En el marco de una audiencia celebrada en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, el fiscal general ante esta instancia, Daniel Adler, pidió sostener las prisiones preventivas dictadas por el juez federal de Azul, Martín Bava, contra Ramón Méndez Peralta de nacionalidad boliviana, y los argentinos Miguel Ángel Rojas y Enzo Gareca por transportar cerca de 380 kilos de cocaína.

Luego de escuchar a la defensa, Adler planteó ante los jueces Alejandro Tazza, Bernardo Bibel y Santiago Martín, la gravedad del hecho. Marcó el valor que esa cantidad de droga tenía en Bolivia -desde donde se cree que partió y alcanzaba un monto de unos 2 mil dólares-, en Argentina, donde el monto aumentaba a 7 mil dólares, y en Europa se podría llegar a comercializar por 18 mil dólares. "Estamos ante un hecho de una magnitud  grave, seria, no sólo por su valor de comercialización, sino también por la modalidad en que actuaban los detenidos", remarcó Adler, quien reparó que "estamos frente a una organización". En este sentido, dio cuenta de que la droga habría sido transportada en avioneta -solo así se explicaría que uno de los imputados el 12 de agosto de 2018 dejaba Jujuy y a las 10 de la mañana estaba en Las Flores, provincia de Buenos Aires-; y por otro lado, otro de los acusados era dueño en la localidad de Orán, provincia de Salta, de una camioneta igual a la secuestrada en el campo.

Refiriéndose a la peligrosidad procesal recordó que los tres hombres, a bordo de una camioneta Fiat Toro, evadieron un primer control policial del Destacamento Zabala, en camino real, Paraje De María Jurisdicción de Pila, cuando las mujeres policías subteniente Valeria Pereda y subteniente Sonia Bartolomey solicitaron revisar la caja trasera del rodado, que estaba cubierta con una lona. Enseguida, salieron por un camino de tierra en dirección a General Belgrano. El aviso y solicitud de apoyo dio como resultado que el Comando de Patrulla Rural Las Flores diera cuenta de que la camioneta buscada estaba en cercanías de la Estancia La Castorina, donde habían llegado los imputados por un desperfecto mecánico. El arribo policial alertó a los hombres, quienes salieron corriendo por el interior del campo, para luego ser detenidos e identificados, según consta en el acta de procesamiento. "Hubo dos intentos de fuga, lo que evidencia la peligrosidad procesal y sustenta la prisión preventiva dictada", sostuvo el representante del MPF.

Frente a estos indicios, el fiscal pidió confirmar los procesamientos  por el delito de transporte de estupefacientes penado en el artículo 5 inciso c de la ley 23.737, pero sugirió a su vez al juez instructor ampliar las indagatorias. Al contemplar que se trataba de un grupo organizado de personas, con una cantidad de bienes que adquirían sin contar con los fondos lícitos para ello, solicitó también acusaciones por ser integrantes de una organización (previsto en el inciso c del artículo 11 de la ley 23.737), y por lavado de activos, contemplado en el artículo 304 del Código Penal.