El juez Víctor Alonso González, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, decidió el 4 de junio pasado entregarle un vehículo decomisado en el marco de una causa por narcotráfico al Coordinador de Políticas Sanitarias del Ministerio de Salud Pública de Corrientes para que sea destinado al sistema de salud de Corrientes. El fallo está en línea con lo solicitado por los fiscales Carlos Schaefer, a cargo de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con la colaboración de la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes a cargo de María del Carmen Chena.

En la resolución, el Coordinador será el depositario judicial del bien con el propósito de que el vehículo “se destine específicamente para ser utilizado en el sistema de salud de la provincia de Corrientes para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19, con el objeto de proteger la salud pública”.

La camioneta había sido secuestrada en el marco de un operativo público de  Prevención y Seguridad Vial en el Control Fijo Paraje “Cuay Grande”, en la localidad de Santo Tomé, ubicado sobre la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes. Según lo especificado en el acto de acuerdo de juicio abreviado del 27 de mayo de este año, dentro del vehículo se transportaban 77 paquetes de marihuana.

La Fiscalía General, la PROCUNAR y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes señalaron en su dictamen que, de acuerdo a las “particulares y excepcionales circunstancias sanitarias que son de público conocimiento”, solicitaban que el vehículo se destinara específicamente al sistema de salud de la provincia para “hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19, con el objetivo de proteger la salud pública”.

“No podemos dejar de advertir que el legislador al penalizar los hechos relacionados con el comercio de estupefacientes, tuvo en miras precisamente la tutela de la salud pública, bien jurídico que se encuentra actualmente en crisis por la gravedad y dinamismo de la pandemia global del virus COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, que afecta en estos momentos a la República Argentina, generando un riesgo cierto de colapso al sistema de salud de nuestro país”, remarcaron.

En base a esto, pidieron que el vehículo se entregue “provisoriamente y en carácter de depositario judicial a las autoridades provinciales que las pudieran necesitar” y con el objetivo de que agentes de los servicios de salud, desarrollo social, seguridad y/u otros servicios esenciales “puedan efectuar el traslado de personas y demás elementos a los fines de hacer frente a la emergencia sanitaria”.