El Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba condenó a seis años de prisión al propietario de un campo en el que se encontró una plantación de quinientas plantas de marihuana. El juez José Fabián Asis -el cuerpo fue integrado de forma unipersonal- sentenció a Hugo Fernando Hadad por el delito de siembra y cultivo de plantas para la producción de estupefacientes, mientras que Diego Era, el empleado responsable de la plantación, recibió una condena de dos años de prisión en suspenso como cómplice no necesario. En sintonía con lo solicitado por el fiscal general Carlos Gonella, se dispuso además el decomiso del predio, ubicado en el paraje Chañar Marcado, en la localidad de Las Cañadas. 

El caso tuvo origen a partir de una denuncia presentada ante la Fuerza Policial Antinarcótico, donde se dio cuenta de la existencia de un “campo usurpado” con una plantación de marihuana. Después de que un agente policial se presentase en el lugar para constatar el hecho, se solicitó el allanamiento del predio, que ocurrió el 29 de febrero de 2020 por la mañana, cuando solo se encontraba Era en el lugar. 

Durante el operativo, se hallaron en el interior de una vivienda en construcción 98 plantines de cannabis en macetas de plástico, tijeras, machetes, guantes, generadores de electricidad, una desmalezadora, un pulverizador, una balanza, tres prensas metálicas y más macetas sin utilizar. En una pequeña huerta del patio se encontraron dos plantas de 2,10 y 2,70 metros de altura, mientras que a doscientos metros hacia el sur de la vivienda se halló un sector de 150 metros dividido en cuatro partes con 389 plantas de cannabis entre 50 centímetros y 1,90 metros de alto junto con botellas de fertilizantes. 

Al momento de prestar declaración indagatoria, Era dijo que conocía a Hadad de un kiosco donde trabajaba y a donde el dueño del campo acudía con frecuencia. Explicó que, luego de manifestarle su situación personal, Hadad le propuso trabajar como casero de su campo, asegurándole que su labor consistiría en alimentar perros, caballos y terneros. De acuerdo a la declaración de Era, a la semana siguiente divisó a Hadad trabajando al lado de la casa, donde había varios plantines de marihuana. Contó que allí el dueño del campo lo tomó por el hombro y le ofreció 500 mil pesos indicándole que solo debía ponerle agua a las plantas “cuando tienen las hojas para abajo”. Era aseguró haber aceptado con miedo la propuesta dado que Hadad había hecho un comentario antes en el que aseguró: “Acá, en un pocito de 30 por 30, no se encuentra a nadie”. Y añadió que lo vio matar una vaca con un fusil Mauser. 

Hadad, por su parte, si bien reconoció ser el dueño del campo, sostuvo que en 2019 se había vinculado con unas personas que le alquilaron el campo “de palabra” para sembrar plantas aromáticas y engordar hacienda, a cambio de hacer mejoras en el lugar. Aseguró que una vez realizadas estas obras comenzó a ir con menos frecuencia al campo, y que nunca notó nada que le llamase la atención. Luego, agregó que tras la muerte de su padre dejó de tener disponibilidad de tiempo para atender el campo, lo que motivó que buscase gente para arrendarlo y cuidarlo. 

En su alegato, Gonella consideró que tanto el hecho como la participación de ambos acusados se encontraron más que probados a lo largo del debate, ya que Era reconoció el hecho y sus dichos, que comprometieron a Hadad, tenían correlato con la prueba acumulada. El fiscal calificó de “absolutamente inverosímil” la versión planteada por el dueño del campo en su declaración indagatoria. El representante del MPF consideró que la defensa material de Hadad “presenta huecos irreparables”, ya que consideró que aún, con visitas periódicas al predio, no podría no haber notado un lote de ciento cincuenta metros con casi cuatrocientas plantas de cannabis de dos metros de altura. Además, desestimó la frecuencia con la que el acusado había asegurado que visitaba el campo, ya que los peritajes de comunicaciones revelaron mensajes de WhatsApp que muestran que asistía todas las semanas al lugar. 

Además de solicitar las penas para ambos acusados, Gonella pidió el decomiso del campo para que sea liquidado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Finalmente, requirió que la sentencia sea comunicada a la Legislatura y a la cartera del Ejecutivo provincial con competencia sobre el mantenimiento de los caminos rurales, al considerar que hay “evidentes motivos de interés estatal y público”.