organización delictiva y como organizador de las maniobras concretas de tráfico ilícito de estupefacientes. Además, continúan sometidos a juicio Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga, quien prestaba funciones como comisario en Itatí por la policía provincial, y dos ex miembros de la Policía Federal que se desempeñaban en la Delegación Corrientes de esa fuerza de seguridad, con los grados de subcomisario -Rubén Ernesto Ferreyra, alias “Patrón”- y sargento -Carlos Víctor López-.

Cabe poner de resalto que otro de los sindicados como cabecilla del grupo criminal Luis Alberto Saucedo conocido como “Lucho”, fue recientemente detenido en Paraguay y extraditado.

A la espera de un segundo debate oral
Otros 25 integrantes de la misma organización criminal, entre ellos Juan Manuel Faraone, ex intendente de la localidad correntina de Empedrado, y Mariela Alejandra Terán, hija del ex intendente de Itatí, habrán de ser juzgados en el marco de otro juicio subsiguiente, para el que se aguarda se fije fecha de audiencia

Pedido de elevación a juicio para Soto Dávila
Por otra parte, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4 Carlos Stornelli junto con el fiscal Iglesias requirieron ayer ante el Juzgado N° 12 de ese fuero la clausura de la instrucción y la elevación a juicio de la causa CFP n° 9886/2018., en la que consideraron acreditada la existencia de otra organización criminal, integrada por Carlos Vicente Soto Dávila -en calidad de “jefe”, ex titular del Juzgado Federal n° 1 de Corrientes-, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau -secretarios penales de ese tribunal-, como así también por un grupo de abogados de Corrientes -en calidad de “miembros”-, dedicada a realizar diferentes delitos en violación de sus funciones con el fin de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico a cambio de dádivas -pagos de dinero o promesas de pago-. El pedido alcanza, en total, a 9 imputados, entre quienes también se encuentra Juan Manuel Faraone, de estrecha relación con el ex magistrado.

Para el MPF, la asociación ilícita benefició a narcotraficantes de Itatí -en su mayoría integrantes del grupo criminal descubierto en la anterior causa- a cambio del pago de coimas. De acuerdo a la investigación, el ex magistrado y sus secretarios disponían detenciones en investigaciones de narcotráfico para luego negociar con los responsables de esas maniobras a cambio de dinero, que era percibido y entregado a través de los abogados, para luego dejar sin efecto esas detenciones u ordenar excarcelaciones, contrariando flagrantemente lo ordenado previamente en el mismo expediente.