Fiscales, jueces y funcionarios nacionales, provinciales y federales participaron el miércoles pasado en la Procuración General de la Nación de la primera reunión formal de la Mesa de Articulación Judicial contra el Narcotráfico (MAJUN) creada por el Ministerio de Justicia de la Nación, que tiene por objetivo el intercambio de información y la búsqueda de soluciones concretas a los problemas que enfrentan los organismos participantes que persiguen el narcotráfico en el ámbito jurisdiccional.
Si bien la MAJUN había tenido cinco encuentros previos, esta fue la primera reunión formal desde que el Ministerio de Justicia oficializó su creación.
El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Procuración General, ubicada en Teniente General Perón 667 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estuvo encabezada por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, acompañado por la fiscal federal coadyuvante Patricia Cisnero.
En la apertura, el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, agradeció al Ministerio de Justicia haber armado esta mesa interjurisdiccional para la lucha contra el narcotráfico.
En ese marco, recordó que el Ministerio Público Fiscal trabaja en las periódicas reuniones de las mesas de intercambio de información sobre investigaciones de narcotráfico instituidas mediante la ley 27.502, que reúnen a integrantes de los poderes judiciales y de los ministerios públicos fiscales de la Nación y de las provincias con el objetivo de articular sus intervenciones. Al respecto, Olima Espel expresó que “la desfederalización funciona muy bien en tanto provincia y Nación trabajemos juntos. Y esta mesa diseñada por el Ministerio de Justicia, desde lo institucional, viene a robustecer esa tarea, más allá de las otras mesas que se hacen entre fiscales nacionales y provinciales”.
Por el Ministerio de Justicia de la Nación asistió el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer, y su jefe de gabinete, Guido Valenti, mientras que el coordinador de la mesa fue el asesor Nicolás Ramírez.
En representación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), estuvieron la integrante del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, la jueza María del Carmen Battaini, y el miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el juez Santiago Otamendi. Por la Cámara Federal de Casación Penal, participaron los camaristas Mariano Borinsky, Carlos Maiques y Guillermo Yacobucci, mientras que por la Unidad de información Financiera (UIF) estuvieron presentes su vicepresidente Santiago González Rodríguez y el jefe de gabinete Javier Fernández.
Participó además el experto y coordinador técnico del Proyecto Regional STAND sobre Manejo Seguro y Eliminación de Drogas Incautadas y Precursores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Héctor Bernal Contreras, quien expuso cuestiones técnicas vinculadas a la temática.
Ese proyecto está orientado a brindar asistencia técnica a los estados para el desarrollo de estrategias para la gestión adecuada de drogas ilícitas y sustancias químicas incautadas a través de la aplicación de métodos costo efectivos y ambientalmente responsables, poniendo a resguardo la integridad y salud de los funcionarios a cargo de estas actividades. En efecto, durante el encuentro se avanzó en un acuerdo para dar respuesta a la necesidad de implementar métodos alternativos al de la incineración de estupefacientes incautados.
¿Qué es la MAJUN?
Según la Resolución 296/2024 del Ministerio de Justicia de la Nación, la MAJUN es “un espacio de colaboración interinstitucional cuyo objetivo principal consiste en aunar esfuerzos y buscar soluciones concretas a los problemas que enfrentan, en el ámbito jurisdiccional, los organismos participantes en su lucha contra el narcotráfico”.
La resolución aclara que tendrá como propósito abordar los problemas específicos e implementar medidas operativas para lograr un sistema judicial más eficaz y eficiente en la persecución de estos delitos.