10 de julio de 2020
10 de julio de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervino la Fiscalía General ante el Tribunal Oral de Corrientes, con la colaboración de PROCUNAR y la DGRADB
Confirmaron condenas de hasta 20 años de prisión y millonarios decomisos para la organización de los "narcoaviones"
Se trata de una organización criminal que ingresaba estupefacientes desde Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, mediante vuelos clandestinos, cuyos integrantes habían sido condenados en 2017 a penas de entre ocho y 20 años de prisión. Casación ratificó además el decomiso de bienes, entre los que se encuentran más de 7.400 hectáreas de campo utilizados para descargar los cargamentos de cocaína.

La sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una serie de recursos interpuestos por las defensas y confirmó en lo esencial el fallo dictado en abril de 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes -integrado por Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni- , mediante el cual condenó a penas de entre ocho y 20 años de prisión a diez integrantes de una organización transnacional que ingresaba cocaína a nuestro país mediante vuelos clandestinos hacia la localidad correntina de Santo Tomé.

Asimismo, el máximo tribunal penal del país ratificó los decomisos oportunamente ordenados sobre los establecimientos rurales "Santa María del Aguapey" y "Santa Úrsula", equivalentes a una superficie superior a las 7 mil hectáreas de campo que eran utilizadas por la organización para descargar la droga, y sobre las aeronaves, vehículos, dinero y demás bienes secuestrados durante la investigación. En el debate oral intervino la Fiscalía General ante el TOF, a cargo de Carlos Schaefer y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), en tanto en la etapa recursiva el MPF estuvo representado por el fiscal Ricardo Wechsler.

Casación también ratificó decomisos de más de 7 mil hectáreas de campo utilizadas para descargar la droga, y de aeronaves, vehículos, dinero y otros bienes

La Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Carmen Chena, colaboró con el trabajo de la Fiscalía en cuanto a los requerimientos de las medidas cautelares de orden patrimonial finalmente obtenidas. De hecho, en agosto del año pasado la justicia autorizó la designación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como administrador de los campos antes mencionados.

"La conclusión a la que arribó el a quo aparece sustentada en una adecuada valoración de los elementos probatorios que integraron la compulsa del tribunal de mérito, sin que se verifique ningún vicio o defecto que importe la vulneración de los artículos 123 y 404 del CPPN", sostuvo el juez Carlos Mahiques en el voto que presidió el acuerdo.

Por su parte, la jueza Liliana Catucci adhirió al planteo de su colega y agregó: "Solo he de remarcar que nos encontramos ante una asociación delictiva con características de mafia internacional, enfocada principalmente en el narcotráfico a gran escala que involucró a individuos de distintos países y una organización que se demostró de gran sofisticación y sostenida en el tiempo; circunstancias graves todas ellas que encuentran su correspondencia en las penas impuestas –a excepción de la de Pacheco- siguiendo el criterio del más alto Tribunal del país que ha sostenido la necesidad de defenderse “del flagelo temible y desgarrador del narcotráfico” (conf. CSJN 402/2014, “Fredes”, rta. el 6/3/2018).

El tribunal de alzada solo hizo lugar al recurso interpuesto por la defensa de uno de los imputados respecto a la pena que le fuera impuesta -20 años de prisión-, y ordenó que se remita las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento, bajo este alcance.

El año pasado la justicia autorizó la designación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como administrador de los campos recuperados

El caso

La investigación se inició en noviembre de 2013, cuando el Jefe del Escuadrón N°57 “Santo Tomé” de la Gendarmería Nacional informó al Juzgado Federal de Paso de los Libres, que en el establecimiento ganadero “Santa Úrsula” –ubicado a 110 kilómetros de dicha localidad correntina- los días miércoles y jueves aterrizaba una avioneta, que permanecía en el lugar 45 minutos, la cual era custodiada por hombres fuertemente armados. Así, el 14 de noviembre de ese año se ordenaron una serie de allanamientos que concluyeron con el arresto de Carlos Pacheco.

En el procedimiento realizado en la Estancia “Santa María del Aguapey” –propiedad de Hilda Calabrese- se advirtió la existencia de una pista de aterrizaje rudimentaria, al tiempo que se encontraron una avioneta Cessna, distintos vehículos, una cisterna con combustible para aeronaves y un acoplado con doce bultos, cada uno de los cuales contenía veinticinco paquetes de clorhidrato de cocaína, por un pesaje total de 329,872 kilogramos. También se incautó documentación de interés para la investigación, teléfonos celulares y armamento. Asimismo, se procedió a la detención de siete de los acusados.

Aquel día también se allanó la Estancia “Santa Úrsula”, en la que se encontraron piezas de aeronaves y, ocultas entre la vegetación, dos avionetas, en cuyo interior se encontraron documentos. También se realizó un procedimiento en la vivienda de Pacheco, donde se secuestró dinero, computadoras, documentación y vehículos. Un año después, en febrero de 2014, se practicó un procedimiento en la vivienda de Calabrese, donde se la detuvo y se secuestró un vehículo de alta gama, teléfonos celulares y documentación de interés para la pesquisa.

Por su parte, Niemez quedó detenido al presentarse espontáneamente en el Juzgado, el 7 de abril de 2014, mientras que Acosta fue apresado en la noche del 25 de abril de ese año, cuando realizaba los trámites migratorios para cruzar el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas y Encarnación (Paraguay).

En 2015, los acusados fueron procesados en orden al delito de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, agravado por la organización y cantidad de intervinientes, en concurso real con el delito de asociación ilícita.