15 de septiembre de 2019
15 de septiembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervino en la audiencia el fiscal general Daniel Adler
Mar del Plata: el MPF sostuvo las acusaciones contra una organización dedicada al tráfico local e internacional de estupefacientes y el lavado de activos
En la causa se dispuso el secuestro preventivo de 48 vehículos, 15 propiedades, más de 1 millón de pesos y 30 mil dólares. El fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones destacó la importancia de que la Justicia escale en las responsabilidades de las grandes organizaciones y el trabajo articulado con la unidad fiscal de estupefacientes de la Provincia de Buenos Aires.

En la sala de audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones –y bajo el contralor de los jueces que integran el tribunal-, los abogados defensores en primer término y el Ministerio Público Fiscal luego, representado por el fiscal general Daniel Adler, expusieron sus argumentos para desestimar o sostener los procesamientos que pesan sobre siete personas acusadas de ser parte de una organización ilícita dedicada a maniobras de tráfico y comercialización de cocaína y del delito de lavado de activos, mientras que dos personas llegan a esta instancia como supuestos testaferros de la banda, acusados solo por lavado agravado. Los antecedentes que constan en distintas causas del fuero federal y provincial, ubican al líder de la banda como “el dueño de la droga de Mar del Plata”. “Estamos frente, quizás, a una de las causas más emblemáticas de esta jurisdicción”, remarcó el representante del MPF.

Adler abrió su alegato -ante los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel- preguntando en qué sociedad estamos dispuestos a vivir: “En una donde los bienes se adquieran a partir de la venta de estupefacientes, o donde el dinero se adquiera lícitamente. Si la respuesta es la segunda, debemos preguntarnos cómo hacemos para combatir la narcocriminalidad”. En este sentido, destacó la decisión del MPF, representado en la primera instancia por la fiscal Laura Mazzaferri con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y del magistrado Santiago Inchausti, de ir por las organizaciones criminales de peso.

Enseguida, y al centrarse en quien está acusado de ser el líder de la banda, Sergio Víctor Sala, conocido como “Cocón”, puso de relieve el trabajo articulado entre la justicia federal y la fiscalía especializada en estupefacientes de la Provincia de Buenos Aires, en una anticipación de lo que marca el nuevo Código Penal de la Nación para el abordaje de las grandes causas de narcotráfico.

“Estamos frente, quizás, a una de las causas más emblemáticas de esta jurisdicción”, remarcó el representante del MPF.

Las defensas de los imputados argumentaron uno a uno los agravios presentados ante la Cámara. En líneas generales, cuestionaron la participación de sus defendidos en los hechos imputados, la calificación legal impuesta, el monto de los embargos y las medidas cautelares de secuestro de bienes con fines de decomiso dispuestas en la resolución apelada.

La estructura delictiva

El fiscal general señaló que la organización se mantiene desde 2008, de acuerdo a la hipótesis de investigación y la prueba colectada en base a escuchas telefónicas, causas previas y numerosas observaciones. Incluso, se habla de complicidades policiales y judiciales. Y recordó las avionetas que cayeron en Las Flores con droga proveniente del norte del país, que incluso forman parte de causas que han sido tratadas en esta instancia judicial.

En efecto, reparó en que Sala “no pudo hacer esto solo”. “¿A quién se recurre sino a los más cercanos? Es una cuestión que tiene que ver con la confianza que genera la opacidad de los negocios. Si en los negocios lícitos se tiene confianza en el affectio societatis que generan los familiares, más aún en los negocios que se quieren ocultar. No se trata de derecho penal familiar”, aseguró. Están procesadas también dos hermanas, un cuñado y ex parejas.

Por otro lado, destacó la lógica por la cual el líder de la banda intentaría estar lo más lejos posible de la droga que comercializaba y lo enriquecía: “Esto está descripto en la literatura jurídica. La imputación es de organizador, no de transportista de la droga. Cuanto más cerca se está de la cúspide en la organización, más lejos se está del material estupefaciente”.

La venta de autos como pantalla

El representante del MPF se refirió al negocio elegido como pantalla, una agencia de automotores, y dijo que no es una estrategia nueva: “conocemos el antecedente Mariscal, y también consta la relación de Mariscal con esta organización”, reparó. Se refería a Juan Manuel Mariscal, un hombre condenado en 2014 a siete años de prisión por transportar -por la autovía 2- 150 kilos de cocaína.

De acuerdo a las pruebas reunidas, Sala decidió volcar las ganancias de la comercialización de droga en la compra de vehículos, a través de un local que tenía en la avenida Colón al 5100. “No existen constancias de las compras, pero los vehículos estaban en el lugar que nadie duda es del señor Sala”, aseveró.

“Mundocar era una fantochada: no era una agencia de autos, era un lavadero y no de autos, sino de dinero. Y lo justifica una pluralidad de indicios”, sostuvo el fiscal. No sólo la agencia está a su nombre, sino que –sostuvo el fiscal- era atendido por su cuñado y coimputado en la causa. Se trata de Santiago Carrivale, quien vivía en avenida Tejedor al 3300, lugar que fue investigado y allanado también por los movimientos de venta de droga detectados.

Luego, al referirse a la imputación que recae sobre dos hermanas de Sala, María Lorena y Bettina Romina, reparó en que no se las persigue por el lazo familiar “sino que se las imputa porque a su nombre tenían elementos –casas o autos- que de ningún modo podían justificar con sus ingresos”.

Cómo actuaba la organización

En la causa se investiga el accionar de una organización criminal que mediante distribución de roles y capacidad para articular acciones, desarrollaría maniobras de tráfico local y trasnacional de estupefacientes, al menos desde abril de 2008, que consistirían en la adquisición y transporte fundamentalmente de clorhidrato de cocaína desde Salta hasta el conurbano bonaerense, y desde allí hacia Mar del Plata, donde serían distribuidos para su comercialización en la ciudad y la zona.

En paralelo, se desarrollaría el tráfico internacional, a través del contrabando de exportación de estupefacientes al Reino de España, mediante distintas modalidades de ocultamiento, como el viaje de personas con la sustancia oculta en sus ropas, o bien mediante el envío de piezas postales, que serían recibidas por personas que integran la organización con domicilio en el país de destino.

A su vez, la organización liderada por “Cocón” Sala, en conjunto con personas de su círculo íntimo de confianza y familiar, habría colocado en el mercado formal el dinero obtenido del narcotráfico, con la intención de darle un carácter de licitud. Para ello, desarrolló operaciones comerciales y actividades de fachada, como la adquisición de bienes muebles e inmuebles, y la compra y venta de automóviles, la constitución de sociedades, y hasta la preparación o conducción de autos de carrera.

Al momento de los procesamientos se dispuso un embargo sobre bienes y dinero del líder de la organización, fijado en 100 millones de pesos.

Por otro lado, y más allá de la reserva que mantenían los investigados al desarrollar la actividad ilícita, surgieron en la causa distintos elementos objetivos y concretos que conducen a mantener firme la sospecha de que el exuberante patrimonio que maneja la familia Sala –por sí o por personas interpuestas- provienen de maniobras de narcotráfico. Un dato no menor: días después de dictarse los procesamientos, se registró y escaneó un auto Fiat Strada que permanecía secuestrado en un playón de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, personal de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina secuestró dentro de la guantera dos bolsas de nylon: contenían más de un kilo y medio de sustancias compactadas de color amarronadas, que sometidas a pericia se determinó que se trata de MDMA (éxtasis).

Al momento de dictar los procesamientos, el juez Inchausti había dispuesto el secuestro preventivo con fines de decomiso respecto de 48 vehículos, sumas aproximadas de 1.150.000 pesos, casi 31 mil dólares, 50 euros, y se cautelaron con idéntico fin 15 inmuebles. El embargo sobre bienes y dinero del líder de la organización, procesado en los términos del artículo 7 de la ley 23.737, fue fijado en los 100 millones de pesos.