Dos hoteles que fueron incautados a la organización narcocriminal conocida como “Clan Loza” serán utilizados por la provincia de Salta para el aislamiento de ciudadanos extranjeros que provengan de zonas afectadas por el COVID-19. Se trata de los hospedajes Gandía y La Casona de la India, ubicados en Corrientes N° 155 y Córdoba N° 534 de la capital provincial, que forman parte de un proceso de extinción de dominio instado por el Ministerio Público Fiscal luego de que el procurador general interino Eduardo Casal designó a un equipo de fiscales conformado por Miguel Ángel Gilligan, Pablo Turano y Diego Iglesias -titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR)- y dispuso la colaboración de la Secretaría de Coordinación Institucional mediante la resolución MP 167/2019 para que lleven adelante dicha acción civil.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió ayer entregar en forma temporal los inmuebles a la provincia de Salta tras la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Fue tras un pedido a la AABE formulado por el fiscal federal titular de la PROCUNAR Iglesias, luego de que su colega de Salta Eduardo Villalba y el gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz, lo requirieran en el marco de la emergencia sanitaria nacional y provincial y los decretos 260/20 y 250/20 de los poderes ejecutivos Nacional y Provincial, respectivamente.

Los inmuebles habían sido embargados y en julio de 2019 el Ministerio Público Fiscal demandó la extinción de dominio de dichos hospedajes, dinero y otros millonarios bienes de la banda narcocriminal. La medida solicitada fue la primera de esta naturaleza desde la entrada en vigencia del Régimen Procesal de la Acción Civil de extinción de Dominio.

La organización criminal fue desbaratada en diciembre de 2018 en el marco de 73 allanamientos realizados en forma simultánea en nuestro país y el Reino de España, donde se detuvo a 35 personas.  El 23 de diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal N 2 de Salta, integrado por los jueces Abel Fleming, Marcelo Juárez Almaraz y Domingo Batule condenó a la organización a penas de entre 15 y 7 años de prisión por los delitos de transporte y almacenamiento de estupefacientes.