La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, produjo el informe anual de gestión 2020, que recorre la actividad realizada a lo largo del año pasado y realiza un balance de lo actuado por todas sus áreas, con un especial análisis en el impacto de las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19 en la investigación de estos casos y las particularidades de la actuación en el marco de la implementación del sistema acusatorio que rige plenamente en las provincias de Salta y Jujuy desde junio de 2019.

El documento refleja el trabajo realizado junto a los y las fiscales en el año 2020 y reseña los casos más relevantes sobre los cuales se trabajó, tanto en investigación como en juicio, en base a los lineamientos de persecución penal planteados en el plan de trabajo de la Procuraduría, que se estructura sobre tres ejes de trabajo y cuatro estrategias (ver infografías).

Durante 2020, la PROCUNAR -y otras dependencias del MPF- aprobó la implementación del sistema de gestión de calidad en las investigaciones preliminares otorgada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la red global de organismos de certificación IQNeT.

Contexto de COVID-19

Uno de los ejes relevantes del profuso informe de más de cien páginas es la labor en el contexto de las medidas sanitarias de prevención. El trabajo reseña que la Procunar continuó interviniendo en todas las investigaciones -en las que había sido convocada- después de dispuesta la cuarentena y que inició unas 312 intervenciones, un número apenas menor al de 2019. Ello fue consecuencia del impacto del contexto en materia de investigación y de la aplicación de criterios de selectividad, a fin de identificar las intervenciones más relevantes en función de un enfoque estratégico.

Al cierre de 2020 se encontraban activas 541 intervenciones, entre colaboraciones (298), investigaciones preliminares (129), causas delegadas (62) y litigios autónomos (52). Con motivo de las medidas sanitarias dispuestas por la PGN, los procesos de trabajo se digitalizaron por completo para poder continuar con la investigación y la asistencia a las fiscalías de manera remota y mejorar la eficiencia de la labor.

En Salta y Jujuy, donde rige plenamente el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) la PROCUNAR -como todas las procuradurías especializadas- tiene competencia para intervenir en causas de manera autónoma, litigando directamente el caso cuando lo dispone el fiscal coordinador de distrito. Así, durante el 2020 se iniciaron 131 investigaciones en la regional NOA, con sede en la ciudad de Salta.

En ese marco, la PROCUNAR viene trabajando de forma conjunta en distintas causas con otras unidades especializadas del MPF, como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

La Regional NOA ha sido la dependencia que más audiencias ha tenido en la Unidad Fiscal Salta, aún durante la etapa de aislamiento, y obtuvo 18 condenas por casos de narcocriminalidad durante 2020.

Intervención en el sistema acusatorio

Desde la implementación del sistema adversarial en Salta y Jujuy en junio de 2019, la Regional NOA de la PROCUNAR ha venido desarrollando investigaciones preliminares y colaboraciones e incorporó las investigaciones autónomas. Estas últimas se relacionan con casos en los que el fiscal coordinador de distrito asigna a una Procuraduría para investigar según su complejidad, extensión territorial, diversidad de fenómenos involucrados, conexión con otros casos y demás cuestiones que lo hagan aconsejable para una mayor eficacia de la persecución penal.

El año pasado se iniciaron 131 investigaciones, entre investigaciones preliminares de oficio (IPO) e investigaciones autónomas (en etapa de investigaciones previas a la formalización – IPF) con el objeto de investigar organizaciones que distribuyen o ingresan estupefacientes al noroeste del país con el fin de transportarlos a grandes centros urbanos o exportarlos a otros países.

Los casos tuvieron su origen en denuncias remitidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, informes de inteligencia criminal de las fuerzas de seguridad, denuncias recibidas en la PROCUNAR o por intercambio de información con la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) de Salta.

Por otro lado, una parte fundamental del trabajo en el marco del sistema acusatorio son las audiencias orales que se desarrollan para resolver cuestiones jurisdiccionales. La Regional NOA ha sido la dependencia que más audiencias ha tenido en la Unidad Fiscal Salta, aún durante la etapa de aislamiento, y obtuvo 18 condenas por casos de narcocriminalidad durante 2020.

Además de las investigaciones autónomas, la Regional NOA continuó interviniendo en 2020 a requerimiento de los y las fiscales de la jurisdicción en 26 colaboraciones -14 de ellas iniciadas durante el año pasado- en casos iniciados por las Unidades Fiscales de Salta y Jujuy, sobre todo a fin de profundizar las investigaciones.

En el informe, la PROCUNAR pone de relieve la importancia de las nuevas herramientas, institutos y modalidades procesales establecidas por el CPPF puesto que "permiten en la actualidad la celeridad en las investigaciones con resultados a la vista".

"No puede dejar de mencionarse los beneficios del vínculo constante entre las fuerzas de seguridad y el MPF, los convenios con otros organismos que aportan información de calidad a los casos, la posibilidad de resolver múltiples cuestiones en audiencias y el trabajo conjunto con fiscalías de países limítrofes como Bolivia y Chile", subraya la PROCUNAR.

Las audiencias previstas en el sistema adversarial permiten solicitar y obtener resolución rápidamente de medidas que requieren orden de un juez, de resolver en una única oportunidad acerca del plazo de la investigación, su complejidad o no, las medidas de coerción a aplicar y hasta la destrucción de la droga.

Desde junio de 2019, la Regional NOA de la PROCUNAR ha iniciado un total de 186 investigaciones preliminares de oficio (IPO), 36 investigaciones autónomas (IPF) y 28 colaboraciones. Entre los principales logros, se destacan:

• Sentencias condenatorias en 9 casos, de las cuales 6 están finalizados, uno está pendiente de recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal, otro permanece abierto contra otros investigados y uno llegó a juicio recientemente con algunos de los imputados.
• Condenas a 29 personas, de las cuales 20 cumplen prisión efectiva en una Unidad Penitenciaria, 2 en prisión domiciliaria y 7 fueron condenados bajo ejecución condicional.
• El 46% de los casos formalizados finalizaron con condena; el otro 54% está activo, en vías de desarrollarse el juicio, acuerdo pleno o recurridas ante la Cámara Federal de Casación Penal.
• El promedio de tiempo entre el inicio de la causa y su finalización con condena fue de 138 días.
• El 97% de los condenados optó por celebrar un acuerdo pleno.

La PROCUNAR realizó el año pasado diferentes intervenciones tendientes a utilizar los bienes secuestrados para hacer frente a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

Bienes recuperados

La PROCUNAR realizó el año pasado diferentes intervenciones tendientes a utilizar los bienes secuestrados para hacer frente a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Los bienes habían sido cautelados en los respectivos procesos penales y se encuentran sujetos a decomiso por ser utilizados para la comisión de los delitos o por tratarse de las ganancias de la empresa criminal.

En el marco del proceso de extinción de dominio iniciado respecto de los bienes del “Clan Loza”, en marzo la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) entregó dos hoteles a la provincia de Salta para ser utilizados para el aislamiento de ciudadanos extranjeros que provenieran de zonas afectadas por el COVID-19. La decisión fue consecuencia de un pedido conjunto realizado por la PROCUNAR, el fiscal coordinador del distrito Salta y el gobernador de la provincia.

En diciembre, después de haber cumplido aquella función, los inmuebles fueron entregados a la Gendarmería Nacional para la instalación de unidades que garanticen el cumplimiento de las funciones propias de seguridad e investigación criminal en esa provincia.

La acción civil de extinción de domino en este caso persigue extinguir en favor del Estado nacional el dominio respecto de 190 bienes y dinero cautelados que fueron obtenidos a partir de la actividad ilícita de esta organización narcocriminal, por un total aproximado de 800 millones de pesos.

Como medida cautelar, la justicia civil dispuso que la administración de parte de esos bienes quede a cargo de la AABE para evitar su depreciación y permitir su uso mientras dure el proceso sumarísimo.

Por otro lado, el MPF solicitó en junio que 11 vehículos, un inmueble y$329.100 que fueron decomisados en 13 causas de narcotráfico en la provincia de Corrientes se destinen a la compra de insumos para afrontar la pandemia. La solicitud fue realizada ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por el fiscal general Carlos Schaefer y la PROCUNAR, con la colaboración de la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo de María del Carmen Chena.

Uno de esos vehículos fue entregado al Ministerio de Salud Pública de Corrientes para que sea utilizado en tareas relacionadas con la emergencia sanitaria. La camioneta había sido secuestrada en mayo en el marco de un operativo y en su interior se transportaban 77 paquetes de marihuana, hecho por el cual se firmó un acuerdo de juicio abreviado. A esto se agrega la disposición del inmueble para el diagnóstico de COVID-19 perteneciente a una sociedad utilizada para el lavado de activos.

Las actividades de capacitación fueron virtuales y alcanzaron a un total de 816 personas, tanto integrantes del MPF como operadores judiciales y agentes de fuerzas de seguridad.

Acciones de capacitación

Por las limitaciones generadas por las medidas sanitarias, las actividades de capacitación en las que intervino la PROCUNAR fueron virtuales y estuvieron destinadas a un total de 816 personas, tanto integrantes del MPF como operadores judiciales y agentes de las fuerzas de seguridad.

En tal sentido, se promovieron instancias de cooperación con otros organismos e instituciones que permitieron profundizar la participación de integrantes del MPF en diversas actividades de capacitación. En particular, cumpliendo el objetivo planteado de profundizar el trabajo junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Además, la PROCUNAR ha participado disertando en capacitaciones organizadas por otros organismos especialistas en la materia como la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI), la UNODC y el Ministerio de Seguridad de la Nación, entre otros.