La Sala V de la Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó las apelaciones de las defensas del líder y ocho integrantes de una organización denominada “Los Marola”, dedicada al narcomenudeo y a otros hechos violentos, que operaba en el barrio “Padre Rodolfo Ricciardelli” (ex Villa 1-11-14), en el Bajo Flores. Además, destacó el trabajo conjunto y coordinado entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De este modo, los camaristas Hernán López y Ricardo Pinto confirmaron los procesamientos, prisiones preventivas y embargos dispuestos por el responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16, Mariano Iturralde, en junio pasado, respecto a los seis hombres y las tres mujeres a quienes se les imputa, con distintos grados de participación, los delitos de asociación ilícita, amenazas coactivas simples y agravadas -por compeler a una persona a dejar su lugar habitual de residencia y por el uso de armas-, acopio de piezas y municiones de armas de fuego sin la debida autorización legal, lesiones leves, atentados contra la autoridad agravados, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y robo agravado por su comisión en poblado y en banda.

La decisión de la Cámara se da en el marco de la investigación desarrollada por el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 -a cargo de Silvana Russi- y la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que encabeza Cecilia Amil Martín.

El caso

La investigación se inició el 5 de junio de 2022, por un caso de flagrancia que tramitó ante el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, y en la que se investigaba el accionar de dos hombres que dispararon, desde una motocicleta, contra la vivienda de una mujer en el Barrio Illia. Uno de los sospechosos huyó, pero el otro entró en una vivienda del barrio Padre Ricciardelli. Al ingresar al lugar, las fuerzas de seguridad encontraron 545,7 gramos de marihuana y 77,7 gramos de cocaína, acondicionados en 151 y 261 envoltorios, respectivamente, listos para su venta. Por ese hecho, el líder de la organización y otras 33 personas fueron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Posteriormente, las tareas encomendadas a la Gendarmería Nacional dieron cuenta del poderío de “Los Marola” en la zona. A ello se sumaron seis investigaciones que tramitaron ante la justicia nacional en lo criminal y correccional, que dieron cuenta de la estructura de la banda y su metodología de amenazar, amedrentar y, en algunos casos, lesionar a los habitantes de la zona -en muchos casos, mujeres solas- para usurpar sus inmuebles, como también su violento accionar para evitar la presencia de bandas rivales o la actividad preventora de las fuerzas de seguridad.

Así, en abril de 2023, se conformó el Equipo Conjunto de Investigación (ECI), en virtud de que en el fuero nacional en lo criminal y correccional tramitaban una causa por asociación ilícita y diversas por amenazas coactivas y lesiones, al tiempo que en la justicia local de la ciudad se investigaba la venta de drogas al menudeo, conforme la competencia desfederalizada.

Esta modalidad de trabajo se coordinó a partir del marco de colaboración entre ambos ministerios públicos y concretamente el “Convenio Específico en materia de narcocriminalidad” suscripto el año pasado por el procurador general -protocolizado mediante Resolución PGN N°72/2020-, que prevé la conformación de estos equipos de acuerdo con las leyes N°27.502 y N°5.935 de ambas jurisdicciones.

La información compartida por la fiscal Amil Martín y las investigaciones desarrolladas por el fuero nacional en lo criminal y correccional permitieron al MPF construir la imputación respecto del líder de la asociación ilícita, su esposa, sus cuatro hijos y parte de sus integrantes, y avanzar en el desbaratamiento de “Los Marola”, quienes inicialmente “se habrían dedicado a la modalidad delictiva conocida como ‘piratas del asfalto’ y ‘arrebatos’ para finalmente dedicarse a la venta de drogas y robo con armas de fuego”.

Así, en la madrugada del 16 de mayo de este año, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UESPROJUD) “Cinturón Sur” de la Gendarmería Nacional efectuó 40 allanamientos simultáneos en los que se detuvo a 24 personas, entre ellas el líder de la organización, su pareja y cuatro de sus hijos, al tiempo que se incautaron armas, municiones, cocaína y dinero en efectivo. Parte de las personas detenidas quedaron a disposición de la justicia contravencional y de faltas, en el marco de la investigación por narcomenudeo.

Posteriormente, y en base a las pruebas colectadas y en línea con lo requerido por la fiscal Russi y el auxiliar fiscal Álvarez, el juez Iturralde dispuso el procesamiento con prisión preventiva del líder de la organización, su pareja, sus cuatro hijos y otros tres miembros de la banda, por su intervención -con distintos grados de participación- en los delitos de asociación ilícita, amenazas coactivas simples y agravadas -por compeler a una persona a dejar su lugar habitual de residencia y por el uso de armas-, acopio de piezas y municiones de armas de fuego sin la debida autorización legal, lesiones leves, atentados contra la autoridad agravados, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y robo agravado por su comisión en poblado y en banda. Asimismo, trabó embargo sobre sus bienes por sumas de entre 300 mil y 2,5 millones de pesos.

Dicha decisión fue apelada por las defensas de las personas imputadas, algunas de las cuales se agraviaron de la imputación de asociación ilícita a sus asistidos, o centraron su crítica en la “actuación que habría tenido Gendarmería Nacional en la investigación, fuerza a la que acusó de haber ‘armado’ la presente causa en su contra”.

La decisión de la Sala V

Al resolver la cuestión, los camaristas Hernán López y Ricardo Pinto, rechazaron los planteos de los abogados defensores de las nueve personas imputadas y confirmaron los procesamientos, prisiones preventivas y embargos oportunamente dispuestos por el juez Iturralde, por cuanto "los agravios no resultan idóneos para contrarrestar el razonamiento expuesto por el magistrado".

Respecto a que la investigación habría sido “armada” por la Gendarmería Nacional, la Sala V destacó que la imputación efectuada "no se basó sustancialmente en declaraciones de funcionarios de la Gendarmería Nacional, que pudiera justamente revelar una situación como la planteada, sino que la mayoría de los hechos encontraron respaldo en testimonios de víctimas particulares y otros elementos de pruebas" recabados en la investigación conjunta.

También, en relación al cuestionamiento que no se les secuestró material estupefaciente a parte de los detenidos, la Sala V señaló: "la estructura jerárquica y con división de roles que poseía la organización, de lo que dieron cuenta las tareas de inteligencia sustentadas en entrevistas, análisis de imágenes y de redes sociales, así como también de trabajo de campo, es motivo suficiente en esta instancia para entender que en los domicilios en los que fueron detenidos sus asistidos no se encontraran los elementos en cuestión. Mas ello no resulta un obstáculo para convalidar el reproche penal efectuado".

Asimismo, destacaron que los imputados integraban "una organización que usaba asidua e indiscriminadamente armas de fuego para amedrentar a vecinos y mantener el control de un sector de la villa 1-11-14 de esta ciudad", al tiempo que tuvieron por probados los distintos hechos de violencia y amenazas que perjudicaron a vecinos de ese asentamiento poblacional del Bajo Flores.

También, los camaristas desecharon la pretensión de la defensa respecto a las prisiones preventivas de sus asistidos. "Es posible inferir de manera fundada que en caso de que los imputados se encuentren en libertad, hostigarán o amenazarán a víctimas y testigos e inducirán a otras personas a realizar esos comportamientos, de manera tal de influir en sus eventuales declaraciones y asegurar su impunidad", marcaron.

Finalmente, la Sala V señaló la necesidad de unificar las investigaciones, por cuanto hay personas imputadas en investigaciones que tramitan ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y ante la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se "tornaría prudente el análisis conjunto y de manera integral de todos los sucesos, de manera tal de salvaguardar no sólo los derechos inherentes a los involucrados, sino también cuestiones de economía procesal y el correcto abordaje del fenómeno delictivo".