La labor del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, a cargo de Silvana Russi, y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cecilia Amil Martín, permitió desarrollar una investigación respecto de la existencia de una organización, denominada “Los Marolas”, dedicada al narcomenudeo y a otros hechos violentos, que operaba en el barrio “Padre Rodolfo Ricciardelli” (ex Villa 1-11-14), del barrio porteño del Bajo Flores.

El trabajo coordinado y de cooperación entre ambos ministerios públicos fiscales permitió la producción de distintas medidas ordenadas por el juez Mariano Iturralde y la jueza Natalia Molina, responsables respectivamente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 y del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°8. En ese contexto, ayer a la madrugada personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UESPROJUD) “Cinturón Sur” de la Gendarmería Nacional efectuó 40 allanamientos simultáneos en los que se detuvo a 24 personas, entre ellas, el líder de la organización, su pareja y dos de sus hijos, al tiempo que se incautaron armas, municiones, cocaína y dinero en efectivo.

Investigaciones coordinadas

El ECI había sido conformado en abril pasado, dado que en el fuero Nacional en lo Criminal y Correccional tramitaban una causa por asociación ilícita y diversas por amenazas coactivas y lesiones, al tiempo que en la justicia local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se investigaba la venta de drogas al menudeo, conforme la competencia desfederalizada. En este contexto, se logró individualizar a un grupo de personas que comercializaba estupefacientes al menudeo, en el territorio comprendido entre la Avenida Bonorino y las calles “10”, Ana María Janer, Charrúa y un pasaje sin nombre del referido asentamiento poblacional. De acuerdo con la investigación, las y los integrantes de la banda -que estaba bajo el liderazgo de un hombre apodado “el intendente” y su familia, junto a otras personas- portaban armas de fuego y coaccionaban y agredían físicamente a las y los vecinos del lugar, para quedarse con sus propiedades y establecer allí “búnkeres” para comercializar la droga, o para evitar ser denunciados. También apelaban a la violencia para asegurar su hegemonía territorial frente a otras organizaciones rivales o para repeler el eventual accionar de las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

Esta modalidad de trabajo se coordinó a partir del marco de colaboración entre el MPF y el MPF de la CABA y concretamente el “Convenio Específico en materia de narcocriminalidad” suscripto el año pasado por el procurador general -protocolizado mediante Resolución PGN N°72/2020-, que prevé la conformación de estos equipos en el marco de la Ley 27.502.

El intercambio de información entre los integrantes del ECI permitió establecer que “'Los Marola' inicialmente se habrían dedicado a la modalidad delictiva conocida como ‘piratas del asfalto’ y ‘arrebatos’ para finalmente dedicarse a la venta de drogas y robo con armas de fuego”, pero que actualmente “la banda comercializa cocaína, pasta base, marihuana y flores, entre otras cosas y que es común verlos portando armas de fuego”. Agregaron “que a raíz de la propia actividad de la banda se desprenden otras maniobras como ser el robo a mano armada y la usurpación de las casas de los vecinos del lugar, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y bajos recursos”.

De acuerdo con la investigación, la banda estaba bajo el liderazgo de un hombre apodado “el intendente” y su familia, junto a otras personas, y portaban armas de fuego y coaccionaban y agredían físicamente a las y los vecinos del lugar, para quedarse con sus propiedades y establecer allí “búnkeres” para comercializar la droga, o para evitar ser denunciados.

El accionar de la organización

La investigación se había iniciado el 5 de junio de 2022, por un caso de flagrancia que tramitó ante el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, y en la que se investigaba el accionar de dos hombres que dispararon, desde una motocicleta, contra la vivienda de una mujer, en el Barrio Illia. Uno de los sospechosos huyó, pero el otro ingresó en una vivienda del barrio Padre Ricciardelli. Al ingresar al lugar, las fuerzas de seguridad encontraron 545,7 gramos de marihuana y 77,7 gramos de cocaína, acondicionados en 151 y 261 envoltorios, respectivamente, listos para su venta. Por ese hecho, el líder de la organización y otras 33 personas fueron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Posteriormente, las tareas encomendadas a la Gendarmería Nacional dieron cuenta del poderío de “Los Marola” en la zona. A ello se sumaron seis investigaciones que tramitaron ante la justicia nacional en lo criminal y correccional, que dieron cuenta de la estructura de la banda y su metodología de amenazar, amedrentar y, en algunos casos, lesionar a los habitantes de la zona -en muchos casos, mujeres solas- para usurpar sus inmuebles, como también su violento accionar para evitar la presencia de bandas rivales o la actividad preventora de las fuerzas de seguridad.

Distintos miembros de la organización fueron denunciados por cinco hechos de amenazas coactivas agravadas y uno de amenazas coactivas simples, dos hechos de lesiones -cuyas víctimas fueron mujeres- y por resistencia a la autoridad, tras agredir -a piedrazos- a un sargento y a un oficial de la Gendarmería Nacional cuando intentaban detener a una de las integrantes de la organización el 1° de diciembre de 2022.

La información compartida por la fiscal Amil Martín junto con las investigaciones desarrolladas por el fuero nacional en lo criminal y correccional permitió al MPF construir la imputación respecto del líder de la asociación ilícita, su esposa, sus cinco hijos y parte de sus integrantes, y avanzar en el desbaratamiento de la banda.

Allanamientos y detenciones

En virtud de las pruebas recabadas en las investigaciones desarrolladas, las y los representantes de ambos ministerios públicos fiscales, les solicitaron al juez Iturralde y a la jueza Molina el allanamiento de cuarenta domicilios y la detención del líder de la organización, su pareja, sus cinco hijos y otras personas que fueron individualizadas hasta el momento.

Los procedimientos -en los que intervinieron más de 500 efectivos de la Gendarmería Nacional- tuvieron lugar en la madrugada de ayer en las viviendas de las personas investigadas y en los lugares utilizados por la organización para acopiar armas y drogas. Allí se detuvo a “el intendente”, su esposa, dos de sus hijos, y a veinte integrantes de la banda, y se secuestró droga, armas, municiones y dinero en efectivo.

Las personas detenidas serán indagadas en orden a los delitos de asociación ilícita, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia y abuso de armas de fuego, amenazas coactivas, lesiones y usurpaciones, entre otros delitos.