En el marco de una serie de audiencias de juicio abreviado, en las que intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de de Corrientes, conformado unipersonalmente por Víctor Alonso González, impuso penas de entre tres años y seis años de prisión a siete hombres y una mujer que integraban una organización dedicada al comercio de estupefacientes.

Las penas alcanzaron a Mario Eduardo Zalazar, Francisco Antonio Noguera, Fabián Andrés Ramírez, Ariel Estanislao Ramírez, Julio Ramón Antonio Martínez, Omar Aquino, Juan Pedro Brítez y María Alejandra Padilla, a quienes se acusó de haber integrado una organización dedicada al “tráfico ilícito de estupefacientes en sus diferentes etapas, desde su obtención, almacenamiento y traslado, hasta su comercialización a terceros”, la cual “operó con permanencia en el tiempo y división de roles, al menos entre el 9 de octubre de 2018 (fecha de inicio de la investigación) y el 7 de octubre de 2019 (fecha en la cual se produjeron los allanamientos decretados), valiéndose de los medios pertinentes para lograr su cometido”.

Los hechos y las responsabilidades

La investigación -en la que intervino la Fiscalía Federal de Corrientes a cargo de Flavio Ferrini con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR)- comenzó en octubre de 2018. En ese marco el juzgado federal encomendó a personal de la Delegación Inteligencia Criminal de Zona Paraná Superior y Paraguay de la Prefectura Naval Argentina una serie de medidas de investigación que permitieron la incautación de varios kilos de marihuana y la individualización de las personas implicadas.

De una serie de escuchas telefónicas dispuestas por el juzgado surgió que el 7 de marzo de 2019 la organización trasladaría un cargamento desde la República del Paraguay. En virtud de ello se montó un operativo que culminó con el secuestro de 177,277 kilogramos de marihuana cuando eran descargados desde una embarcación y subidos a una camioneta Fiat Strada en un puerto natural ubicado a la altura del kilómetro 1211 del margen izquierdo del Río Paraná cerca del barrio Itatí.

La pesquisa continuó y, en agosto de ese año, oficiales de la Prefectura Naval secuestraron, en el mismo lugar, 31 paquetes de marihuana con un pesaje total de 19,925 kilogramos y, horas después, también allí hallaron otros 57 paquetes que pesaron 34,930 kilogramos.

Así, en base a las pruebas que surgieron de las escuchas telefónicas y las tareas de campo, el Juzgado Federal N°2 de Corrientes dispuso el allanamiento de nueve domicilios de esa ciudad, uno en Paso de la Patria, dos en la localidad de Itatí y otros dos de la localidad chaqueña de General San Martín, en los que se detuvo a parte de los implicados.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, la droga provenía del Paraguay y era ingresada a la Argentina en embarcaciones dotadas de motores de gran potencia. Los cargamentos eran guardados y luego trasladados y comercializados en las provincias de Corrientes, Santa Fe y Chaco.

En la investigación se determinó que uno de los condenados se encargaba de negociar desde la cárcel de Resistencia, donde estaba detenido, con los proveedores de la droga y de conseguir los recursos humanos y materiales para trasladar los cargamentos.

Según la acusación, Zalazar “desplegó un rol de liderazgo a los fines de estructurar la actividad de la organización y disponer los recursos para llevar a cabo las actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, planificando y coordinando el ingreso, traslado y guarda de la droga, como así también percepción del producido de la actividad criminal para mantener vigente la estructura”.

En tanto, siempre según la pieza acusatoria, Noguera era el encargado, desde la Unidad N°7 de Resistencia del Servicio Penitenciario Federal -donde se encuentra detenido tras haber sido condenado por su intervención en el tráfico de estupefacientes desde Paraguay a través de Itatí- de negociar con los proveedores de la droga y de conseguir los recursos humanos y materiales para trasladar los cargamentos, mientras que Fabián Andrés Ramírez contribuyó como timonel de las embarcaciones -o asistiendo desde la costa a otros navegantes-, coordinó la búsqueda de ocasionales participantes y se encargaba de “barrer” las costas del río, previo al traslado de los cargamentos. Asimismo, la pareja de Ramírez, María Alejandra Padilla, se ocupaba de la logística y participaba en la colocación y venta de la droga.

Ariel Estanislao Ramírez asistía a Zalazar para ubicar y guardar la droga o los vehículos usados para su traslado, participaba en la venta de la marihuana y participaba de la adquisición de divisas para la compra de drogas. Por su parte, Omar Aquino facilitaba el ingreso de la droga, para lo cual colaboraba con el cruce desde Paraguay y su recepción en nuestro país, al tiempo que Martínez asistía en la estiba, ocultamiento, traslado y comercialización de los cargamentos.

Finalmente, Brítez se ocupaba de la guarda de los vehículos de la organización y la colocación de los estupefacientes traficados.

Juicio abreviado

Oportunamente, la y los imputados solicitaron la realización de juicios abreviados, en cuyas audiencias celebradas intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel, quienes acordaron con las defensas de Mario Eduardo Zalazar, Fabián Andrés Ramírez, Francisco Antonio Noguera y Ariel Estanislao Ramírez la imposición de una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de 10 mil pesos, accesorias legales y costas, como coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlos.

Por el mismo ilícito, pero en calidad de partícipes secundarios, se convino la pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 5 mil pesos, accesorias legales y costas para Julio Ramón Antonio Martínez y María Alejandra Padilla y Omar Aquino respecto de quien, además, se pidió su declaración de reincidencia.

Finalmente, para Juan Pedro Brítez se pactó una condena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso como autor del delito de confabulación, y se le fijó la obligación -por el término de dos años- de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Asistencia y Control de Ejecución Penal y abstenerse de consumir alcohol o estupefacientes.

Los acuerdos fueron homologados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, conformado unipersonalmente por el juez Víctor Alonso González, quien además dispuso el decomiso de dos camionetas Ford Ranger, una camioneta Toyota Hilux, un automóvil Volkswagen Gol y una motocicleta Honda Tornado, junto a otros bienes que fueron utilizados para la comisión del delito.