04 de julio de 2022
04 de julio de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervino el fiscal general Diego Velasco
Millonario decomiso de bienes adquiridos para lavar dinero del Cártel de Juárez
Se trata de campos, vehículos y bienes muebles valuados en 25 millones de dólares y otros 13 millones producido de la administración judicial. El TOF N°6 convalidó el acuerdo alcanzado en un juicio abreviado y además condenó a los siete acusados a penas de ejecución en suspenso, multas y la realización de tareas comunitarias.

Campos y parcelas en la pampa bonaerense y la provincia de San Juan, vehículos, un departamento en Recoleta, otro en Bahía Blanca y todo tipo de bienes muebles valuados en alrededor de 25 millones de dólares, además de otros 13 millones en esa moneda del producido por la administración judicial, serán decomisados por orden del Tribunal Oral Criminal Federal N°6, que convalidó en un fallo el juicio abreviado en el que intervino el fiscal general Diego Velasco y por el que además se condenó a siete personas por asociación ilícita y lavado de dinero del Cártel de Juárez, México, entre 1997 y 1999.

En su sentencia, los magistrados Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino dieron curso al acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público -que contó con la colaboración del fiscal ad-hoc Sergio Muraca y la titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes Carmen Chena- y los acusados Raúl Oscar Marinone (59), Roberto Antonio Trolio (72), Jorge Díaz (52), Rosendo Lorente (67), Mirta Llera (66), Alfredo Héctor Rodríguez (87) y Oscar Ernesto Moreno (76). Todos ellos resultaron condenados además a penas de tres años de ejecución en suspenso, las costas del proceso, multas y la realización de tareas comunitarias.

Las maniobras para el lavado

“El dinero transferido a la República Argentina, más de 21 millones de dólares estadounidenses, provenía de la venta de cocaína en diversas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente la ciudad de Chicago, por parte del denominado ‘Cartel Carrillo Fuentes’ o ‘Cartel de Juárez’ de los Estados Unidos de México, que tuvo a algunos de sus miembros actuando en nuestro país como inversores”, reseñaron los jueces en la sentencia.

En la resolución, se señala que los fondos eran retirados por Nicolás Antonio Di Tullio (fallecido) de las oficinas de Mercado Abierto S.A. “ya sea en efectivo, cheques o por intermedio de otras transferencias, distribuyéndolos entre los demás integrantes de la asociación ilícita, para la constitución y compra de sociedades, inmuebles, maquinaria agrícola y rodados, como así también, para el desarrollo de la actividad agropecuaria, siempre bajo la apariencia de operaciones realizadas legalmente”. Di Tullio firmaba todos los recibos del M.A. Bank Ltd. como apoderado de la empresa Euro America Finance N.V. “La citada sociedad, constituida en Curazao, Antillas Holandesas, donde figuraba Di Tullio como director, era controlada por el Cartel de Juárez”, de acuerdo a la investigación.

Los modos de canalizar el dinero proveniente desde los Estados Unidos eran dos: por un lado, la adquisición de sociedades que tenían como finalidad la actividad agrícola -o vinculada con el rubro- y que gozaran de buen concepto comercial: fue el caso de El Estribo SA (adquirida el 2/8/1997); Estancias El Espejo SA (adquirida el 1/10/1997); Santa Venera SA (adquirida el 2/1/1998) y Petrolera Mar del Plata SA (adquirida el 20/1/1998). Por el otro, la constitución de sociedades con el mismo objeto, que fueron: Mirbet SA y Hotel Tourbillón SA (ambas creadas el 1/8/1997), y Estancia Rincón Grande SA y Agrosudeste SA (ambas creadas el 4/8/1997). Quedaban a nombre de los imputados, que en algunos casos figuraron en cargos directivos.

En ese sentido, el fiscal general Velasco explicó en el acta de acuerdo del juicio abreviado que se detectaron ocho transferencias por un total de casi cuatro millones de dólares; 18 por más de 7 millones y otras 44 por más de 20 millones, todas en 1997. Con ese dinero, “las empresas adquirieron casas y departamentos (que a su vez eran reformados o acondicionados con ese dinero), campos, maquinaria agrícola y vehículos, que eran registrados como parte de sus respectivos patrimonios”, detalló. Incluso, algunos bienes eran vendidos para adquirir otros “con el claro objetivo de dotarlos de aparente legalidad en cuanto al origen del dinero”.

La conveniencia del juicio abreviado

El fiscal general explicó en el acta de acuerdo las razones y conveniencia para acceder a la firma del juicio abreviado. El Ministerio Público Fiscal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos: como los principales responsables de la asociación ilícita están fallecidos -es el caso de sus organizadores Angel Salvia y Nicolás Antonio Di Tullio-, en la etapa oral debían ser juzgados quienes “detentaran los roles de menor relevancia, pero esenciales en algunas de las etapas en que se desarrolló esta empresa delictiva”. “Este panorama así presentado llevaría a realizar un juicio oral y público que asoma claramente extenso, con una enorme cantidad de testigos y la incorporación por lectura de un sinnúmero de piezas procesales y documentación”, evaluó Velasco.

“En tal contexto, con sujetos del proceso -algunos de ellos, de avanzada edad que implicaría, en caso de imponérseles condenas de efectivo cumplimiento, su ejecución en modo domiciliario-, cuya responsabilidad criminal se reduce a la calidad de participantes de la asociación ilícita hace que le pretensión punitiva de la privación de la libertad como sanción pierda realidad y lleve a perder a su vez el norte pragmático, que exclusivamente y en razón de lo hasta aquí expresado, en este caso pasa a ser la determinación judicial del hecho investigado, sus responsables y el decomiso en favor del Estado, de los bienes objeto o instrumento del delito en cuestión”, detalló el representante del MPF.

Por último, el fiscal agregó que no se hizo “modificación alguna sobre la calificación legal de los hechos respecto de la escogida en los respectivos requerimientos de elevación” presentados por su colega Gerardo Di Masi, quien intervino en la instrucción de la causa. Esas circunstancias conformaron “un cuadro por el que se ha tornado aceptable y oportuna la incursión en esta resolución alternativa”, concluyó.

Detalle de los bienes decomisados

La extensa nómina de los bienes decomisados está compuesta por el departamento del 2° piso y la cochera del inmueble ubicado en la Avenida Alvear al 1800 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el departamento del 7° piso y la cochera del inmueble de la calle 11 de Abril al 200 de la ciudad de Bahía Blanca; las parcelas 836- f y 1052 a nombre de Santa Venera S.A.; las parcelas 91-n, 91-a (fracción 1-b), 91-m, 91-r y 91-g que conforman el Establecimiento Agropecuario El Arbolito; las parcelas 1056-b, 1087-a y 1089-c que conforman el Establecimiento Agropecuario El Estribo; los lotes 1, 2, 3 y 10 que conforman el Campo Minitas, Totoras y Hornitos de la Provincia de San Juan y que se encuentran a nombre de Energía del Sudeste S.A.; el Folio Real Matrícula 16-01867 que conforma el Campo Minitas, Totoras y Hornitos de la Provincia de San Juan y que se encuentra a nombre de Petrolera Mar del Plata S.A.; los Folios Reales Matrículas 16-01912, 16-01913 y 16-01914 que conforman el Campo Minitas, Totoras y Hornitos de la Provincia de San Juan y que se encuentran a nombre de Pampa de Ansilta S.A.; el Folio Real Matrícula 16-01874 que conforma el Campo Minitas, Totoras y Hornitos de la Provincia de San Juan y que se encuentra a nombre de PMDP S.A.; las parcelas 798-n, 798-m (35,30%), 798-e y 798-w a nombre de Estancias El Espejo S.A.; los bienes muebles (equipos, maquinarias u otros elementos) que surjan de los inventarios de los inmuebles administrados; los bienes muebles que formaban parte de Estancia Rincón Grande; los vehículos Rover, modelo 620 GSDI, dos Land Rover -Defender 90 TDI Soft Top y Discovery TDI-, un Toyota Camry V6 XLE y una Hilux SW4 de la misma marca; el dinero correspondiente al producto de la Administración Judicial; el remanente de dinero que pudiera producirse por la subasta judicial de las parcelas 138-n y 55-d que conformaban la Estancia Rincón Grande, ambas a nombre de Autum Invest S.A, y los derechos y acciones que pudieren surgir para la parte compradora de los boletos de compraventa confeccionados respecto de las parcelas 798-x, 788- a, 780-a, 779-c, 779-b y 779-d del Partido de Coronel Dorrego de la Provincia de Buenos Aires.

Respecto de los departamentos ubicados en Recoleta y Bahía Blanca, el representante del Ministerio Público Fiscal sugirió que, “una vez efectivizado su decomiso y perfeccionado su dominio, se ceda su uso al Poder Judicial de la Nación y/o a la Procuración General de la Nación” para que “en la medida de las posibilidades, se promueva la instalación de dependencias judiciales especializadas en la sustanciación de procesos del tipo de delitos como el que aquí se ventila”. El tribunal dispuso que se “deberá proceder al decomiso y registración a la orden de la ‘Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición Ley N° 23.737’”.