La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento de un policía que prestaba funciones en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul –y que fue pasado a disponibilidad- por considerarlo autor del delito de comercio de estupefacientes reiterado y agravado por ser justamente funcionario público encargado de prevenir y perseguir los delitos previstos en la ley de drogas N° 23.737.

La investigación se inició a partir de la certificación de la declaración de un testigo de identidad reservada, quien aportó información bajo el instituto previsto por el artículo 41 ter del Código Penal, y fue derivada al Ministerio Público Fiscal. De esta manera, a partir de las directivas del fiscal federal de Azul, Santiago Eyherabide, y con la participación de la auxiliar fiscal María José Buglione, se realizaron diversas tareas investigativas y se recibieron informes que permitieron dar cuerpo a la hipótesis de la acusación.

El policía pasado a disponibilidad está acusado de comerciar cocaína en Olavarría y zonas aledañas por medio de una persona –que sería el testigo de identidad reservada- en esa ciudad del centro bonaerense por lo menos entre enero y diciembre de 2018. De acuerdo con la investigación, el acusado entregaba al testigo el material estupefaciente, y este último se encargaba de venderla a consumidores, previa comunicación para pactar precio y lugar de entrega. Luego, llevaba el dinero recaudado, generalmente a la vivienda del policía. Como agravante, la Fiscalía Federal de Azul reparó en que, en su calidad de integrante de la DDI Drogas Ilícitas, el imputado brindaba protección al ahora testigo de identidad reservada y que para ello entregó un handy sintonizado en la frecuencia policial de Olavarría. En la valoración que hicieron los magistrados de la Cámara Federal, con el aparato se podían “detectar posibles obstáculos o alertas que impidieran o pusieren en riesgo el plan criminal”.

Una de las pruebas centrales que -tanto para la fiscalía de instrucción, el juez de primera instancia Gabriel Di Giulio, el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones Daniel Adler y los magistrados este tribunal revisor, Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez- aporta información contundente a la causa tiene que ver con los mensajes de Whatsapp intercambiados entre el acusado y el testigo, que echarían por tierra el argumento de la defensa del policía.

“Las conversaciones estudiadas permiten validar la hipótesis inicial investigada, pues se dimana que existe una habitualidad en las comunicaciones que realizaban el testigo de identidad reservada con el aquí imputado, a más que las mismas se habían pergeñado durante un largo tiempo. Incluso, si bien el imputado en su declaración afirma que resulta difícil de imaginar que pueda hallarse una conversación entre los mencionados en la cual se haga referencia alguna al comercio de estupefacientes, lo cierto es que del contenido de las mismas se cuenta con múltiples indicios que invitan a validar las conjeturas sobre las que se construye el reproche al procesado”, sostuvo la Cámara y citó el dictamen del fiscal general que tomó detalles de las conversaciones entre ambos.

En este sentido, los camaristas citaron al representante del MPF, quien había referido: “Como vemos, los mensajes de texto, tal como ya había relatado el testigo de identidad reservada, exponen que entre enero y diciembre de 2018, (el acusado) se comunicaba con el nombrado respecto a pagos e intercambio de mercadería, para lo cual utilizaban un lenguaje encriptado, procurando disimular el contenido de las conversaciones (por ejemplo, es recurrente el uso de la palabra ‘cheques’). El análisis contextual permite inferir que se referían a material estupefaciente. Así, por ejemplo, se habla de ‘2 cheques individuales’ que el testigo le mandaba al imputado. En fecha 6 de mayo 2018 el imputado le dice al testigo que necesita ‘cheque’, ‘veinte’; el testigo le pregunta ‘¿de 5?’; y el imputado le responde ‘veinte’ ‘si si de 5’. Se colige entonces que el interlocutor podría estar solicitando veinte gramos de cocaína fraccionada en dosis de 5 gramos”.