En base a lo requerido por el fiscal federal de Catamarca Santos Edgardo Reynoso y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el juez federal de primera instancia de Catamarca Ricardo Antonio Moreno dispuso los allanamientos realizados en el día de ayer, que tuvieron como resultado la aprehensión de Barakat Barakat y Fadel Barakat. Ambos serán indagados en función de haber aportado las sustancias de estiramiento incautadas el 13 de diciembre de 2010 en la localidad de Icaño, provincia de Catamarca, en el domicilio donde funcionaba un laboratorio ilícito de fabricación de cocaína.

En este sentido, como resultado del allanamiento efectuado en el domicilio particular de Barakat Barakat de Salvador Mazza, no sólo se logró su detención sino que también se procedió al secuestro de 77.000 kilos de bicarbonato de sodio, $430.000, armas de fuego, documentación comercial referida a precursores químicos, tres vehículos de alta gama Chevrolet Camaro, Ford Mondeo y Chevrolet Vectra, entre otros elementos de interés.

Otro procedimiento se concretó en el domicilio particular de Fadel Barakat, donde se hallaron 6.500 kilos de bicarbonato de sodio y documentación comercial sobre precursores químicos.

Es importante resaltar que los precursores químicos son aquellas sustancias químicas –materias primas- utilizadas para la fabricación de estupefacientes.

La investigación llevada a cabo por el fiscal federal de Catamarca y la Procunar tenía por objeto determinar quiénes resultaban ser los responsables de haber aportado al menos 25 kilos de lidocaína, 50 de manitol y 25 de Analgin DAB 10 o Dipirona Sódica DAB 10, todas sustancias de corte necesarias para la adulteración de la cocaína que fueron halladas en el domicilio de Icaño.

En este sentido, si bien la causa se encontraba archivada, las nuevas constancias incorporadas autorizaban fundadamente a sospechar que los nombrados habían sido quienes proveyeron las sustancias químicas descriptas, no sólo porque sus nombres figuraban en las etiquetas de los productos, sino porque se aportaron las facturas y los remitos que acreditaban que fueron aquellos quienes las adquirieron, para luego destinarlas al inmueble en el que fueran secuestradas junto con la sustancia estupefaciente y los precursores químicos.