Hoy se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.502, que introdujo cambios en las leyes 26.052 -de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes-  y 23.737 -de estupefacientes-.

La sanción en abril de este año de la norma, en tanto sustituye el artículo 3 de la ley 26.052, pone en cabeza de la Justicia Federal la instrucción de las causas iniciadas en el fuero provincial por microtráfico o narcomenudeo, cuando se verifique la existencia de conexidad objetiva y subjetiva con alguna investigación tramitada en el fuero de excepción.

Una de las novedades radica en que, cuando se genere una contienda de competencia, la investigación quedará a cargo de la Justicia Federal hasta que se resuelva la cuestión.

Mesas de intercambio de información

Además, para aquellas jurisdicciones que hayan ejercido la opción de desfederalizar la investigación del comercio minorista de sustancias estupefacientes -de acuerdo a la ley 26.052-, la nueva norma contempla la conformación de mesas de intercambio de información integradas por jueces federales, representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los jueces que tengan a su cargo las investigaciones por infracción a la ley 23.737 y sus modificatorias, y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

El texto legal establece que en dicho ámbito se intercambiarán criterios de política criminal en torno a las pesquisas y se compartirá toda la información relacionada con las causas e investigaciones en curso. La Procunar, a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, destacó que ello constituye un avance en sintonía con el trabajo de coordinación que viene desarrollando la mencionada dependencia del MPF en aquellas jurisdicciones que optaron por la desfederalización de la investigación del microtráfico, con el objeto de mejorar la persecución penal, evitando que la atomización de las pesquisas opere de manera negativa y, por el contrario, potencie el trabajo de cada operador mediante el intercambio coordinado de información y elementos de prueba.

Ese trabajo de articulación y colaboración es justamente el que se lleva adelante junto a las provincias de Salta y Buenos Aires, donde la Procuración General de la Nación (PGN) suscribió sendos convenios de cooperación que, en línea con lo normado en el artículo 123 del Código Procesal Penal Federal -de pronta entrada en vigencia- posibilita las investigaciones conjuntas y la cooperación entre los ministerios públicos de las provincias y la Nación.

En la misma línea, la ley recientemente sancionada viene a corolar lo establecido en el Convenio Marco de Cooperación Institucional en materia de Narcocriminalidad que la PGN suscribió con el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, a fin de desarrollar acciones tendientes a potenciar y perfeccionar la persecución penal.