En una presentación conjunta, Aníbal Fabián Martínez y Diego Iglesias -titulares de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), respectivamente- le solicitaron al responsable del Juzgado Federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, que comunique a la República Federativa de Brasil, a través de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, el interés de que Marino Divaldo Pinto de Brum sea juzgado en dicho país, por ser el líder de la banda que se dedicaba al narcotráfico mediante el uso de aviones y que operaba en la localidad correntina de Santo Tomé.
La presentación de los representantes del Ministerio Público Fiscal argentino ocurre luego de que la República Federativa de Brasil informara que no era posible extraditar a Pinto de Brum, señalado como el líder del cartel narcocriminal “Comando Vermelho”, que encabezaba la banda de los narcoaviones que operaba en Corrientes y que, actualmente, cumple una condena, desde 2017, en el país vecino por su intervención en el asalto a un banco de Tramandai, en Río Grande do Sul.
Asimismo, al negar la extradición del imputado a nuestro país, las autoridades brasileñas consultaron “si habría interés en transferir el proceso por el cual los citados ciudadanos brasileros responden ante la Justicia en la República Argentina a la Justicia Brasileña”.
En virtud de ello, los fiscales Martínez e Iglesias señalaron que “los motivos por los que el Ministerio Público Fiscal requirió por entonces la formal extradición del causante Marco Divaldo Pinto de Brum no se han modificado, es decir, el interés en que el nocente responda a la imputación que se le ha formulado en estos autos, continúa a la fecha vigente”, pero ante la decisión de Brasil de no extraditar al imputado y la posibilidad de que sea juzgado allí por los hechos ocurridos en nuestro país, los representantes del Ministerio Público Fiscal le solicitaron al juez interviniente que comunique, a través de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el interés vigente de Argentina par que Pinto de Brum sea juzgado en la República Federativa de Brasil por los hechos ocurridos en Corrientes, y por los que ya fueran condenados sus cómplices, en el año 2017.
La causa de los narcoaviones
La investigación se inició en noviembre de 2013, cuando el Jefe del Escuadrón N°57 “Santo Tomé” de la Gendarmería Nacional informó al Juzgado Federal de Paso de los Libres, que en el establecimiento ganadero “Santa Úrsula” –ubicado a 110 kilómetros de dicha localidad correntina- los días miércoles y jueves aterrizaba una avioneta, que permanecía en el lugar 45 minutos, la cual era custodiada por hombres fuertemente armados. Así, el 14 de noviembre de ese año se ordenaron una serie de allanamientos que concluyeron con el arresto de uno de los integrantes de la banda.
También se efectuó un procedimiento en la Estancia “Santa María del Aguapey” donde se advirtió la existencia de una pista de aterrizaje rudimentaria, al tiempo que se encontraron una avioneta Cessna, distintos vehículos, una cisterna con combustible para aeronaves y un acoplado con doce bultos, cada uno de los cuales contenía veinticinco paquetes de clorhidrato de cocaína, por un pesaje total de 329,872 kilogramos. También se detuvo a otras cinco personas e incautó documentación de interés para la investigación, teléfonos celulares y armamento.
En 2015, los acusados fueron procesados en orden al delito de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, agravado por la organización y cantidad de intervinientes, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Finalmente, en abril de 2017, de acuerdo a lo solicitado por el titular de la Fiscalía General ante el TOCF de Corrientes, Carlos Schaefer, el Tribunal Oral Federal de dicha jurisdicción condenó a penas de entre 8 y 20 años y multas de entre $5.000 y $18.000 a diez integrantes de una organización transnacional que ingresaba cocaína a nuestro país mediante vuelos clandestinos, y se ordenó el decomiso de los campos ubicados en Santo Tome, Corrientes.