28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Investigación conjunta de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes
Procesaron con prisión preventiva a nueve integrantes de una banda narcocriminal que operaba en el barrio “Padre Rodolfo Ricciardelli”
Así lo dispuso el juez Mariano Iturralde respecto del líder de la organización denominada “Los Marola”, su esposa, sus cuatro hijos y otros tres miembros de la banda. Además, les trabó embargos sobre sus bienes entre 300 mil y 2,5 millones de pesos.

En el marco de la investigación desarrollada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 y la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), el juez Mariano Iturralde procesó con prisión preventiva al líder y a ocho integrantes de una organización denominada “Los Marola”, dedicada al narcomenudeo y a otros hechos violentos, que operaba en el barrio “Padre Rodolfo Ricciardelli” (ex Villa 1-11-14), en el Bajo Flores. También les trabó embargos de entre 300 mil y 2,5 millones de pesos.

La medida alcanza a seis hombres y a tres mujeres a quienes se les imputa, con distintos grados de participación, los delitos de asociación ilícita, amenazas coactivas simples y agravadas -por compeler a una persona a dejar su lugar habitual de residencia y por el uso de armas-, acopio de piezas y municiones de armas de fuego sin la debida autorización legal, lesiones leves, atentados contra la autoridad agravados, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y robo agravado por su comisión en poblado y en banda.

Equipo Conjunto de Investigación

En abril pasado, el auxiliar fiscal de la PROCUNAR Matías Álvarez y la fiscal Silvana Russi, en representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, conformaron un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con la UFEIDE, a cargo de Cecilia Amil Martín, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida estuvo fundada en que en el fuero nacional en lo criminal y correccional tramitaban una causa por asociación ilícita y diversas por amenazas coactivas y lesiones, al tiempo que en la justicia local de la ciudad se investigaba la venta de drogas al menudeo, conforme la competencia desfederalizada.

Esta modalidad de trabajo se coordinó a partir del marco de colaboración entre ambos ministerios públicos y concretamente el “Convenio Específico en materia de narcocriminalidad” suscripto el año pasado por el procurador general -protocolizado mediante Resolución PGN N°72/2020-, que prevé la conformación de estos equipos de acuerdo con las leyes N°27.502 y N°5.935 de ambas jurisdicciones.

De acuerdo con la investigación, la banda estaba bajo el liderazgo de un hombre apodado “el intendente”, quien junto a su familia y a otras personas coaccionaban y agredían físicamente a las y los vecinos del lugar, para quedarse con sus propiedades y establecer allí “búnkeres” para comercializar la droga, o para evitar ser denunciados.

En este contexto, se logró individualizar a un grupo de personas que comercializaba estupefacientes al menudeo en el territorio comprendido entre la Avenida Bonorino y las calles “10”, Ana María Janer, Charrúa y un pasaje sin nombre del barrio Ricciardelli.

De acuerdo con la investigación, la banda -que estaba bajo el liderazgo de un hombre apodado “el intendente” y que integraban miembros de su familia y otras personas- portaba armas de fuego y coaccionaba y agredía físicamente a las y los vecinos del lugar, para quedarse con sus propiedades y establecer allí “búnkeres” para comercializar la droga, o para evitar ser denunciados. También apelaban a la violencia para asegurar su hegemonía territorial frente a otras organizaciones rivales o para repeler el eventual accionar de las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

El caso

La investigación se había iniciado el 5 de junio de 2022, por un caso de flagrancia que tramitó ante el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, y en la que se investigaba el accionar de dos hombres que dispararon, desde una motocicleta, contra la vivienda de una mujer en el Barrio Illia. Uno de los sospechosos huyó, pero el otro ingresó en una vivienda del barrio Padre Ricciardelli. Al ingresar al lugar, las fuerzas de seguridad encontraron 545,7 gramos de marihuana y 77,7 gramos de cocaína, acondicionados en 151 y 261 envoltorios, respectivamente, listos para su venta. Por ese hecho, el líder de la organización y otras 33 personas fueron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Posteriormente, las tareas encomendadas a la Gendarmería Nacional dieron cuenta del poderío de “Los Marola” en la zona. A ello se sumaron seis investigaciones que tramitaron ante la justicia nacional en lo criminal y correccional, que dieron cuenta de la estructura de la banda y su metodología de amenazar, amedrentar y, en algunos casos, lesionar a los habitantes de la zona -en muchos casos, mujeres solas- para usurpar sus inmuebles, como también su violento accionar para evitar la presencia de bandas rivales o la actividad preventora de las fuerzas de seguridad.

La información compartida por la fiscal Amil Martín y las investigaciones desarrolladas por el fuero nacional en lo criminal y correccional permitieron al MPF construir la imputación respecto del líder de la asociación ilícita, su esposa, sus cuatro hijos y parte de sus integrantes, y avanzar en el desbaratamiento de la banda.

Así, se estableció que “Los Marola inicialmente se habrían dedicado a la modalidad delictiva conocida como ‘piratas del asfalto’ y ‘arrebatos’ para finalmente dedicarse a la venta de drogas y robo con armas de fuego”, pero que actualmente “la banda comercializa cocaína, pasta base, marihuana y flores, entre otras cosas y que es común verlos portando armas de fuego”. Los investigadores señalaron también que “a raíz de la propia actividad de la banda se desprenden otras maniobras como ser el robo a mano armada y la usurpación de las casas de los vecinos del lugar, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y bajos recursos”.

La labor coordinada entre ambos ministerios públicos fiscales permitió la producción de distintas medidas ordenadas por el juez Mariano Iturralde y la jueza Natalia Molina, responsables respectivamente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 y del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°8.  En la madrugada del 16 de mayo pasado, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales (UESPROJUD) “Cinturón Sur” de la Gendarmería Nacional efectuó 40 allanamientos simultáneos en los que se detuvo a 24 personas, entre ellas el líder de la organización, su pareja y cuatro de sus hijos, al tiempo que se incautaron armas, municiones, cocaína y dinero en efectivo. Parte de las personas detenidas quedaron a disposición de la justicia contravencional y de faltas, en el marco de la investigación por narcomenudeo.

“Primero amenazan con descréditos, luego golpean y exigen el abandono de los hogares so pena de ‘prender fuego todo’, ‘tirar tiros’, ‘dar muerte’, ‘tocar’, etc. si no lo cumplen, y en algunos casos, disparan para lograr una intimidación más palmaria”, sostuvo el juez sobre el accionar de Los Marola.

Procesamientos

En base a las pruebas colectadas y en línea con lo requerido por la fiscal Russi y el auxiliar fiscal Álvarez, el juez Iturralde dispuso el procesamiento con prisión preventiva del líder de la organización, su pareja, sus cuatro hijos y otros tres miembros de la banda, por su intervención -con distintos grados de participación- en los delitos de asociación ilícita, amenazas coactivas simples y agravadas -por compeler a una persona a dejar su lugar habitual de residencia y por el uso de armas-, acopio de piezas y municiones de armas de fuego sin la debida autorización legal, lesiones leves, atentados contra la autoridad agravados, robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y robo agravado por su comisión en poblado y en banda. Asimismo, trabó embargo sobre sus bienes por sumas de entre 300 mil y 2,5 millones de pesos.

El juez consideró que el líder de la organización “coordinaría las maniobras de la banda e impartiría las órdenes para sostener el comercio de estupefacientes en la zona, además de dirigir las usurpaciones y los robos dentro del perímetro”, mientras que su pareja “fue señalada como una de las responsables de reunir el producto del comercio ilícito” y ser quien “sale a increpar a los policías y gendarmes”  cuando alguno de sus hijos tiene problemas con las autoridades, a fin de evitar su detención.

Las hijas de la pareja serían quienes “administran distintos búnkers de venta de drogas recaudando el dinero producto de dicha venta” y las responsables de controlar a los “soldaditos”. Además, una de ellas, junto a los otros tres hombres involucrados, serían quienes acopiarían el armamento y la droga de la organización.

El juez también puntualizó que “la agrupación exhibe una sofisticada actuación y coordinación en sus acciones, más allá de la intervención individual que le cabe a cada miembro en los episodios desplegados en tal contexto” y agregó que se verificaba “un actuar conjunto y una distribución de roles para conseguir sus fines propuestos para la asociación, con aportes de funciones indispensables, tales como amenazar a vecinos para que abandonen sus hogares, y así contar con múltiples puntos de ventas (búnkers), lugares de acopio (armas y estupefaciente), guarida, entre otros”.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 también destacó que “los ilícitos se cometieron principalmente contra víctimas mujeres y residentes en lugar próximo al punto donde ‘Los Marolas’ desarrollan su actividad”; que “el campo de actuación, al menos en cuanto a las amenazas se refiere, parece quedar circunscripto al perímetro y/o periferia del Barrio 1-11-14”; y que los imputados “abordan a sus víctimas de un modo sistémico: en grupo, pero organizados y portando armas de fuego: primero amenazan con descréditos, luego golpean y exigen el abandono de los hogares so pena de ‘prender fuego todo’, ‘tirar tiros’, ‘dar muerte’, ‘tocar’, etc. si no lo cumplen, y en algunos casos, disparan para lograr una intimidación más palmaria”.