La Cámara Federal de Corrientes confirmó el procesamiento con prisión preventiva de siete personas acusadas de integrar una estructura narcocriminal dedicada a la comercialización y distribución de sustancias estupefacientes, asentada en la ciudad de Goya, Corrientes, y originaria de la ciudad de Rosario, Santa Fe, que operó al menos desde de noviembre de 2022 hasta octubre del 2023, según la investigación. Además, ratificó el procesamiento de dos miembros en calidad de organizadores y financiadores de la banda.

De esta manera, la resolución de alzada ratificó la decisión del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, que tuvo por probada -con la suficiencia requerida en esta instancia procesal- la intervención de los acusados en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes en calidad de coautores. El fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y el fiscal general ante la Cámara Federal de Corrientes, Carlos Schaefer, intervinieron en representación del MPF.

La Cámara señaló que la calificación relativa a los cargos de narcocriminalidad es adecuada a los hechos investigados.  Asimismo, indicó que, dada la logística empleada por la organización, donde los involucrados cumplían diversos roles -vendedores, distribuidores, proveedores, etcétera- “resulta razonable que sólo algunos de los imputados tuvieran la tenencia material de la droga, mientras que los restantes poseyeran sólo su tenencia real”.

Las camaristas Mirta Gladis Sotelo y Selva Angélica Spessot y su colega Ramón Luis González puntualizaron en el fallo que “la magistrada ha realizado un análisis conjunto de todos los medios probatorios recabados que, en su totalidad, le permitieron la reunión de elementos incriminantes, superiores en cantidad y calidad a los de descargo, para resolver la situación procesal de los imputados en el sentido en que lo hizo, dada la vinculación existente entre todos ellos”.

Por otro lado, revocaron la calificación legal del procesamiento de los acusados en relación al delito de evasión tributaria y lavado de activos de origen delictivo. “Cabe decir que de la lectura del auto recurrido no surge una explicación razonada que permita vincular a los nombrados con el hecho consistente en poner en circulación bienes provenientes de un ilícito penal y evadir tributos”, fundamentó el fallo.

El tribunal revisor justificó la decisión relativa a la confirmación de las prisiones preventivas y, sobre este punto, señaló: “Si bien el riesgo procesal debe indicarse de manera específica respecto de cada uno de los imputados, en este caso, es posible advertir el riesgo de fuga y de entorpecimiento de manera general respecto a todos los involucrados en razón de la vinculación existente entre ellos y los diferentes roles que aquellos desempeñaban, conforme lo expuesto a lo largo de la presente resolución. Por lo tanto, resulta dable presumir con alto grado de probabilidad que, de recuperar su libertad podrían nuevamente ponerse en contacto unos con otros”.

Los hechos

Según la investigación -iniciada el 4 de noviembre del 2022 en el marco del desprendimiento de otra investigación sobre narcocriminalidad-, la organización tuvo como origen la ciudad de Rosario y desde allí estableció un proceso de migración progresiva a la ciudad correntina de Goya.

En ese marco, la estructura criminal -que cuenta con vínculos familiares entre los distintos miembros- acopió sustancias estupefacientes, dinero y/o vehículos, con los cuales puso en práctica la comercialización.

La forma de operar incluía viajes a Rosario, donde sus integrantes no permanecerían mucho tiempo, para buscar sustancias estupefacientes y llevarlas a Goya para su distribución y comercialización. La droga era ocultada y acopiada en diferentes inmuebles. En efecto, los domicilios de los integrantes de la banda y sus allegados fueron allanados y se decomisó un total de 35,4 gramos de marihuana, 12 plantines de marihuana y 1,9 gramos de cocaína, con un valor aproximado de 270.000 pesos.