24 de septiembre de 2020
24 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervino el fiscal general Daniel Adler
Confirman los procesamientos de integrantes de una banda narco que operaba desde hace más de diez años en Mar del Plata
La Cámara Federal de Apelaciones mantuvo las acusaciones, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, para seis personas sindicadas como integrantes de una asociación ilícita y por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Además están acusados dos posibles testaferros de la organización, que tenía numerosas propiedades y vehículos, a pesar de no contar con ingresos declarados. La principal pantalla era una concesionaria de autos. Los magistrados destacaron los vínculos del principal acusado con otras causas de narcotráfico.

Luego de una audiencia oral y pública donde contrapusieron posiciones la Fiscalía General y las defensas, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó los procesamientos de seis personas acusadas de ser parte de una asociación ilícita dedicada a maniobras de tráfico y comercialización de cocaína y del delito de lavado de activos, mientras que dos personas llegan a esta instancia como supuestos testaferros de la banda, acusados sólo por lavado agravado.

La investigación se inició en 2012 ante la posible vinculación de Sala con distintas organizaciones dedicadas al comercio y distribución de estupefacientes en Mar del Plata, distintos puntos del país e incluso en el exterior, donde enviaría “mulas” e incluso correos con sustancias estupefacientes. La causa que se centró en la Justicia Federal de Mar del Plata acumuló expedientes que tramitaban ante otras dependencias, por razones de conexidad y para un mejor ordenamiento de la pesquisa. El gran caudal de dinero que estaría en juego llevó a que la investigación dirigida por el juez federal Santiago Inchausti, con la intervención de la fiscala federal Laura Mazzaferri –con colaboración la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR)- no se centrara únicamente en detectar el camino de la droga, sino también en investigar de qué manera las ganancias ilícitas eran volcadas al mercado legal, lo que llevó a formar una causa en 2017 para investigar posibles maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico, que luego se unificó al legajo principal.

La investigación no se centró sólo en detectar el camino de la droga, sino también en investigar de qué manera las ganancias ilícitas eran volcadas al mercado legal.

A la vez, la Delegación Departamental de Investigación puso en conocimiento del MPF que Sala desarrollaría maniobras de narcocriminalidad en infracción a la ley 23.737. Esto llevó a la realización de tareas de investigación de campo y se interceptaron comunicaciones telefónicas para dar con los movimientos que desarrollaba la organización. Incluso, se incorporaron al legajo informes provenientes de la U.I.F., como así también del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción de la Fiscalía General de Cámaras de Mar del Plata, en los cuales se analiza el modo en el que operaría la estructura criminal.

Analizado el escenario, se dispusieron en marzo del corriente año una multiplicidad de órdenes de allanamiento, secuestro, requisa y detenciones que permitieran acreditar la posible conformación de una asociación criminal compuesta por una multiplicidad de personas que mediante la distribución de roles habrían desarrollado, al menos desde el 27 de abril de 2008 en esta ciudad, maniobras vinculadas con el tráfico ilegal nacional y trasnacional de estupefacientes, y lavado de activos.

Las pruebas recolectadas durante la instrucción de la causa, y luego de recibir la declaración indagatoria de los acusados y acusadas, el juez Inchausti dispuso los procesamientos, que fueron objetados por las defensas. De este modo, se realizó a fines de agosto una audiencia oral y pública para oír los planteos de los abogados defensores y también al fiscal ante este instancia, Daniel Adler, quien pidió sostener las acusaciones y puso de relieve la organización criminal investigada: “Estamos frente, quizás, a una de las causas más emblemáticas de esta jurisdicción”, había dicho.

De esta manera, quedaron las actuaciones para resolver por parte de los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel, quienes realizaron en primer término consideraciones generales del derecho penal sobre la asociación ilícita y el lavado de activos, para luego dar cuenta de la vinculación de la organización y sus miembros con el delito de narcotráfico. A partir del análisis de la causa entendieron que el magistrado de primera instancia “ha formulado una estimación congruente, acorde y plausible que permite tener por acreditada mediante semiplena prueba la vinculación de Sergio Víctor Sala, y de otros componentes de la organización, con distintos sujetos que han sido condenados o vinculados en causas penales referidas al delito de narcotráfico”. A lo largo de la resolución de Inchausti, entendieron, se logró “consolidar el rol de distribuidor o proveedor de material estupefaciente del nombrado en la ciudad de Mar del Plata, como en zonas aledañas, a la vez que mencionó distintos hechos que lo enlazan con envíos de narcóticos al Reino de España”.

Los roles de la organización

Sala está acusado por considerarlo “prima facie” jefe y organizador de la asociación ilícita, en concurso real con el delito de organizador de actividades de narcotráfico y contrabando de estupefacientes, en concurso real –a su vez- con el delito de lavado de activos provenientes de un ilícito, agravado por ser realizado con habitualidad y en el marco de una organización.

También llegan acusadas dos hermanas, María Lorena Sala y Bettina Lorena Sala, ambas por integrar la asociación ilícita y el delito de lavado. Si bien sus defensas intentaron deslindar de responsabilidad penal a las imputadas diciendo que sólo son hermanas del hombre acusado como jefe de la banda, para los magistrados la información que consta en la causa las involucra, entre otras cuestiones, por el nivel de vida que llevan y los bienes a su nombre, que dista notoriamente de la realidad económica que declaran ante los organismos de control.

Incluso aparecen en alguna de las sociedades creadas por la organización mediante las cuales se intentaría convertir la utilidad monetaria de una actividad ilícita, pretendiendo “lavar” su origen espurio y convertirlo en activos con los cuales pueda aprovecharse financieramente el producto de esos delitos. Los jueces repararon en cuatro entidades creadas, entre ellas la concecionaria Mundo Car, que sería la principal pantalla para volcar al mercado financiero el dinero mal habido.

A su vez, están procesadas dos ex parejas de Sala y la hermana de una de ellas: Cintia Delia Taberna, Johanna Taberna y Brenda Maldonado. Se las acusa de ser parte de la asociación ilícita y por el delito de lavado de dinero. Entre la prueba colectada, los magistrados destacaron que en la casa de Cintia Taberna, al momento del allanamiento se secuestraron vehículos y motos que podrían estar vinculados a la operatoria comercial que se realizaba en “Mundo Car”, más de 700 mil pesos y 17 mil dólares, y documentaciones varias que no tendrían relación con las actividades declaradas por la mujer, como talonarios de pago que darían cuenta de ventas de dúplex y diversos rodados, más de veinte cheques y dos pagares.

Sobre Maldonado se planteó que más allá de la relación amorosa habida, se verifica la participación de la nombrada en la estructura delictiva, y también se reparó en la calidad de vida que llevaba, que no era acorde con la realidad declarada ante los órganos de control.

Por último, se analizó la responsabilidad de Tania Sofia Di Norcia y Walter Esteban Josserme, quienes actuarían como testaferros de la organización y están procesados por el delito de lavado de activos agravado, de acuerdo a la documentación que consta en el expediente como la compra de una camioneta a Sala, valuada en más de un millón y medio de pesos, sin ingresos que lo respalden en el caso de la mujer, o una realidad patrimonial no acorde a las ganancias que el hombre obtenía de su actividad.

Al momento de dictar los procesamientos, el juez Inchausti había dispuesto el secuestro preventivo con fines de decomiso respecto de 48 vehículos, sumas aproximadas de 1.150.000 pesos, casi 31 mil dólares, 50 euros, y se cautelaron con idéntico fin 15 inmuebles. El embargo sobre bienes y dinero del líder de la organización, procesado en los términos del artículo 7 de la ley 23.737, fue fijado en los 100 millones de pesos.