Fiscales y jueces federales y bonaerenses que intervienen en investigaciones sobre tráfico, producción y/o comercio de estupefacientes compartieron criterios de política criminal e información relativa a las investigaciones en curso, en el marco de la quinta mesa de intercambio de información instituida mediante la ley 27.502, que se desarrolló en San Isidro.

El encuentro se desarrolló de modo presencial el martes 31 de agosto en la sede de la Fiscalía General de San Isidro y contó con la participación del procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; del secretario de Política Criminal de ese organismo, Francisco Pont Verges; del fiscal general de San Isidro, John Broyard; del fiscal general adjunto Patricio Ferrari; de la fiscal especializada de Vicente Lopez, Marcela Semeria; y del coordinador del Departamento de Delitos Derivados de la Ley de Estupefacientes, Pablo Wuhsagk. Por el Poder Judicial de la provincia estuvo el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro, Gustavo Herbel.

Por el Ministerio Público Fiscal de la Nación participaron el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel; el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; los fiscales federales de San Isidro, Federico Iuspa y Fernando Domínguez; y la coordinadora del área de Litigio de la Región Bonaerense de la PROCUNAR, Patricia Cisnero.

En tanto, por el Poder Judicial de la Nación estuvieron la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y su par, Lino Mirabelli, y el vicepresidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas.

La ley 27.502 estableció la creación de mesas de intercambio de información, integrada por jueces federales, representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los jueces provinciales, que tengan a su cargo las investigaciones por infracciones a la ley 23.737 y sus modificatorias y por la PROCUNAR, a efectos de intercambiar criterios de política criminal en torno a las pesquisas y compartir la información relacionada.

La norma además puso en cabeza del fuero federal la instrucción de las causas iniciadas en el fuero provincial por microtráfico o narcomenudeo, cuando se verifique la existencia de conexidad objetiva y subjetiva con alguna investigación tramitada en el fuero de excepción. También dispuso que, ante una contienda de competencia, la investigación tramitará en el fuero federal hasta que se resuelva la cuestión.